El Ministerio de Trabajo expidió un proyecto de norma que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes mayores en instalaciones clasificadas, en el marco del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM). Basada en convenios internacionales de la OIT y leyes nacionales, la norma establece obligaciones para los responsables de estas instalaciones, incluyendo la adopción de un marco metodológico sistemático, la conformación de equipos investigadores y la elaboración de informes técnicos con planes de acción para prevenir sucesos similares. Además, se fija la participación de las Administradoras de Riesgos Laborales para asesoría y seguimiento. La resolución busca fortalecer la gestión de riesgos, protección de trabajadores y comunidades, e incluye plazos para remisión de informes y sanciones por incumplimiento, ampliando así la seguridad laboral en sectores con altos riesgos químicos.

El Ministerio de Trabajo de publicó un decreto que modifica artículos del Decreto 1072 de 2015 para introducir la consignación mensual anticipada del auxilio de cesantías y la mensualización del pago de intereses. Estas disposiciones, amparadas en la Ley 2466 de 2025, permiten a los empleadores realizar consignaciones mensuales del 8.33% sobre el salario más auxilio de transporte, y pagar intereses mensuales equivalentes al 1% del salario base, facilitando la formalización laboral y mejorando la trazabilidad de pagos. El mecanismo se efectuará exclusivamente a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), garantizando control y registro adecuados. La consolidación anual del auxilio de cesantías se mantiene y la modalidad de consignación anticipada es voluntaria, garantizando los derechos de los trabajadores. Esta reforma busca simplificar la gestión de obligaciones laborales y promover un mejor cumplimiento por parte de empleadores y administradoras de fondos.

El Ministerio del Trabajo busca crear el Programa de Empleo Nocturno (PEN), orientado a fomentar la formalización laboral en actividades económicas que operan entre las 7 p.m. y las 6 a.m. El programa busca articular acciones de formalización, formación y colocación de trabajadores mediante el Servicio Público de Empleo, garantizando derechos laborales sin modificar el régimen vigente. Se establece un esquema de gobernanza multinivel que respeta la autonomía territorial, priorizando sectores como hotelería, agricultura y transporte. Además, se habilita el acceso a créditos para microempresas que acrediten formalización y pago de seguridad social. El decreto prevé instrumentos técnicos, pilotos territoriales, y un sello de reconocimiento para empleadores que cumplan con estándares laborales y de seguridad.

El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional contra varios artículos del Decreto 1227 de 2022, norma que reglamenta aspectos del teletrabajo relacionados con el uso de equipos propios del trabajador, compensaciones por internet, energía y herramientas tecnológicas. El demandante alegaba que el Gobierno trasladó al teletrabajador obligaciones que, según la Ley 1221 de 2008, corresponden exclusivamente al empleador. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que, en esta etapa preliminar, no se evidencia una violación manifiesta de la ley ni un exceso en la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Para la corporación, el decreto no elimina las obligaciones patronales, sino que desarrolla mecanismos flexibles -como auxilios y compensaciones pactadas entre las partes- para hacer viable el teletrabajo en contextos tecnológicos cambiantes. Además, advirtió que suspender las normas podría generar vacíos regulatorios, afectar la seguridad jurídica y dificultar la continuidad de esta modalidad laboral.

El Ministerio de Trabajo propone reglamentar la Ley 2365 de 2024, enfocándose en establecer lineamientos claros para prevenir, atender, proteger y reparar a las víctimas de acoso sexual en contextos laborales y educativos. La norma garantiza el respeto a derechos fundamentales como igualdad, dignidad y no revictimización, e impone a empleadores públicos y privados la obligación de implementar protocolos efectivos de denuncia, investigación y sanción. El decreto destaca el rol de las Administradoras de Riesgos Laborales en prevención y apoyo psicológico, así como la coordinación con entidades judiciales y educativas para ambientes seguros. Se prevén campañas de sensibilización y un seguimiento constante para garantizar ambientes laborales y educativos libres de acoso sexual.