Sección 4 (1522)
El Consejo de Estado determinó que INVERSIONES GLP S.A.S ESP no está obligada a pagar la contribución especial liquidada para el año 2020 porque la base legal utilizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) fue la Resolución 20201000033335, anulado mediante sentencia del 26 de junio de 2024. Esta nulidad implica la inexistencia jurídica de la norma que fundamentaba el cobro, generando una situación jurídica no consolidada para la demandante. Por tanto, el tribunal ordenó que la contribución debe liquidarse con base en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, sin la modificación del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. Además, se concluyó que la aplicación retroactiva de la norma violaba los principios constitucionales de legalidad y certeza tributaria, por lo que se anuló la liquidación especial de la SSPD para 2020 y se rechazó la apelación de la entidad demandada.
El Consejo de Estado declaró nula la contribución adicional que Gas Natural Cundiboyacense debía pagar en 2020 porque el acto administrativo que la estableció vulneró el principio de irretroactividad tributaria. La Resolución SSPD-20201000033335 de 2020 fijó la base imponible y la contribución tomando como referencia hechos económicos del año 2020 basados en la Ley 1955 de 2019, que comenzó a regir ese mismo año. Esto contravino los artículos 338 y 363 de la Constitución Política, que prohíben que las normas tributarias afecten hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia. Además, la Sala señaló que la nulidad de actos generales tiene efectos inmediatos sobre situaciones jurídicas no consolidadas, por lo que la liquidación y cobro de la contribución para 2020 fue inaplicable y obligó a dejar sin efecto el pago de dicha suma por parte de Gas Natural.
El Consejo de Estado declaró que la Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena S.A. E.S.P. no adeuda la contribución especial del periodo 2020 porque anuló las liquidaciones oficiales basadas en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, cuya aplicación fue declarada inexequible para ese periodo, y ordenó aplicar la normativa previa, el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Al no estar obligada al pago bajo la normativa inaplicable, se reconoció el derecho a la devolución de los $423.067.000 pagados, ajustados con IPC y más los intereses legales, como restablecimiento del derecho conforme a los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
El Consejo de Estado precisó que los procedimientos tributarios y de cobro coactivo son asuntos independientes porque cumplen funciones procesales distintas dentro del sistema jurídico tributario. Mientras el procedimiento tributario está orientado a la determinación y liquidación del tributo, el cobro coactivo es un mecanismo posterior para exigir el pago ejecutivo de obligaciones ya determinadas. En este sentido, actos como la liquidación oficial y las resoluciones que ordenan mandamientos de pago o embargos son tratados separadamente en términos procesales y de control jurisdiccional. Aunque ambas etapas pueden ser demandadas conjuntamente, la Sala se ha pronunciado en inhibirse respecto a actos de simple ejecución (mandamientos de pago), pues estos no son susceptibles de control judicial directo. Este criterio busca respetar el debido proceso administrativo y garantizar que se agoten primero los recursos administrativos antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para debatir sobre la validez de la obligación tributaria y su ejecución. De este modo, se protege la seguridad jurídica y la eficiencia del sistema tributario, evitando que se mezclen cuestiones de fondo con actos preparatorios o meramente ejecutivos.
El Consejo de Estado estableció que Termoyopal Generación E.S.P. no debe pagar la contribución adicional por el año 2020 porque la liquidación se fundamentó en información retroactiva, vulnerando el principio de irretroactividad tributaria consagrado en la Constitución. La Sala evidenció que la liquidación tomó como base gastos y costos del año 2019 para calcular el tributo de 2020, lo cual contraviene el artículo 338 y 363 de la Carta Política. Asimismo, la nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020 —que reglamentaba la base gravable— generó que no existiera una obligación válida de pago. La Sala precisó también que las sentencias que anulan actos administrativos generales surten efectos inmediatos sobre situaciones jurídicas no consolidadas, como en este caso. Así, en ejercicio del principio de seguridad jurídica y conforme a precedentes, se confirmó la nulidad de la liquidación y se dispuso que Termoyopal no debía pagar suma alguna, aunque no se indemnizó por pagos previos, dada la falta de prueba de estos. Finalmente, la Sala consideró que la contribución adicional no es un tributo del periodo, por lo que el uso de información del año anterior para liquidarla implica retroactividad inadmisible.
