El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la Resolución 040-RES2312-6660 de 2023, mediante la cual Corantioquia adoptó el Modelo de Esquema de Conectividades Ecosistémicas (MECE), al no advertir, en el estudio preliminar, una contradicción con las normas superiores invocadas. La Corporación consideró que el modelo busca establecer corredores para conectar ecosistemas y facilitar el flujo de la biodiversidad, en ejercicio de las competencias de las autoridades ambientales para participar en el ordenamiento territorial. Asimismo, precisó que la resolución no incorporó ni sustrajo áreas protegidas, por lo que no se configuró la competencia exclusiva del Consejo Directivo prevista en los artículos 27, literal g), y 31, numeral 16, de la Ley 99 de 1993. La legalidad definitiva del acto se resolverá en la sentencia, tras examinar las pruebas y los argumentos de las partes.
El Ministerio de Vivienda realizará cuatro talleres virtuales para socializar el Marco Regulatorio sobre Construcción Sostenible y fortalecer las capacidades técnicas de las entidades territoriales, la academia, las empresas de servicios públicos y el sector constructor, con el propósito de impulsar prácticas de construcción y urbanismo sostenibles que contribuyan al ahorro de agua y energía y a la reducción de los impactos ambientales. La entidad presentará los principales lineamientos de la Resolución 0194 de 2025, que sustituyó la Resolución 0549 de 2015 y estableció nuevos parámetros técnicos para la construcción sostenible, junto con las guías y los instrumentos de seguimiento y control previstos en la normativa y los incentivos para promover metas de ahorro más ambiciosas. La agenda comprende un componente normativo y técnico, que abordará la Guía de Construcción Sostenible, la zonificación climática, el Mecanismo de Seguimiento y Control, la homologación de sellos verdes y el diagrama de flujo de la norma; un componente práctico con ejercicios sobre porcentajes de ahorro, línea base e incentivos, y un componente local con casos representativos del territorio. La primera jornada se realizará el viernes 23 de octubre, de 8:00 a 11:00 a. m., con transmisión en directo por el canal de YouTube del Ministerio.
La ANLA citó a la comunidad cartagenera a dos espacios de participación ciudadana en torno a la modificación de la Licencia Ambiental del proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. La entidad analiza los posibles impactos ambientales de las obras y la operación de la terminal, junto con las medidas de manejo propuestas para prevenirlos, corregirlos o compensarlos, en el marco del proceso de evaluación de la solicitud que busca optimizar la operación del aeropuerto y viabilizar su modernización. La Reunión Informativa se realizará el 3 de noviembre de 2026 y la Audiencia Pública Ambiental el 30 del mismo mes, ambas en el Hotel Corales de Indias de Cartagena, con transmisión en vivo por el canal de YouTube de la ANLA. Los interesados en intervenir deberán inscribirse hasta el 24 de noviembre a las 5:00 p. m. a través del formulario disponible, la línea gratuita nacional, la línea de atención al ciudadano o el correo electrónico de la entidad. La ANLA también dispondrá transporte desde tres puntos de la ciudad para facilitar la asistencia.
La DIAN analizó si los servicios funerarios, de cremación, inhumación y exhumación de animales de compañía se encuentran cobijados por la exclusión del IVA prevista en el numeral 19 del artículo 476 del Estatuto Tributario. La entidad concluyó que tales servicios no están comprendidos en la exclusión, pues la definición legal de servicios funerarios del artículo 111 de la Ley 795 de 2003 se refiere a actividades vinculadas al fallecimiento de personas, como honras fúnebres, licencias de inhumación o cremación y trámites civiles y eclesiásticos, y recordó que las exclusiones del impuesto son de interpretación y aplicación restrictiva. La DIAN precisó que el reconocimiento de los animales como seres sintientes y sujetos de derecho no humanos, respaldado por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, no autoriza a asimilarlos plenamente a las personas para todos los efectos fiscales ni a extender por vía interpretativa o analógica un beneficio tributario a supuestos no previstos por el legislador, criterio ya aplicado en materias como seguros para mascotas o deducciones por dependientes.
La Corte Constitucional protegió los derechos a la autodeterminación, al gobierno propio, al consentimiento libre, previo e informado y a la integridad cultural y territorial del Resguardo Indígena Nonuya de Villazul, en una controversia con Oxigreen S.A.S. por un proyecto REDD+ para generar créditos de carbono. La Sala Sexta concluyó que, aunque hubo espacios de socialización, no se acreditó una participación efectiva de la comunidad en la elaboración del Documento de Diseño del Proyecto ni medidas suficientes para superar las asimetrías de información. También reconoció que retirar el consentimiento constituye una expresión legítima de la autonomía y el gobierno propio. Por ello, ordenó a la empresa reconocer formalmente esa decisión y reiteró la necesidad de fortalecer las garantías de participación, información, acompañamiento técnico independiente y consentimiento de los pueblos indígenas en estas iniciativas.