El Consejo de Estado amparó el derecho al debido proceso de Inversiones Alzate Gómez & Cía. S.A.S., tras establecer que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios demoró injustificadamente la resolución del recurso de apelación presentado contra la decisión de EPM que negó el rompimiento de la solidaridad por las deudas de servicios públicos de un inmueble arrendado a Tecni Lavar S.A.S. La Sala explicó que la Superintendencia suspendió el trámite mientras verificaba la posible configuración del silencio administrativo positivo, actuación que concluyó el 1.º de septiembre de 2026. Desde esa fecha desapareció la causa de la suspensión y transcurrieron 23 días hábiles sin una decisión de fondo, superando el plazo legal de 15 días. Además, la entidad no informó las razones de la demora ni el término para resolver. Por ello, ordenó decidir la apelación dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.
La SSPD hizo precisiones sobre el régimen jurídico para la medición del consumo de agua. Detalla las obligaciones de los suscriptores respecto a la instalación y mantenimiento de medidores. Ante la negativa de un usuario para instalar el equipo, la entidad establece que los prestadores pueden instalarlo con cargo al usuario, determinar el consumo mediante promedios o aforos, y suspender o terminar el servicio. Se enfatiza la importancia de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del usuario en cada etapa.
La SSPD precisó el régimen de prestación del servicio de acueducto en áreas urbanas, donde operan múltiples proveedores. La entidad aborda la libertad de entrada, la libre competencia y el derecho de los usuarios a elegir su prestador. Destaca las Áreas de Servicio Exclusivo como la única excepción legal para limitar la competencia, requiriendo un proceso estricto. Asimismo, la SSPD examina las condiciones operativas y las competencias municipales, indicando que estos entes no pueden restringir la entrada de nuevos prestadores ni favorecer monopolios fuera del marco de las Áreas de Servicio Exclusivo constituidas legalmente.
La CRA precisó el marco normativo de la facturación conjunta para servicios de saneamiento básico. Examina la subsistencia de convenios tras la extinción de contratos operativos y la libre competencia, además de definir la legitimación para solicitar este mecanismo. La entidad subraya la naturaleza obligatoria de la facturación conjunta para aseo y alcantarillado, salvo justificaciones técnicas insalvables. Precisa las condiciones regulatorias esenciales para los acuerdos, incluyendo intercambio de información, recaudo, recuperación de cartera y distribución de costos, buscando prevenir prácticas anticompetitivas y el abuso de posición dominante
La CRA analizó el alcance de la Resolución CRA 1032 de 2026 frente a los anuncios de incrementos tarifarios y de reemplazo masivo de medidores en los servicios de acueducto y alcantarillado. La entidad examinó la Ley 142 de 1994, el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución CRA 943 de 2021, y concluyó que dicha resolución solo establece una metodología general para el cálculo de costos de referencia de prestadores con más de 5.000 suscriptores, sin fijar porcentajes de aumento ni autorizar subidas individuales, pues la tarifa la aprueba cada empresa como autoridad tarifaria local, previo estudio de costos y con deberes de publicidad. Asimismo, advirtió que la norma no regula el cambio de medidores, el cual procede únicamente por razones técnicas como fallas de medición o diámetro inadecuado, y no por la antigüedad del equipo.