Uno de los autos del Consejo de Estado contra Decreto el estableció criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental, ordena la acumulación de los procesos. Así mismo, mediante otro auto, se analiza el caso concreto y se centra en las solicitudes de coadyuvancia presentadas por diversas partes en el proceso de nulidad. Se establece que se admite la coadyuvancia desde la presentación de la demanda. Se aceptan algunas solicitudes, considerándolas válidas y alineadas con la normativa, mientras que otras, como las de la Federación Nacional de Productores de Carbón, son rechazadas por no cumplir con los requisitos pertinentes.

El Consejo de Estado ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca revocar la multa impuesta a SERVIASEO S.A. E.S.P. debido a la falta de sustento adecuado y la irregularidad en el proceso administrativo sancionador. En la sentencia, se determinó que la multa de $203.834.400 fue impuesta sin una fundamentación suficiente, ya que la empresa había reconocido la infracción en relación con la disposición de residuos sólidos en un área no autorizada del relleno sanitario "El Ojito" (Bloque 2, terraza 4). Sin embargo, el Consejo concluyó que la sanción debió balancear el principio de precaución, considerando que no se había concretado un daño ambiental, lo cual requirió un análisis más profundo sobre la capacidad sancionatoria.

El Consejo de Estado confirmó la nulidad del fallo de responsabilidad fiscal en un caso que involucraba un contrato entre la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (EDAT S.A. E.S.P.) y el Consorcio Aguas del Tolima, cuyo objeto era el mejoramiento del sistema de acueducto en el Municipio de Prado. La decisión se basó en la falta de respeto al debido proceso y derecho de contradicción, ya que los actos acusados fueron emitidos sin garantizar la doble instancia, como lo establece el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011. La investigación constató que el presunto detrimento patrimonial, ascendente a $414.300.235, superaba las cuantías de contratación permitidas y reveló irregularidades en la ejecución del contrato. Además, se determinó que no se habían considerado adecuadamente las instancias del proceso y los hechos que dieron origen a la imputación de responsabilidad, lo que llevó a la conclusión de que la decisión anterior carecía de validez jurídica.

El Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probadas las excepciones de caducidad de la acción e ineptitud de la demanda contra la Resolución núm. 463 de 2005 de la CAR, la cual delimitó el Área de Reserva Forestal "Bosque Oriental de Bogotá". La confirmación se basa en que la parte demandante no impugnó todos los actos administrativos previos que afectaron su situación, específicamente el Acuerdo 030 de 1976 y la Resolución núm. 076 de 1977, que definieron la reserva original. Al ser la Resolución de 2005 una modificación de actos anteriores y no un acto autónomo, se concluyó que la ausencia de impugnación respecto a estos actos previos constituyó ineptitud sustantiva de la demanda. Así, la Sala determinó que la acción había caducado y que no se cumplió con el requisito de agotar las vías administrativas previas, confirmando la inhibición del Tribunal para conocer del fondo del caso.

La decisión del Consejo de Estado se centra en la confirmación de las sanciones impuestas por la SSPD a Aguas de Manizales S.A. E.S.P. por incumplimiento del artículo 136 de la Ley 142 de 1994, que garantiza la continuidad del servicio de acueducto. La SSPD argumentó que la empresa había tenido fallas reiteradas en la prestación del servicio, lo que afectó a los usuarios en Manizales durante varios días en 2011. A pesar de los alegatos de Aguas de Manizales sobre el ejercicio de su derecho de defensa y la supuesta falta de notificación adecuada, el Consejo determinó que había una justificación suficiente para las sanciones, ya que las faltas eran graves, afectando el objeto social y la responsabilidad social de la empresa. El tribunal destacó que la SSPD cumplió con los requisitos de debido proceso al emitir las sanciones, las cuales fueron establecidas teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad y razonabilidad, reflejando las graves consecuencias de la falta de continuidad del servicio para la comunidad.

El Consejo de Estado confirmó la decisión que ordenó al Municipio de Vijes y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) garantizar la adecuada prestación de servicios públicos, especialmente el acceso al agua potable. Esta medida se tomó debido a la evidente vulneración de derechos colectivos de los habitantes de varias veredas, quienes enfrentan problemas significativos en la calidad y disponibilidad del agua. La sentencia enfatiza la responsabilidad del Municipio no solo de supervisar la gestión de los prestadores del servicio, sino también de intervenir directamente para mejorar la infraestructura existente. La decisión busca asegurar que todos los residentes tengan acceso a estos servicios en condiciones de igualdad y salubridad, destacando la importancia de cumplir con obligaciones legales en materia de derechos humanos y medioambiente. Así, se ordena la asignación de recursos necesarios para asegurar que la infraestructura de agua potable sea funcional y cumpla con los estándares requeridos para la salud pública.

