El Ministerio del Trabajo adoptó la Ruta Tipo de Reconversión Laboral para responder a las profundas transformaciones económicas, tecnológicas, sociales y ambientales que impactan a trabajadores y empleadores en Colombia. Esta herramienta busca promover la inclusión laboral y la empleabilidad mediante la formación, orientación y capacitación en nuevas habilidades, adaptándose a las dinámicas cambiantes del mercado. Además, establece mecanismos de coordinación entre entidades públicas y privadas para articular acciones coherentes, garantizar seguimiento, monitoreo y evaluación continua, y asegurar la efectividad de los procesos. Así, se protege el sustento de las personas y contribuye al desarrollo económico sostenible del país. La Ruta Tipo también incorpora principios de seguridad y salud en el trabajo, apoyando la transición justa y equitativa hacia nuevos sectores productivos, fortaleciendo la inserción laboral y el emprendimiento, en un marco normativo que involucra a todos los actores sociales y territoriales afectados.

La Corte Constitucional reconoció que, aunque existen muchas personas con discapacidad vinculadas como servidores públicos, persisten grandes brechas en su acceso y permanencia en el empleo. En un caso específico, una persona con discapacidad visual solicitó apoyo para desempeñar su cargo, pero la entidad responsable no tomó medidas para identificar ni implementar los ajustes razonables necesarios, vulnerando sus derechos a la igualdad y al trabajo. La Corte evidenció que las entidades desconocen cómo identificar barreras y determinar estos ajustes, por lo que ordenó a autoridades competentes elaborar lineamientos que faciliten este proceso y garanticen el derecho al trabajo con todas las garantías para las personas con discapacidad.

La Corte Constitucional amparó los derechos de una mujer que, tras superar todas las etapas de un proceso de selección laboral, fue excluida al descubrirse su embarazo en el examen ocupacional, sin motivo objetivo relacionado con su aptitud. La Sala declaró que esta exclusión constituye un acto discriminatorio que vulnera los derechos a la igualdad, trabajo, dignidad humana y autodeterminación reproductiva. Se resaltó que la discriminación contra mujeres embarazadas en procesos precontractuales está prohibida y que, ante la dificultad de probarla, los jueces deben aplicar un enfoque de género para superar barreras estructurales.

La Corte Constitucional recordó que ninguna trabajadora puede ser despedida durante el periodo de lactancia sin autorización previa del Ministerio de Trabajo, el cual puede extenderse hasta dos años tras el parto si se demuestra que la mujer continúa amamantando. Además, declaró que implementar salas de lactancia en los lugares de trabajo es esencial para garantizar el derecho al trabajo y la compatibilidad entre maternidad y labores, por lo que exhortó a los ministerios respectivos a establecer incentivos económicos y reglamentar estas salas, asegurando condiciones de privacidad, higiene y seguridad.

El proyecto de Decreto busca crear el Programa Nacional “Incluir para Trabajar” para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en Colombia, eliminando barreras y garantizando igualdad de oportunidades y trato digno. Basado en la Constitución y tratados internacionales, integra políticas de empleo, emprendimiento y ajustes razonables en entornos laborales. Incluye la creación de un Registro Nacional de Buscadores de Empleo con Discapacidad, incentivos para la contratación, programas de incubación y aceleración social, y seguimiento a procesos contractuales. Busca articular acciones de diferentes entidades para fortalecer la inclusión efectiva y sostenible de esta población en el mercado laboral.