Estos son los decretos legislativos expedidos por el Gobierno en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el sismo de agosto de 2026, con medidas dirigidas a facilitar la atención, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas. Las disposiciones crean el Fondo Milagro para canalizar recursos de la emergencia; habilitan la solidaridad financiera entre entidades territoriales; flexibilizan temporalmente reglas sobre rentas y límites de gasto; permiten al DANE suministrar información estadística para identificar a la población afectada y adoptan medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo.

La CREG despejó dudas sobre la validación de trámites ambientales en proyectos con capacidad de transporte ya asignada. Precisa que las comunicaciones de autoridades ambientales que indican la no exigencia de licencias se consideran actos administrativos de trámite, válidos aunque incluyan salvedades sobre futuras necesidades. Los OR deben aceptar estos documentos siempre que acrediten la situación actual del proyecto. Además, se delimita que la verificación geoespacial de los proyectos es responsabilidad de la autoridad ambiental y no una exigencia adicional para los OR. La CREG subraya que la función del OR culmina con la revisión documental inicial, sin un seguimiento ambiental continuo posterior. La falta de soporte ambiental definitivo para la línea de conexión no es motivo de rechazo de la solicitud, sino un factor de evaluación. Finalmente, ante el rechazo por deficiencias ambientales, solo procede un recurso de reposición.

Ante los retos que enfrenta el país en materia de infraestructura de energía y gas, por fenómenos naturales como El Niño y recientes sismos que han afectado gravemente la prestación de servicios esenciales, el Ministerio de Minas y Energía creó un Comité Sectorial para la Seguridad Energética Nacional. Su objetivo es coordinar de forma urgente acciones preventivas y de respuesta frente a limitaciones técnicas, operacionales o de infraestructura, garantizando así la confiabilidad, continuidad y el oportuno abastecimiento de energía eléctrica y gas combustible para todos los colombianos, reemplazando un comité anterior que no tenía carácter operativo.

La CREG respondió a inquietudes sobre la determinación de precios en los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. La entidad explicó que su función es establecer las fórmulas tarifarias, guiándose por principios como la neutralidad y la solidaridad para asegurar que los costos reflejen la prestación eficiente del servicio. Las tarifas, tanto fijas como variables, agrupan los gastos de generación, transporte, distribución y comercialización, y pueden variar por factores como el costo de la energía o el gas, inversiones en infraestructura, desempeño operativo y fluctuaciones en indicadores económicos, además de incluir subsidios para estratos bajos y contribuciones para otros.

 La CREG clarificó los requisitos ambientales que los operadores de red pueden solicitar para la asignación de capacidad de transporte. La entidad subraya que solo son válidos los documentos expresamente establecidos en la normativa vigente, como licencias, permisos o comunicaciones oficiales de la autoridad ambiental que certifiquen su cumplimiento o la no necesidad de trámites. Se prohíbe exigir conceptos técnicos adicionales o documentos no previstos, reafirmando que las solicitudes deben ceñirse estrictamente a lo ya regulado para la admisión y continuación de los proyectos.