El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad contra varias resoluciones de la CRA. Las resoluciones impugnadas son: la Nro. 962 de 28 de febrero de 2022, que modificó artículos sobre el Factor de Actualización de Costos; la CRA Nro. 964 de 30 de marzo de 2022, que adicionó un parágrafo relacionada con el Factor de Productividad; la CRA Nro. 966 de 31 de mayo de 2022, que incluye áreas de prestación del servicio; la CRA Nro. 985 de 30 de agosto de 2023, que adicionó parágrafos sobre el Factor de Productividad; y la CRA Nro. 994 de 30 de enero de 2024, referente a la adición de APS/NUSD. Estos actos administrativos son fundamentales para la regulación del servicio público de aseo en Colombia, especialmente en cuanto a la determinación de costos en este sector. La decisión del Consejo de Estado marca un paso en el análisis y posible reforma de las regulaciones existentes.

La Sala se refirió al criterio jurisprudencial establecido según el cual antes del Decreto 2667 de 2012, las facturas de cobro por la tasa retributiva por vertimientos no eran consideradas actos administrativos definitivos, lo que limitaba el control judicial a los actos que resolvían reclamaciones sobre dichas facturas. Sin embargo, tras la expedición del Decreto 2667, se determinó que las facturas sí son actos definitivos y pueden ser objeto de control judicial, así como de recursos de reposición y reclamaciones administrativas. Se aclaró que las facturas resultantes de un recurso de reposición son actos de ejecución sin posibilidad de impugnación. Además, el término para presentar una demanda tras una reclamación administrativa debe contarse desde la notificación del acto que resuelve dicha reclamación. En este contexto, el auto del 1º de febrero de 2024 se considera un precedente judicial relevante. La Sala revocó el rechazo de la demanda relacionada con las facturas emitidas por la Carder, ya que la parte actora presentó su solicitud dentro del plazo legal tras la notificación de la resolución que resolvió la reclamación.

El Consejo de Estado revocó la sentencia que declaró la ineptitud de la demanda contra Corantioquia al considerar que el acto administrativo, la Resolución 130 AN-4250 del 17 de enero de 2006, no es simplemente una medida preventiva, sino un acto administrativo definitivo que afecta los derechos del demandante. La resolución en cuestión impuso una suspensión preventiva a las actividades del Frigorífico Santa Helena, argumentando la necesidad de evitar un daño ambiental inminente. Sin embargo, el demandante alegó que Corantioquia carecía de competencia para emitir dicha resolución, ya que la empresa no estaba obligada a obtener permisos de emisiones atmosféricas ni licencia ambiental, según las características de su operación. El Consejo de Estado, al considerar que la resolución tiene implicaciones significativas y que el demandante no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, concluye que es procedente el control judicial sobre el acto administrativo, revocando así la decisión de ineptitud de la demanda y permitiendo su análisis en el fondo.

El Consejo de Estado declaró nulo el acto administrativo mediante el cual la Superintendencia de Puertos y Transporte fijó la tarifa de vigilancia para el año fiscal 2015, dado que esta Entidad carecía de competencia para establecer dicha tasa. La potestad para definir la tarifa recaía en la Comisión de Regulación de Transporte del Ministerio de Transporte, según la normativa vigente. La Superintendencia, al emitir la resolución, desconoció las disposiciones legales que regulan la aplicación de la legislación tributaria y la competencia asignada a otras entidades. Además, se evidenció que la Superintendencia no cumplió con los trámites necesarios establecidos en la ley, lo que configuró un vicio de nulidad. Aunque se argumentó que el Ministerio de Transporte había sido informado sobre el proyecto de acto administrativo, esto no fue suficiente para validar la competencia de la Superintendencia en este contexto. En consecuencia, la falta de cumplimiento de los requisitos legales y la incorrecta atribución de competencias llevaron a la nulidad de la resolución, protegiendo así el principio de legalidad en la administración pública.