Corte Constitucional (2126)
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La Corte declaró inexequible el artículo 261 de la ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Esta norma autorizaba a las sociedades por acciones simplificadas (SAS) a negociar sus valores en el mercado público, pero la Corte argumentó que esta disposición carecía de relación directa con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, lo que violaba el principio de unidad de materia.
Esta decisión se fundamentó en la necesidad de aclarar aspectos técnicos y de participación del pueblo Wayuu. Entre las medidas adoptadas, se destacan la inclusión del municipio de Maicao en el Comité Técnico de Información, la unificación de reglas para la aprobación de acuerdos, y la definición precisa del quorum y representación en el consejo del MESEPP. La Corte también solicitó un informe sobre el avance del Tablero de Control y el ajuste del protocolo para garantizar la representación efectiva del pueblo Wayuu. A pesar de las acciones implementadas, persiste la necesidad de fortalecer la participación del pueblo y asegurar una adecuada voz en la toma de decisiones, lo cual es fundamental para garantizar sus derechos en áreas como agua, alimentación y salud.
La Corte Constitucional, en su análisis sobre las minas de La Jagua y Calenturitas, estudió la complejidad del cierre minero y sus impactos en los entornos ambiental, social y económico. Aclara que el cierre de estas minas debe realizarse con un enfoque que priorice la restauración de los daños ocasionados, promoviendo un desarrollo sostenible en la región. Resalta la necesidad de garantizar la participación activa de las comunidades afectadas, asegurando que sus voces sean integradas en las decisiones que les conciernen. Esta participación debe ir más allá de un mero formalismo, estableciendo un diálogo significativo entre las autoridades, las empresas y las poblaciones locales. El fallo subraya que la falta de dicha participación podría perpetuar efectos negativos en el patrimonio cultural y natural de las comunidades, afectando su bienestar y derechos fundamentales. La Corte, al abordar estos aspectos, busca establecer un precedente en la gestión de cierres mineros en Colombia.
La Corte Constitucional de Colombia eligió a Jorge Enrique Ibáñez Najar como su nuevo presidente y a Paola Andrea Meneses Mosquera como vicepresidenta. Esta decisión fue tomada por la Sala Plena de la Corte y ambos dignatarios asumirán sus funciones a partir del 10 de febrero de 2025. Jorge Enrique Ibáñez es un abogado con especialización en Derecho Constitucional y ha destacado en investigación y consultoría en diversas áreas del derecho. Por su parte, Paola Andrea Meneses es abogada con experiencia en Derecho Público y Corporativo, y ha ocupado cargos relevantes en el sector público y privado, así como distinciones por sus contribuciones a la jurisprudencia constitucional en temas de diversidad e inclusión. La designación de los líderes está basada en la antigüedad de los magistrados en la corporación. Su elección marca un nuevo capítulo para la Corte, que jugará un papel fundamental en la protección de los derechos fundamentales durante su gestión.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por fraude a los procesados que inscribieron el "Manual de Registro del Estado Civil de las Personas" en el año 2006, utilizando un certificado de autoría que contenía un 36.1% de plagio de otra obra. Este acto fue considerado un intento de obtener ventajas indebidas en un concurso público para el nombramiento de notarios. En su análisis, la Corte evaluó la existencia de la conducta punible y la responsabilidad de los procesados, destacando que la acción penal no había prescrito al momento de la sentencia, ya que esta fue emitida el 22 de junio de 2018, antes de que venciera el plazo de prescripción. La Corte evidenció que los procesados presentaron un certificado de inscripción de derechos de autor que contenía un porcentaje significativo de plagio, lo que llevó a la Alta Corte a considerar que su conducta constituía fraude procesal. La inscripción de derechos de autor debe realizarse de manera ética y legal, respetando la originalidad de las obras y evitando la apropiación indebida de la creación de otros.
