El Gobierno, desde febrero de 2026, ha coordinado una hoja de ruta con 53 acciones para robustecer la confiabilidad del sistema energético del país. Presidida por el Ministerio de Minas y Energía y con la participación de entidades como la UPME, CREG y XM, la estrategia prioriza 11 medidas clave. Estas incluyen la optimización de mantenimientos, fomento de autogeneración, promoción de eficiencia energética, monitoreo de embalses y combustibles, aceleración de proyectos y estímulo a la energía limpia. El objetivo es garantizar el suministro de energía y gas a los colombianos, anticipándose a los desafíos que podría presentar el Fenómeno de El Niño.

La CREG explicó el contexto normativo aplicable a proyectos de autogeneración remota (AGR) y productor marginal remoto (PMR), especialmente en el contexto de plantas fotovoltaicas destinadas al autoconsumo. La Resolución CREG 101 099 de 2026 emerge como la norma central, delineando los esquemas para este tipo de generación. En cuanto a la conexión, la CREG precisa que las plantas de inyección con potencia declarada inferior a 5 MW se regirán por la Resolución CREG 174 de 2021, aunque su aplicación efectiva dependerá de la adecuación de procedimientos por parte de los operadores de red en un plazo de seis meses, periodo durante el cual aplicará transitoriamente la Resolución CREG 075 de 2021. Un punto crucial es la confirmación de que no existe un mecanismo de "net billing". Los usuarios asociados a AGR o PMR serán considerados no regulados, debiendo contratar su energía con un agente comercializador. La energía que el autogenerador entregue al sistema será pagada por el agente generador al valor CERE, siempre y cuando no supere el consumo, lo que, según la CREG, significa que no se generan excedentes. La implementación plena de la Resolución 101 099 de 2026, incluyendo sus complementos técnicos, se estima para los próximos seis meses.

Ante la divergencia en la interpretación de la capacidad de inversores para proyectos de generación distribuida, la CREG aclaró que, conforme a la Resolución CREG 174 de 2021, la capacidad instalada o nominal de un generador distribuido debe determinarse utilizando la potencia activa máxima que los inversores pueden entregar a la red, asumiendo un factor de potencia unitario. Esto significa que, si un fabricante especifica tanto una potencia nominal como una potencia máxima (a factor de potencia 1), prevalecerá la máxima para fines regulatorios. El objetivo es que los procedimientos de conexión y requisitos normativos se apliquen sobre la base de la capacidad más alta de entrega, brindando seguridad jurídica y uniformidad a los proyectos.

De acuerdo con un comunicado de la UPME, Colombia reportó en 74,19% su capacidad instalada en el Sistema Interconectado Nacional proveniente de fuentes limpias (hidráulica, solar y eólica), según la UPME. El país suma 4.654,31 MW en proyectos solares y eólicos, multiplicando por más de 20 veces la capacidad existente desde agosto de 2022 y superando la meta de 4 GW. Este logro posiciona a Colombia como el cuarto país de Sudamérica con mayor participación de energías renovables, según IRENA. La transición energética, impulsada por la UPME y la coordinación interinstitucional, no solo fortalece la confiabilidad del sistema y la seguridad energética, sino que también impulsa el desarrollo regional, reduce emisiones y atrae inversiones, consolidando una matriz eléctrica más competitiva y sostenible.

El Ministerio de Minas propone formalizar la Política Pública de Equidad de Género en el sector minero-energético. Esta iniciativa se sustenta en mandatos constitucionales que garantizan la igualdad, la no discriminación y la protección especial para mujeres y población LGBTIQ+, así como en leyes nacionales e instrumentos internacionales como la Convención CEDAW y los ODS de la Agenda 2030. El objetivo es asegurar la participación incidente de estos grupos en las decisiones del sector, promover condiciones laborales dignas, erradicar la violencia de género y fomentar la transformación productiva con equidad. La política, aplicable al Ministerio y sus entidades adscritas, guiará también a empresas vinculadas y contará con un plan de acción y seguimiento anual coordinado por la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales.