En la providencia la Sala analiza los siguientes temas: Nulidad de actos administrativos que declararon el incumplimiento contractual y el siniestro de correcta inversión y buen manejo del anticipo. Desviación de poder. Buena fe negocial. Autonomía de la voluntad en los contratos estatales y la posibilidad de que el contratante prorrogue su plazo más allá de la vigencia fiscal para la que fue fijado su pago. Falsa motivación. Riesgos asumidos por los extremos contractuales de acuerdo con la matriz incluida en el pliego de condiciones. Fuerza mayor como eximente de responsabilidad por atraso en la ejecución contractual. Obligaciones de resultado en los contratos de compraventa. Infracción de las normas en que debían fundarse. El debido proceso en el procedimiento sancionatorio contractual. Nulidad del acto administrativo a través del que se liquidó unilateral un contrato. Cláusula penal pecuniaria y su cálculo. Intereses moratorios por omisión en el pago oportuno de una factura y su posibilidad de amortización con cargo al anticipo. Improcedencia de reconocer sobrecostos por desequilibrio económico cuando quien lo alega no cumplió sus obligaciones.

Para la Sala es claro que Enterritorio sí tiene competencia para llevar a cabo las obras dispuestas en el literal a) del numeral tercero de la decisión de primera instancia, la cual apela en esta acción de grupo, toda vez que, al momento de la construcción de los canales en la Vereda Yaberco del Municipio de Coyaima, era quien tenía a su cargo la gerencia del anotado proyecto; de ahí que debía velar por su correcta ejecución

 Para la Sala no resulta procedente declarar la nulidad del acto administrativo de la ANM que impuso una multa a los contratistas, cuando se observó que, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas del contrato, sus titulares estaban obligados a presentar el Formato Básico Minero anual de 2012. Decidió la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia del 12 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negó la anulación de los actos administrativos que impusieron una multa a los titulares de un contrato de concesión minera. El 27 de noviembre de 2012, se suscribió entre éstos y la ANM, el contrato de concesión minera cuyo objeto consistió en la ejecución, por parte de los concesionarios, de un proyecto de exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de materiales de construcción y demás minerales concesibles, para un área de 47,5522 ha, localizadas en los municipios de Alvarado e Ibagué, Tolima. En la cláusula 16 del contrato se pactaron las obligaciones a cargo del concesionario minero. En la interpretación de esta cláusula, necesariamente deben observarse las normas mineras imperativas que establecen la obligación de presentar los FBM para todos los titulares de contratos de concesión minera, durante todas sus etapas. Específicamente, en la propia cláusula 6.12 se estipuló una remisión expresa a la Resolución No. 181208 de 2006 -modificada por la Resolución 18 1602 de 2006-, que establece que todo titular minero debe cumplir con dicha prestación, sin distinción de la etapa en que se encuentre su proyecto minero.

La Sala confirmó decisión de primera instancia que negó las pretensiones del demandante, en consideración a la falta de pruebas de la aducida ocupación. La Alta Corte precisó que en el presente asunto no puede predicarse el padecimiento de un daño especial dado que, si bien es cierto que la ocupación se originó en una actividad lícita de la administración amparada en una situación de emergencia, y la parte actora tuvo que soportar por causa de aquella una carga superior a la que pesa sobre el común de las personas, también lo es que, la ejecución de las obras generó un correlativo y especial beneficio para su predio al mitigar el riesgo inminente de remoción en masa que presentaba.