El Gobierno emitió directrices ante la expectativa de un fenómeno El Niño de intensidad histórica, que se prevé impactará con fuerza a Colombia hasta principios de 2027. Las proyecciones de centros internacionales confirman temperaturas oceánicas elevadas y la probabilidad de un evento muy fuerte, incluso superando registros desde 1950. Esta situación pone bajo considerable presión hídrica a los sistemas de suministro del país, con alertas de precipitaciones por debajo del promedio histórico en varias regiones, especialmente Andina y Caribe. El sector de agua y saneamiento básico enfrenta riesgos de desabastecimiento, afectación en la calidad del agua, daños en infraestructura por incendios forestales e impactos en la salud pública. Por ello, se insta a municipios, departamentos y prestadores de servicios a intensificar la preparación, identificando fuentes alternativas, optimizando el uso del recurso, fortaleciendo la capacidad operativa y activando mecanismos de seguimiento y alerta temprana para garantizar la continuidad del suministro. Se enfatiza la articulación de estas acciones con los planes de gestión del riesgo existentes y la coordinación interinstitucional para atender posibles emergencias.

El Ministerio de Ambiente busca renovar su esquema de publicación de información en el portal web institucional, con el propósito de garantizar un acceso más efectivo, claro y oportuno a los datos públicos, en línea con los principios de transparencia y el derecho ciudadano a la información. El nuevo sistema busca facilitar la consulta organizada y transparente de la información generada por la entidad, fortaleciendo la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Los usuarios podrán consultar las categorías, responsables y periodicidad de los contenidos en las secciones dispuestas en el sitio web y enviar sus sugerencias para contribuir a su mejora continua. Los comentarios se recibirán hasta el 30 de septiembre a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Secretaría Distrital de Ambiente consideró jurídicamente viable un proyecto de ley que busca otorgar mayor autonomía a los municipios para regular el uso de sus tierras rurales. Esta iniciativa pretende eliminar unas figuras de protección territorial previamente establecidas por una normativa nacional, que han generado inseguridad jurídica y afectan una vasta extensión del país, además de derechos de propiedad. Si bien se celebra el restablecimiento de la capacidad local, la Secretaría subraya la importancia de revisar cuidadosamente el procedimiento de derogación, considerando que las determinantes de ordenamiento territorial de alta jerarquía podrían requerir una ley orgánica, no una ordinaria, para su modificación.

El Ministerio de Ambiente clarificó aspectos sobre la participación de las autoridades ambientales regionales en los procesos de licenciamiento de grandes proyectos. Ante la inquietud sobre si el pronunciamiento requerido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debía abarcar la revisión completa de un Estudio de Impacto Ambiental o solo sus componentes de recursos naturales, el Ministerio precisa la función. Las autoridades regionales deberán emitir su concepto exclusivamente sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables asociados al proyecto. La evaluación integral del estudio y la decisión final sobre la licencia ambiental son responsabilidad única y total de la ANLA, como la entidad competente para estos casos.

 La CREG clarificó los requisitos ambientales que los operadores de red pueden solicitar para la asignación de capacidad de transporte. La entidad subraya que solo son válidos los documentos expresamente establecidos en la normativa vigente, como licencias, permisos o comunicaciones oficiales de la autoridad ambiental que certifiquen su cumplimiento o la no necesidad de trámites. Se prohíbe exigir conceptos técnicos adicionales o documentos no previstos, reafirmando que las solicitudes deben ceñirse estrictamente a lo ya regulado para la admisión y continuación de los proyectos.