El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular relacionada con la presunta amenaza o vulneración de derechos colectivos derivada de la expedición, aplicación y proyección de diferentes actos administrativos vinculados con las reservas temporales de recursos naturales, las Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA y APPA), los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), las Zonas de Reserva Campesina y las determinantes de ordenamiento territorial. Según lo planteado en la demanda, estas actuaciones habrían generado superposición de instrumentos de ordenamiento, afectación de las competencias de las entidades territoriales, inseguridad jurídica y riesgos para la planificación y gestión ambiental, rural y urbana del territorio nacional. Los accionantes solicitan la protección de los derechos colectivos invocados y medidas frente a los actos administrativos cuestionados, así como la armonización de los instrumentos de ordenamiento territorial mediante la expedición de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

la Superintendencia de Sociedades abordó dos aspectos relacionados con la sostenibilidad empresarial. Frente al marco de derecho corporativo y transición justa, la entidad señala que la Circular Básica Jurídica 100-000020 de 2026 incorpora un marco de sostenibilidad empresarial vinculado con la transición verde y la descarbonización, tomando como referentes, entre otros, el Acuerdo de París, la Agenda 2030, las directrices de la OCDE, los estándares GRI e ISSB y la Taxonomía Verde de Colombia. Sobre la integración de factores ESG, indica que estos deben incorporarse en la estrategia y toma de decisiones, mediante la gestión de riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza, reportes de sostenibilidad y divulgación de información a los grupos de interés.

El Gobierno emitió directrices ante la expectativa de un fenómeno El Niño de intensidad histórica, que se prevé impactará con fuerza a Colombia hasta principios de 2027. Las proyecciones de centros internacionales confirman temperaturas oceánicas elevadas y la probabilidad de un evento muy fuerte, incluso superando registros desde 1950. Esta situación pone bajo considerable presión hídrica a los sistemas de suministro del país, con alertas de precipitaciones por debajo del promedio histórico en varias regiones, especialmente Andina y Caribe. El sector de agua y saneamiento básico enfrenta riesgos de desabastecimiento, afectación en la calidad del agua, daños en infraestructura por incendios forestales e impactos en la salud pública. Por ello, se insta a municipios, departamentos y prestadores de servicios a intensificar la preparación, identificando fuentes alternativas, optimizando el uso del recurso, fortaleciendo la capacidad operativa y activando mecanismos de seguimiento y alerta temprana para garantizar la continuidad del suministro. Se enfatiza la articulación de estas acciones con los planes de gestión del riesgo existentes y la coordinación interinstitucional para atender posibles emergencias.

El Ministerio de Ambiente busca renovar su esquema de publicación de información en el portal web institucional, con el propósito de garantizar un acceso más efectivo, claro y oportuno a los datos públicos, en línea con los principios de transparencia y el derecho ciudadano a la información. El nuevo sistema busca facilitar la consulta organizada y transparente de la información generada por la entidad, fortaleciendo la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Los usuarios podrán consultar las categorías, responsables y periodicidad de los contenidos en las secciones dispuestas en el sitio web y enviar sus sugerencias para contribuir a su mejora continua. Los comentarios se recibirán hasta el 30 de septiembre a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Secretaría Distrital de Ambiente consideró jurídicamente viable un proyecto de ley que busca otorgar mayor autonomía a los municipios para regular el uso de sus tierras rurales. Esta iniciativa pretende eliminar unas figuras de protección territorial previamente establecidas por una normativa nacional, que han generado inseguridad jurídica y afectan una vasta extensión del país, además de derechos de propiedad. Si bien se celebra el restablecimiento de la capacidad local, la Secretaría subraya la importancia de revisar cuidadosamente el procedimiento de derogación, considerando que las determinantes de ordenamiento territorial de alta jerarquía podrían requerir una ley orgánica, no una ordinaria, para su modificación.