La SSPD aclaró que las empresas de aseo no necesitan permisos previos para operar, pero deben inscribirse en el RUPS dentro de los 10 días calendario tras iniciar actividades. Esta inscripción no constituye una autorización, sino una obligación informativa para el control de la Superservicios. Se reafirma la libre entrada al mercado y el derecho de los usuarios a elegir y desvincularse de su prestador, sin que la falta de registro en el RUPS del nuevo operador sea una causal válida para negar la terminación anticipada del contrato, siempre que se acredite la disponibilidad del nuevo prestador.

La SSPD hizo claridades sobre la certificación de viabilidad y disponibilidad de acueducto y alcantarillado en Planes de Urbanismo General (PUG). Subrayó que los prestadores están obligados a otorgarla para suelos legalmente habilitados, salvo que demuestren falta de capacidad ante la SSPD en 45 días. Esta certificación es técnica para conectar a redes matrices existentes, prohibiendo requisitos adicionales no normados. Los urbanizadores deben construir redes locales. La SSPD vigila el cumplimiento, sancionando negativas o demoras injustificadas, mientras usuarios pueden optar por autoabastecimiento si no perjudican a la comunidad, previa aprobación de la entidad.

La CRA hizo precisiones sobre el "concurso económico" en el servicio de aseo. Aclara que, aunque el concurso económico es una tasa contributiva nacional reglamentada por el Decreto 0007 de 2010 y debe ser pagado por los prestadores, solo el valor expresamente reconocido en la Resolución CRA 720 de 2015 puede trasladarse a la tarifa final de los usuarios. Cualquier monto que exceda este precio techo no será remunerado en la tarifa, constituyendo un cobro no autorizado. La CRA reitera que su competencia tarifaria es limitada y que las obligaciones adicionales derivadas de otras normas, si afectan la suficiencia financiera, deben gestionarse mediante solicitudes específicas de modificación tarifaria.

La CRA aclaró que no ha evaluado el impacto regulatorio del Descuento del Costo Máximo (DCM) sobre el Valor Base de Aprovechamiento (VBA) en Bogotá; argumentó que se trata de un asunto contractual ajeno a sus funciones específicas de estudio. Sin embargo, la CRA anunció una nueva propuesta tarifaria para el servicio de aseo. Esta buscará reconocer costos independientes para la actividad de aprovechamiento, incluyendo por primera vez a los recicladores de oficio y planteando costos diferenciales para sus organizaciones. Adicionalmente, la CRA asistirá a una mesa de trabajo interinstitucional sobre el tema, convocada por la Procuraduría.

La CGR precisó que un municipio sí puede invertir recursos públicos en un sistema de acueducto con procesos jurídicos en curso, siempre bajo su exclusiva responsabilidad. La CGR subrayó que la existencia de litigios no suspende la obligación municipal de garantizar servicios públicos esenciales. Sin embargo, exige evaluar la viabilidad de inversiones con estudios técnicos, jurídicos, financieros y presupuestales suficientes para evitar hallazgos fiscales. Los recursos del Sistema General de Participaciones y Regalías, de destinación específica, deben usarse eficientemente, y la CGR ejercerá control posterior sin coadministrar.