La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado analizó un conflicto de competencias para determinar qué autoridad debía adelantar el proceso disciplinario contra dos directoras designadas en un procedimiento de intervención bajo medida de toma de posesión por la Superintendencia de Sociedades. El estudio se centró en la naturaleza jurídica de las funciones ejercidas por las directoras, estableciendo si actuaban como particulares en ejercicio de funciones públicas o como verdaderas autoridades administrativas delegadas. A partir de ello, la Sala examinó el marco normativo del régimen de intervención, las facultades asignadas por la Superintendencia y su grado de autonomía en la gestión de la entidad intervenida. Asimismo, evaluó las reglas del Código General Disciplinario sobre sujetos disciplinables y competencia, diferenciando entre servidores públicos, particulares que ejercen funciones públicas y auxiliares de la administración. Con base en estos criterios, determinó que la competencia disciplinaria no depende únicamente de la entidad que designa, sino del tipo de función ejercida y del vínculo jurídico bajo el cual actúan.