La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) precisó que los ajustes realizados por los prestadores dentro de los rangos establecidos para los componentes del Costo Medio de Administración (CMA) y del Costo Medio de Operación General (CMOG) no constituyen una modificación de la fórmula tarifaria. En consecuencia, estos valores pueden ser definidos directamente por las empresas de acueducto y alcantarillado, sin requerir autorización previa de la CRA. La entidad señaló que los prestadores deben determinar los valores dentro de los rangos regulatorios con base en la información y soportes que consideren pertinentes y son responsables de su adecuada sustentación. Asimismo, aclaró que estos rangos deben mantenerse actualizados mediante la indexación correspondiente.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) resolvió cinco problemas jurídicos relacionados con la facturación del servicio público de aseo y el uso de medios electrónicos. La entidad precisó que los convenios de facturación conjunta son de obligatorio cumplimiento y que la facturación directa solo procede cuando esta posibilidad está expresamente prevista en el acuerdo. Asimismo, señaló que la facturación electrónica a usuarios residenciales y no residenciales es válida, siempre que esté contemplada en el contrato de servicios públicos, exista consentimiento del receptor y se cumplan los requisitos legales de la factura. La CRA también indicó que el contrato debe definir la forma de entrega, física o electrónica, y que las modificaciones pueden someterse a su consideración para concepto de legalidad, aunque este no es obligatorio. Finalmente, aclaró que las alternativas de facturación que no perjudiquen a la comunidad deben ser justificadas por el prestador y evaluadas por la Superintendencia.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) precisó que las juntas directivas de los prestadores de acueducto y/o alcantarillado, aunque tienen competencia para aprobar las tarifas como entidades tarifarias locales, no pueden establecer una aplicación gradual o progresiva de los incrementos derivados de la metodología de la Resolución CRA 1032 de 2026. La CRA explicó que esta norma permite aplicar un valor inferior al costo económico de referencia máximo, siempre que se cumplan las condiciones regulatorias, pero no contempla la gradualidad. Por ello, los costos de referencia deben calcularse y aplicarse una sola vez a partir del 1 de julio de 2026 y permanecer invariables durante el período de inicio, salvo incrementos por variaciones acumuladas iguales o superiores al 3 % de los índices de precios.

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) precisó que, frente a los ajustes tarifarios del servicio público de aseo, la regulación no exige realizar audiencias presenciales ni virtuales con todos los usuarios o suscriptores. La audiencia prevista en la Resolución CRA 943 de 2021 está dirigida específicamente a los Vocales de Control de los Comités de Desarrollo y Control Social y puede realizarse de manera virtual, siempre que exista convocatoria previa y oportuna, acceso efectivo a los medios tecnológicos, participación de los interesados, explicación de los fundamentos técnicos, económicos y regulatorios y conservación de las evidencias. La CRA aclaró además que las nuevas tarifas deben comunicarse a los usuarios mediante publicación, por una sola vez, en un diario local o nacional.

La CRA precisó las categorías de prestadores: las Empresas de Servicios Públicos (E.S.P. como S.A.S.) y las organizaciones autorizadas o comunidades organizadas, estas últimas de naturaleza jurídica sin ánimo de lucro. Una S.A.S. no puede simplemente transitar a ser una organización autorizada por ser figuras legalmente distintas. No obstante, un prestador que opere en una zona rural, independientemente de su forma societaria (incluyendo S.A.S.), puede acogerse a los esquemas diferenciales rurales si cumple los requisitos territoriales. Para ello, debe formular un plan de gestión específico, reportarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) e incluir las condiciones diferenciales en sus contratos. Los beneficios tarifarios y flexibilidades documentales para "gestores comunitarios" están ligados a su constitución como organizaciones sin ánimo de lucro.