Texto de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró exequible la disposición que impone una sobretarifa del impuesto sobre la renta a las empresas dedicadas a la extracción de petróleo crudo, argumentando que esta medida se fundamenta en la capacidad contributiva de dichas empresas, la cual se ve afectada por la variación de los precios internacionales del crudo. La Corte destacó que la sobretarifa no se basa en la renta líquida de los contribuyentes, sino en un factor externo, lo que permite una mayor equidad tributaria. Además, se consideró que la medida es progresiva, ya que la tarifa adicional varía en función de los precios del petróleo, garantizando que las empresas contribuyan de manera justa en períodos de altos precios. La Corte también subrayó que esta imposición no constituye un nuevo impuesto, sino un ajuste a la tarifa existente, lo que refuerza la justicia fiscal y la capacidad económica de los obligados a pagar la sobretarifa.
Se trata del fallo de la Corte en el que estudió la demanda contra los incisos 2 y 6 del artículo 50, el artículo 51 y el inciso 1º del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013. El demandante argumentó que estas disposiciones vulneraban el derecho a la vivienda digna, al permitir que los acreedores con garantía real obtengan un pago preferente en procesos de reorganización y liquidación, lo que podría perjudicar a los promitentes compradores de vivienda. La Corte, sin embargo, se declaró inhibida para pronunciarse de fondo, argumentando que la demanda carecía de sustento suficiente y que el legislador no había desprotegido a los promitentes compradores. Se destacó que la seguridad de la tenencia no se limita al derecho de propiedad, y que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la vivienda digna, independientemente de la situación de propiedad de los individuos.
La Corte Constitucional analizó la expresión "en primer grado de consanguinidad" en el artículo 24 de la Ley 2121 de 2021, que limitaba la flexibilidad horaria para trabajadores remotos a aquellos que cuidaban a familiares directos. La Corte consideró que esta limitación generaba una exclusión injustificada de otros familiares que también requieren cuidado, como niños, personas con discapacidad y adultos mayores, sin importar el grado de parentesco. Se argumentó que el derecho al cuidado es fundamental y debe ser garantizado en el ámbito laboral, promoviendo la conciliación entre la vida personal y el trabajo. La Corte concluyó que la disposición incurrió en una omisión legislativa relativa, al no reconocer situaciones análogas de trabajadores con responsabilidades familiares. Por lo tanto, se declaró inexequible la expresión cuestionada, ampliando así el alcance de los derechos laborales en el contexto del cuidado familiar, sin restringirlo a la consanguinidad en primer grado.
La Corte consideró que la empresa Proenso S.A.S. efectivamente vulneró los derechos fundamentales del actor al habeas data y a la intimidad. Se determinó que la divulgación de su diagnóstico de VIH positivo en el certificado de aptitud laboral, sin su consentimiento, constituyó una violación a su derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. La Corte reafirmó la importancia de la confidencialidad en la información médica y la prohibición de discriminación hacia personas portadoras de VIH, destacando que dicha divulgación pudo haber influido en su exclusión del proceso de selección laboral, lo que también se relaciona con el derecho a no ser discriminado por su condición de salud.
La Corte Constitucional revisó una tutela presentada contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, que había negado la existencia de una relación laboral en un hotel. La accionante alegó que, tras la muerte de su jefe, renunció debido a insatisfacción con las condiciones laborales y la liquidación recibida, además de no estar afiliada al Sistema de Seguridad Social. La Corte encontró que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo al no aplicar correctamente el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece los elementos necesarios para considerar la existencia de un contrato laboral: la actividad personal del trabajador, la subordinación al empleador y el pago de un salario. La Corte subrayó que el trabajo es un derecho humano que requiere protección, y que los jueces deben declarar la existencia de una relación laboral cuando se verifiquen los elementos pertinentes, incluso si hay vacíos en los períodos alegados. La decisión del Tribunal fue anulada y se ordenó una nueva evaluación del caso.
