La CRA precisa que la prestación del servicio de acueducto en zonas rurales se clasifica como servicio público domiciliario (SPD) o como solución alternativa de aprovisionamiento de agua. Esta distinción es fundamental, ya que los SPD, incluidos los esquemas diferenciales, exigen jurídicamente el cobro de tarifas para recuperar costos y garantizar la sostenibilidad financiera, prohibiendo la gratuidad total y permanente, incluso con financiación pública. Aunque se permiten subsidios a usuarios de bajos ingresos, no implican una exoneración completa. Las soluciones alternativas, al no ser SPD, se rigen por reglas especiales de financiación mediante aportes o cuotas, sin sujeción a la regulación tarifaria de los servicios públicos domiciliarios.

La CRA explicó aspectos sobre las obligaciones de las empresas de servicios públicos domiciliarios frente al crecimiento urbano. La entidad aclaró que la inclusión de nuevas áreas de expansión en los planes municipales no obliga automáticamente a los prestadores a ampliar su cobertura o realizar inversiones. La expansión debe someterse a una rigurosa verificación técnica, regulatoria y financiera. Asimismo, las viabilidades de servicio expedidas previamente no representan una obligación incondicional, permitiendo su revisión o suspensión temporal si las condiciones técnicas o ambientales varían, para salvaguardar la continuidad y calidad del servicio existente. La CRA enfatiza que las decisiones deben basarse en principios de eficiencia, calidad, y sostenibilidad financiera, considerando planes maestros e inversiones.

La CRA aclaró quién debe asumir los costos de reparación en daños a las acometidas de agua, específicamente desde el contador hasta la tubería principal. La entidad enfatizó que la normativa diferencia responsabilidades. Precisa que los daños en la red interna del inmueble son responsabilidad del propietario, mientras que los de la red local corresponden al prestador. Para las acometidas, el costo de reparación o reposición recae en los suscriptores o usuarios una vez finalizado el periodo de garantía. La CRA sugiere revisar el Contrato de Condiciones Uniformes con el prestador para detalles específicos.

La CREG amplió el periodo para recibir comentarios sobre un proyecto de resolución que busca establecer el régimen de protección de los derechos y deberes de los usuarios de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes de tubería y GLP por cilindros y tanques. La decisión de extender el plazo hasta el 10 de octubre de 2026 invita a una participación más amplia de gobernadores, alcaldes, vocales de control, empresas, gremios y la ciudadanía en general, garantizando que todas las observaciones y sugerencias puedan ser consideradas en la construcción de esta normativa vital para la protección de los consumidores.

El Ministerio de Ambiente explicó cómo se pueden usar los recursos del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, especialmente en proyectos ambientales. Los departamentos, distritos y municipios deben destinar al menos el 1% de sus ingresos corrientes de libre destinación a la adquisición o mantenimiento de áreas estratégicas para la conservación hídrica que surten acueductos.