El Consejo de Estado revocó la nulidad concedida a Veolia Aguas de Montería S.A. E.S.P. respecto a la contribución especial aplicada para la vigencia 2020. La decisión se fundamenta en que la liquidación oficial fue expedida conforme a la ley y disposiciones reglamentarias vigentes, especialmente la Ley 142 de 1994, el Decreto 1150 de 2020 y la Resolución CRA 930 de 2020. Además, se aplicaron los principios de certeza y equidad tributaria. El tribunal señaló que la actora no fundamentó cargos de nulidad relacionados con la violación de principios constitucionales, por lo que no procedió examinar esos aspectos. Por lo tanto, negó las pretensiones y condenó en costas a Veolia y ordenó que la CRA expida una nueva liquidación conforme a la normatividad aplicable, sin modificar el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.
El Consejo de Estado explicó que el alcance y la interpretación al régimen tributario ZOMAC, que otorga beneficios de progresividad en la tarifa del impuesto sobre la renta a nuevas sociedades que inicien actividades en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). Para acceder al beneficio, las sociedades deben cumplir requisitos legales y reglamentarios: I) estar legalmente constituidas e inscritas en la Cámara de Comercio del municipio ZOMAC; II) tener domicilio principal y desarrollar toda la actividad económica dentro de estas zonas, conforme a lo definido por el Decreto 1650 de 2017; y III) cumplir con montos mínimos de inversión y generación de empleo exigidos para cada periodo fiscal. Además, deben presentar certificación del revisor fiscal detallando inversión y empleo. El régimen establece tarifas reducidas progresivas desde 2017 hasta 2027, buscando incentivar el desarrollo económico y social en las ZOMAC, contribuyendo a cerrar brechas derivadas del conflicto armado.
El Consejo de Estado declaró la nulidad de los actos administrativos que liquidaron la contribución especial para 2020 a E2 Energía Eficiente S.A. E.S.P. porque el acto general que fundamentó esas liquidaciones fue anulado por vulnerar el principio de irretroactividad tributaria. Según el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, las normas tributarias deben aplicarse al período fiscal siguiente, no retroactivamente. La resolución demandada tomó como base hechos económicos del periodo en que la norma no debía ser aplicada retroactivamente, con lo que se afectó la seguridad jurídica y se desconoció que las disposiciones tributarias sobre elementos esenciales no pueden modificarse con retroactividad. Por ello, sin consolidarse la situación jurídica del contribuyente, los actos particulares basados en el acto anulado quedaron inválidos.
El Consejo de Estado ratificó la vigencia del Decreto Ley 2375 de 1974, que creó la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), al considerar que estas normas preconstitucionales permanecen vigentes bajo la Constitución de 1991, salvo que contradigan sus principios, lo cual no ocurre en este caso. Se establece que la base gravable presuntiva debe aplicarse cuando el empleador o contratista principal no pueda demostrar la cantidad mensual de trabajadores bajo su responsabilidad en la obra, liquidándose la contribución como un porcentaje del valor total de la obra o del contrato de mano de obra. Respecto a la responsabilidad en el pago, recae en el propietario en construcciones bajo administración delegada y en los contratistas principales con contratos a precio alzado o unitario; los contratistas independientes son los verdaderos empleadores responsables del FIC, y no existe solidaridad legal para imputar la obligación al contratante principal sin prueba de incumplimiento de los subcontratistas.
El Consejo de Estado analizó la naturaleza de los ingresos obtenidos por la sociedad Inversiones Oma Osio Mancini & CIA SCA por la venta de inmuebles poseídos por más de 30 años. Consideró que, conforme al artículo 300 del Estatuto Tributario (ET), las ganancias derivadas de la enajenación de bienes que han sido activos fijos por un término igual o superior a dos años constituyen ganancias ocasionales. La Sala determinó que la clave para calificar la naturaleza de la utilidad radica en si la venta se enmarca dentro del giro ordinario de los negocios de la sociedad. En este caso, acreditó que la actividad principal declarada por la demandante eran actividades inmobiliarias con bienes propios, por lo que las ventas constituían operaciones dentro de su giro habitual, calificando estos bienes como activos movibles cuya utilidad es renta ordinaria. Así, descartó la alegación de que los ingresos fueran ganancias ocasionales, dado que la tenencia prolongada no excluye la naturaleza comercial de las transacciones.
