La CREG publicó para consulta pública un proyecto que busca ajustar los plazos y el alcance de las medidas transitorias implementadas para el sector eléctrico. Esto surge a raíz de un reciente sismo que provocó la declaración de desastre nacional en varias regiones, impactando el recaudo de los comercializadores, y ante la necesidad de garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio energético frente a eventos extremos como el Fenómeno de El Niño. La propuesta modifica cuándo y cómo los agentes comercializadores pueden acogerse a los mecanismos de alivio de liquidez, que no condonan deudas, sino que las difieren. El objetivo es fortalecer la cadena de pagos y proteger el suministro de energía a los hogares colombianos.

Ante la inquietud sobre la estandarización y los tiempos para formalizar la verificación de recibos técnicos en nuevas conexiones, un proceso fundamental para el registro de fronteras comerciales, se solicitó a la CREG un pronunciamiento. La preocupación principal giraba en torno a si los formatos estandarizados por el ASIC y aprobados por el Comité Asesor de Comercialización debían seguir los mismos plazos de los requisitos normativos que buscan soportar. La Comisión ha determinado que tanto el formato de acta de recibo técnico definido en su circular como el formato establecido por el ASIC para el registro de fronteras comerciales son obligatorios y deben ser diligenciados al finalizar la visita de recibo técnico. Esto asegura coherencia en los procedimientos previos a la puesta en servicio de las conexiones.

La CREG precisó el alcance regulatorio de varias medidas operativas propuestas para atender las condiciones del sistema eléctrico en el Área Caribe. La Comisión explicó que la regulación vigente permite implementar conexiones o modificaciones operativas temporales en activos del Sistema Interconectado Nacional, siempre que se determine su viabilidad técnica, la temporalidad de la medida y las acciones necesarias para normalizar las condiciones del sistema. Asimismo, señaló que la evaluación de estas alternativas corresponde, según el caso, al CND, al CNO y a la UPME, mientras que la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los operadores de red está a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Frente al traslado temporal de transformadores de reserva, indicó que no se modifica su remuneración, pero deben adoptarse medidas para restablecer los criterios de seguridad y confiabilidad.

El Ministerio de Minas y Energía proyecta crear un Código de Seguridad integral para el Gas Licuado de Petróleo (GLP), respondiendo a la necesidad de salvaguardar la vida y la seguridad humana en el suministro de este combustible esencial. La iniciativa busca estandarizar y exigir requisitos técnicos rigurosos en toda la cadena de valor del GLP, desde las plantas de envasado y almacenamiento hasta los depósitos, expendios y tanques estacionarios en domicilios de usuarios. Esta medida se fundamenta en la responsabilidad estatal de asegurar servicios públicos eficientes y de calidad, controlando los riesgos de explosiones y conflagraciones. Así, se garantiza la protección ambiental y se consolidan las mejores prácticas de la industria, asegurando un suministro confiable y seguro para todos los colombianos. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios supervisará su cumplimiento.

Ante la inminente amenaza del Fenómeno de El Niño y otros riesgos operativos que comprometen el suministro eléctrico nacional, el Ministerio de Minas y Energía impulsa una reforma. La propuesta busca que las plantas térmicas, esenciales para la energía del país, puedan adquirir combustibles líquidos de múltiples distribuidores mayoristas. Esta flexibilización, que requiere verificación y autorización vía el Sistema de Información de Combustibles (SICOM), garantiza la continuidad de la generación eléctrica y la estabilidad del sistema, evitando desabastecimientos en momentos críticos y salvaguardando la confiabilidad energética de Colombia