La Directiva busca promover la participación de pequeños productores agropecuarios y de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) en los mercados de compras públicas de alimentos en Colombia. En línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la Ley 2046 de 2020, se establece que al menos el 30% del presupuesto de las entidades públicas debe destinarse a la adquisición de alimentos de estos productores locales. La directiva enfatiza la importancia de considerar el enfoque étnico y cultural, garantizando la inclusión de productos locales sin comprometer su calidad. Se instruye a las entidades a coordinar acciones, implementar mecanismos de pago y generar reportes trimestrales sobre la demanda de alimentos. Además, se busca fortalecer la comercialización y el acceso a mercados para los pequeños productores, promoviendo su desarrollo y contribuyendo al abastecimiento alimentario sostenible en el país.
El documento también resalta la importancia de la actividad forestal comercial en la captura de gases de efecto invernadero, la restauración de ecosistemas y la generación de empleo rural, alineándose con políticas que buscan contener la deforestación y aumentar las hectáreas de plantaciones forestales comerciales en el país. Se establece un listado de especies forestales que se beneficiarán del Certificado de Incentivo Forestal (CIF), en el marco de la Ley 139 de 1994 y el Decreto 1071 de 2015. Se considera que la explotación forestal y la reforestación comerciales son actividades agrícolas, y es competencia del Ministerio de Agricultura determinar qué especies son autóctonas o introducidas.
A pesar del potencial del sector agropecuario, que representa el 6% del PIB y genera más de 4 millones de empleos, persisten brechas significativas entre las áreas rurales y urbanas, con una alta incidencia de pobreza en las zonas rurales. Así lo establece este documento sometido a consideración del Conpes. El proyecto se alinea con los principios del Acuerdo de Paz y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, enfocándose en la transformación del campo colombiano y la mejora de la seguridad alimentaria. Se propone un enfoque inclusivo e integrado, apoyando tanto actividades agropecuarias como no agropecuarias, y promoviendo prácticas agroecológicas. La evaluación económica del proyecto es considerada robusta, lo que sugiere que la inversión en este ámbito es una decisión acertada para el desarrollo rural sostenible en el país.
Este proyecto de norma busca reconocer y proteger los derechos del campesinado, garantizando su relación con la tierra y su papel fundamental en la producción de alimentos para asegurar la soberanía alimentaria. El documento aborda la implementación de una política pública de Agroecología en Colombia. Se identifican varias razones para la necesidad de esta política, incluyendo las externalidades negativas de la agricultura convencional y la falta de apoyo estatal. La resolución busca fomentar la transición hacia modelos de producción sostenibles, ofreciendo incentivos y apoyos directos a jóvenes campesinos y productores agropecuarios. Además, se hace énfasis en la importancia de la educación rural y la investigación en agroecología. El documento también menciona la obligación del Estado de promover la agroecología, en línea con acuerdos previos y políticas nacionales, y resalta la necesidad de una reconversión hacia sistemas agroalimentarios sustentables que aborden desafíos sociales, económicos y ambientales actuales.
Mediante este proyecto de norma, la CAR presentó proyecto de acuerdo que establece metas de carga contaminante para la cuenca del Río Bogotá, aplicable entre 2025 y 2029. Este plan busca regular la contaminación mediante la fijación de parámetros como la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST). La CAR ha llevado a cabo jornadas de socialización para informar a los usuarios sobre el proceso y fomentar su participación. Además, se ha definido una línea base de carga contaminante, lo que permitirá un seguimiento efectivo de los avances. Los interesados tienen un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario para presentar comentarios. Con estas acciones, la CAR espera mejorar la calidad del agua y proteger los ecosistemas locales. Descargue los textos: Proyecto de norma / Anexo 1 /Anexo 2 /Anexo 3 /Anexo 4 /Anexo 5 /Anexo 6 /Anexo 7