El Ministerio de Ambiente reactivó la Comisión de Estudio para la Promoción y Desarrollo de los Mercados de Carbono en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, que dispuso la elaboración de un informe técnico sobre las condiciones y necesidades para la implementación de proyectos REDD+ en territorios indígenas. La comisión, cuyas actividades habían concluido en 2023, retomará sus funciones para elaborar este documento con la participación de la academia, la sociedad civil y representantes de los pueblos indígenas. El informe deberá identificar las necesidades específicas de estas comunidades, proponer ajustes a la política REDD+ y garantizar la protección de sus derechos a la libre determinación y a la consulta previa.

El Gobierno actualizó su Política Nacional del Agua (2026-2050) tras 16 años, una iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro y el Ministerio de Ambiente para enfrentar la crisis climática. La nueva hoja de ruta redefine el agua como un bien común y eje del ordenamiento territorial, pasando de una gestión exclusiva del recurso a una visión integral. Incorpora justicia hídrica y ambiental, protección de ecosistemas y sostenibilidad, con el fin de fortalecer la gobernanza y la resiliencia climática. Su formulación fue altamente participativa, involucrando a más de 1.131 personas de diversos sectores y comunidades, con un 54% de mujeres, consolidando un enfoque territorial y corresponsable para la gestión hídrica del país.

La CREG estableció un programa transitorio de incentivos monetarios al uso eficiente de energía eléctrica. La medida busca reducir la demanda regulada durante periodos de estrechez energética, baja hidrología o riesgo para la confiabilidad del suministro, previniendo así eventuales desabastecimientos. Dirigido a usuarios regulados del Sistema Interconectado Nacional, este esquema excepcional y autofinanciado aplicará cobros diferenciales a quienes superen una meta individual de consumo, distribuyendo posteriormente los recursos recaudados entre los usuarios que logren ahorros significativos. El programa iniciará el 15 de agosto de 2026, con una duración inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga si persisten las condiciones críticas. Los comercializadores deberán informar detalladamente a los usuarios sobre las metas y beneficios.

El CONPES aprobó la Política de Gobernanza Normativa; una iniciativa para mejorar sustancialmente la calidad de la producción legislativa y regulatoria en Colombia, tanto a nivel nacional como territorial. El objetivo principal es superar las debilidades actuales, como la limitada participación ciudadana, el uso insuficiente de análisis de impacto y la falta de coordinación interinstitucional. La política se articula en torno a cuatro ejes estratégicos: fortalecer la participación, transparencia e inclusión; consolidar el uso de evidencia, análisis prospectivo e innovación; mejorar la gobernanza y coordinación; e incrementar las capacidades institucionales. Con una inversión estimada de 10.674 millones de pesos entre 2026 y 2033, esta estrategia, liderada por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Justicia, busca asegurar que las normativas sean más pertinentes, legítimas y efectivas, respondiendo mejor a los desafíos del país y promoviendo el goce efectivo de derechos y el desarrollo productivo.

La CREG publicó un proyecto de resolución que busca establecer un Régimen de Protección de los Derechos y Deberes para los usuarios de energía eléctrica, gas combustible por redes y GLP por cilindros y tanques. Esta es la tercera entrega de la propuesta, la cual estará disponible por treinta días calendario para que agentes, usuarios y el público en general presenten sus observaciones. Los comentarios recibidos serán fundamentales para la elaboración de la versión final de la normativa, que busca garantizar transparencia, calidad y seguridad en la prestación de estos servicios esenciales, abordando desde la información previa al contrato hasta el mantenimiento de equipos, y busca dar respuesta a quejas recurrentes de los usuarios.