Prensa Jurídica
Consideraciones de la CRA sobre la definición de “Costos Directos de Conexión” o “Cargos por Expansión del Sistema”
La Entidad precisó que los cargos por aporte de conexión constituyen el mecanismo a través del cual es posible que la persona prestadora recupere los costos involucrados en la conexión del usuario al servicio, para lo cual se tendrá en cuenta que la Ley 142 en el numeral 90.3 del artículo 90 frente al cargo por aportes de conexión al servicio, se refiere únicamente a los costos involucrados en la conexión del usuario al servicio, siendo igualmente como se mencionara para los prestadores del sector rural, una guía indicativa de posibles costos directos de conexión los descritos en el artículo 2.2.2. de la mencionada Resolución CRA 943 de 2021. La Entidad precisa que de acuerdo con el artículo 2.2.9. de la Resolución en comento, y en concordancia con el artículo 95 de la Ley 142 de 1994, a partir del 1° de enero de 1999 deberán eliminarse los cobros denominados “Derechos de Conexión”, “Derechos de Red”, “Cargos de Redes”, “Derechos de Suministro” o “Matrícula”, entre otros, por lo cual los cobros que realicen las personas prestadoras por conectar un inmueble o grupo de inmuebles sólo podrán ser denominados “Costos Directos de Conexión” o “Cargos por Expansión del Sistema”.
El artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015 establece los requisitos que se deben acreditar en las “convocatorias limitadas a MiPymes”. El primer elemento delimitador del ámbito de aplicación de esta norma deriva del primer inciso en donde se estable que la “Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia”. Esta redacción obedece a un cambio introducido por el Decreto 1860 de 2021, el cual solo permitía la limitación a MiPymes nacionales en los procedimientos de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos.
“En las empresas de servicios públicos oficiales el control fiscal es pleno toda vez que su capital es totalmente público, en cambio en las mixtas y privadas el ejercicio del control fiscal se debe realizar en el contexto de lo ordenado en el artículo 50 de la Ley 689 de 2001 y la Sentencia C-290 de 2002. Tal como lo indico la Corte Constitucional, el deber de contratar o no una auditoría externa de gestión y resultados permanente, es una obligación para todas las empresas de servicios públicos, salvo que se trate de una empresa de carácter oficial”.
De acuerdo con esta demanda, dirigida contra el artículo 169 del PND 2022-2026, cuyo texto puede descargarse en el siguiente link: D-15466, la recuperación de costos por servicios prestados por la Dirección Nacional de Derechos de Autor no constituye un medio idóneo para la promoción de la seguridad humana y la justicia social y no debieron haber sido aprobadas en el marco de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. De acuerdo con la trazabilidad de la Corte, esta demanda ya cuenta con el concepto de la DNDA. En concepto de esta Entidad, “quienes son los sujetos pasivos sobre los cuales recae el pago de la tasa de cobro por servicios de la DNDA, los productos objeto de cobro según el artículo 169 de la Ley 2294 de 2023 y el valor agregado que a través de la DNDA obtienen quienes contribuirían con el pago por los servicios prestados son, entre otros, los siguientes: certificado de Registro de Software; el Registro de Obras musicales y Registro de Obras literarias editadas, entre otras.
El artículo demandado es el 169 contenido en el PND 2022-2026, que crea la tasa para la recuperación de los costos de los servicios prestados por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, cuyos hechos generadores son: expedición de registros, certificados, inscripciones, modificaciones y cancelaciones de registros; expedición de paz y salvos; inscripción de dignatarios y control de legalidad de reformas estatutarias y de presupuesto; y otorgamiento de personería jurídica y autorización de funcionamiento. Para el demandante, la norma demandada “no proporciona información detallada sobre cómo se determinarán esos costos”. También consideró que el Gobierno no debe ser quien defina los requisitos para determinar los costos de la base gravable, sino son aspectos que deben estar determinados en la Ley estatutaria.
La Corte estableció el alcance del aparatado acusado, esto es, el (literal g) (parcial) del artículo 13 de la Ley 1915 de 2018), que regula los mecanismos de protección tecnológicos, en el sentido de autorizar a la DNDA a emitir un concepto sobre las excepciones a la responsabilidad civil por la elusión o la preparación a la elusión de las medidas tecnológicas, cuando la evidencia muestre que la existencia de dichos instrumentos ya no es necesaria u obstaculiza usos no infractores respecto a clases particulares de obras, interpretaciones, ejecuciones, fonogramas o emisiones. Para la Sala, la demanda irrespetó el requisito de claridad e incumplió el requisito de certeza porque el actor se fundó en una lectura descontextualizada y subjetiva del literal g) (parcial) del artículo 13 de la Ley 1915 de 2018.
El artículo demandado es el 169 contenido en el PND 2022-2026, que crea la tasa para la recuperación de los costos de los servicios prestados por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, cuyos hechos generadores son: expedición de registros, certificados, inscripciones, modificaciones y cancelaciones de registros; expedición de paz y salvos; inscripción de dignatarios y control de legalidad de reformas estatutarias y de presupuesto; y otorgamiento de personería jurídica y autorización de funcionamiento. Para el demandante, la norma demandada “no proporciona información detallada sobre cómo se determinarán esos costos”. También consideró que el Gobierno no debe ser quien defina los requisitos para determinar los costos de la base gravable, sino son aspectos que deben estar determinados en la Ley estatutaria.
La Corte estableció el alcance del aparatado acusado, esto es, el (literal g) (parcial) del artículo 13 de la Ley 1915 de 2018), que regula los mecanismos de protección tecnológicos, en el sentido de autorizar a la DNDA a emitir un concepto sobre las excepciones a la responsabilidad civil por la elusión o la preparación a la elusión de las medidas tecnológicas, cuando la evidencia muestre que la existencia de dichos instrumentos ya no es necesaria u obstaculiza usos no infractores respecto a clases particulares de obras, interpretaciones, ejecuciones, fonogramas o emisiones. Para la Sala, la demanda irrespetó el requisito de claridad e incumplió el requisito de certeza porque el actor se fundó en una lectura descontextualizada y subjetiva del literal g) (parcial) del artículo 13 de la Ley 1915 de 2018.