El Gobierno expidió un conjunto de decretos para atender las consecuencias del sismo del 10 de agosto de 2026, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Las medidas abarcan incentivos tributarios para nuevas inversiones, ajustes a la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías, mecanismos de financiamiento y recuperación para los sectores financiero y empresarial, así como disposiciones especiales en contratación estatal. También se adoptaron medidas para acelerar la reconstrucción de vivienda e infraestructura, facilitar el arrendamiento y la propiedad horizontal, restablecer la conectividad y atender los efectos ambientales de la emergencia. En materia ambiental, se agilizan trámites para obras de estabilización y reconstrucción y la gestión de escombros.

La SDA estudió el proyecto de ley que busca integrar la hidrólisis alcalina y nuevas tecnologías como opciones para la disposición final de cadáveres, bajo el nombre de "Ley despedida ecológica". Este análisis, que profundiza en versiones previas de iniciativas similares pero con articulados revisados, resalta la competencia del Congreso y la relevancia de estas innovaciones. Si bien la SDA considera el proyecto jurídicamente conveniente, enfatiza la necesidad de refinar definiciones técnicas y concretar la articulación de planes de contingencia para el uso del agua en emergencias, a fin de evitar cargas administrativas excesivas. Las observaciones buscan asegurar claridad y operatividad, manteniendo el compromiso con la dignidad humana, la pluralidad religiosa y la sostenibilidad ambiental.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, se apartó de la firma de actos administrativos relacionados con la delimitación del Páramo de Santurbán para garantizar total transparencia e imparcialidad, buscando fortalecer la confianza ciudadana ante cualquier posible circunstancia personal. Esta medida no detiene el compromiso institucional del Ministerio, que reitera su prioridad en la protección integral de Santurbán, sus vitales aguas, rica biodiversidad y comunidades. El proceso avanza con estricto fundamento técnico y jurídico, asegurando la participación activa de los habitantes y bajo reglas claras, siempre enfocado en salvaguardar este ecosistema estratégico para Colombia.

El Ministerio de Agricultura propone crear reglamento técnico para la producción y comercialización de productos orgánicos de origen primario. Esta iniciativa busca consolidar el sector, asegurando la integridad desde la finca hasta el consumidor. Tras un análisis de impacto que recomendó renovar la normativa existente, la medida define los principios y reglas para la certificación, etiquetado y control de alimentos agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales, entre otros. Su objetivo es evitar el engaño al consumidor, promover sistemas de producción sostenibles que mejoren la salud del suelo y las personas, prohíban organismos genéticamente modificados y garanticen el bienestar animal. El reglamento establece que los productos deberán contar con certificación de organismos evaluadores acreditados, unificando criterios y fortaleciendo la confianza en la oferta orgánica nacional.

El DNP precisó que la normativa del Sistema General de Regalías no habilita la ejecución de estos recursos a través de fondos o esquemas de administración distintos de los previstos por el sistema. Señaló que las regalías deben destinarse a proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales, conforme al artículo 361 de la Constitución y la Ley 2056 de 2020. En materia ambiental, destacó que los proyectos financiados con regalías pueden contribuir al desarrollo ambiental territorial, pero deben sujetarse a las reglas del SGR, sin financiar gastos permanentes. Además, aclaró que los recursos deben gestionarse mediante el SPGR y que las entidades ejecutoras son responsables de su ejecución física y financiera.