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Martes, 28 Noviembre 2023

Edición 1058 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

De acuerdo con la exposición de motivos de este proyecto de ley, la Ley 56 de 1981, norma vigente, que establece los procedimientos para la imposición de servidumbres eléctricas y de acueducto, dada su fecha de promulgación, adolece de ambigüedades e inconsistencias frente al régimen legal actual para la prestación de los servicios públicos, que deben ser subsanadas, teniendo en cuenta adicionalmente importantes modificaciones introducidas al ordenamiento jurídico colombiano, como la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, las cuales impactan directamente el procedimiento.

El régimen de competencia desleal se encuentra establecido en la Ley 256 de 19961, dentro de la cual se definen los actos que configuran competencia desleal. Por otra parte, el artículo 6 de la Ley 1340 de 2009 estableció que “La SIC conocerá en forma privativa de las investigaciones administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia, así como en relación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal. De otra parte, la Ley 142 de 19942 establece en su artículo 9 los derechos de los suscriptores y/o usuarios, dentro de los cuales se establece en derecho a la libre elección del prestador, lo cual es explicado por la Entidad a través de este concepto.

El título IV de la primera parte de la Ley 1437 de 2011, establece el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Por su parte, el artículo 98 de dicha Ley reviste a las entidades públicas señaladas en el artículo 104, de una prerrogativa de cobro coactivo que les permite recaudar las obligaciones a su favor cuando estas consten en documentos que presten merito ejecutivo. Por regla general, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se entiende por entidad pública: (I) todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; (II) las sociedades o empresas en las que estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y (III) los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%. En concordancia con lo anterior, conviene señalar que, en materia de servicios públicos domiciliarios, el inciso 3 del artículo 130 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, dispuso en relación con el cobro de las deudas derivadas de la prestación de dichos servicios.

Los prestadores de servicios públicos podrán incluir en sus facturas un cargo fijo que refleje los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el usuario, independientemente de que el servicio sea usado o no. Por esta razón, el cobro del cargo fijo no puede ser eliminado o reducido dentro de la formula tarifaria, salvo situaciones excepcionales que sean establecidas por la ley o la regulación. Lo anterior, fue ratificado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento básico, a través del artículo 2.1.2.1.6.1. de la Resolución CRA 943 de 2021. Es importante precisar que, el valor a cobrar por consumo es diferente del cargo fijo, por lo cual, de no existir consumos por parte del usuario, siempre que el instrumento de medida tenga un correcto funcionamiento y no exista otra causal ajena que genere consumos, como lo podría ser una fuga imperceptible, el consumo deberá ser de “0”, evento en el cual no habría lugar al cobro de valor alguno por concepto de consumo, mientras que sí existirán valores a pagar por otros conceptos el cargo fijo.

Las ESAL que prestan servicios públicos domiciliarios pueden ser entidades de diversa índole. Entre las diferentes clases se distinguen, entre otras, las que hacen parte de la economía solidaria, las organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, juntas administradoras, asociaciones de usuarios, entre otras. Aunque no existe una definición legal o listado de las organizaciones autorizadas, estas se pueden clasificar en organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, juntas administradoras, asociaciones de usuarios, pre-cooperativas, cooperativas y administraciones públicas cooperativas, entre otras.