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Para la Sala el actor tanto en su escrito de tutela, como en su recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 7 de octubre de 2011, reiteró los argumentos jurídicos, utilizando el amparo como una
Para la Sala, que la petición presentada por la parte de la Empresa URRÁ S.A E.S.P. que conllevó a la expedición de los actos demandados, pretendía el pronunciamiento de la parte demandada (MinAmbiente y otras) sobre la necesidad de elaborar y presentar el Diagnóstico
La Sala advirtió que, de conformidad con el numeral 11.5 del artículo 11 de la Ley 142, las entidades que presten servicios públicos están obligadas a proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica, para lo cual deben
La Sala concluyó que en el anotado permiso de tala de árboles se omitió: (I) fijar un plazo para adelantar las medidas de compensación, (II) determinar cuáles impactos ambientales podrían producirse concretamente, en los suelos, la fauna, la flora y el recurso hídrico, y (III)
Para la Sala, no asiste razón al a quo al exigir el agotamiento del requisito de conciliación prejudicial respecto de la ANH, habida cuenta de que no era esa la entidad a la que el ordenamiento jurídico le había asignado la competencia en la expedición de los actos que ahora
La Sala resalta que el acuerdo acusado (artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo N.º 012 de 31 de mayo de 2007, expedido por el concejo municipal de Restrepo (Meta), estableció que el hecho generador del impuesto de alumbrado público es el servicio de alumbrado público prestado
Las pecuniarias fueron impuestas como resultado de la investigación administrativa adelantada contra los actores (varios ingenios), por la violación de los artículos 1º de la Ley 155 y 47, numeral 1, del Decreto 2153, así como el numeral 16 del artículo 4º del Decreto 2153, al
En el presente caso, los actores promueven la acción constitucional en nombre propio obrando en calidad de ciudadanos, empresarios y emprendedores presuntamente afectados por las limitaciones fijadas en el artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1860 de 24 de diciembre de 2021,
La Sala declaró el municipio de Circasia, la Corporación Autónoma Regional del Quindío y las Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. ESP se encuentran vulnerando los derechos e intereses colectivos a la existencia del equilibrio ecológico y a la conservación del ecosistema,
“El desarrollo del proyecto de instalación de cable de fibra óptica submarino en el sector de Schooner Bight de la isla de San Andrés no atenta contra el derecho a la consulta previa, ni desconoció las disposiciones ambientales y urbanísticas aplicables, ni atentó contra la