La Corte Constitucional evaluó el cumplimiento del pago de recursos en el sistema de salud, evidenciando retrasos significativos en el pago aprobado por el Acuerdo de Punto Final, con menos del 50% pagado en el régimen contributivo y confusión en las cifras del régimen subsidiado. Se detectó una problemática estructural que genera una crisis generalizada en el sector. Además, el sistema de monitoreo del abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos sigue en desarrollo. La Corte declaró niveles de cumplimiento bajos y medios, y ordenó al Ministerio de Salud informar sobre avances para agilizar el flujo de recursos, especialmente entre EPS e IPS.

La Contraloría General de la República explica el marco legal para los procesos de liquidación y cobro coactivo de EPS en liquidación. Destaca que la jurisdicción coactiva es una función constitucional de la CGR, cuyo ejercicio es continuo e ininterrumpido. Cuando una EPS entra en liquidación, los recursos a transferir o restituir por el liquidador provienen principalmente de cotizaciones recaudadas y deudas de servicios, impuestos y garantías. La norma prioriza recursos del POS y YGA, protegiéndolos en el proceso. Además, se señala que, pese a que la EPS ya no tiene personería jurídica, es posible adelantar medidas cautelares y de cobro hasta el remate de bienes embargados, siguiendo procedimientos adecuados y con coordinación previa para garantizar la validez y la protección de los recursos públicos.

La Contraloría precisó que las entidades descentralizadas del orden territorial, como las E.S.E., están obligadas a pagar la cuota de fiscalización, aunque con exclusiones específicas, como recursos de crédito y activos titularizados. La base de cálculo incluye los ingresos ejecutados en el año anterior, excluyendo ciertos recursos. La jurisprudencia y normativa vigente ratifican que estas entidades, pese a su autonomía, son sujetas del control fiscal del Estado, en concurrencia con las contralorías territoriales. La cuota busca garantizar la vigilancia sobre la gestión de recursos públicos, asegurando transparencia, eficiencia y responsabilidad en la administración hospitalaria, así como en otras entidades públicas.

La Corte Constitucional declaró incumplimiento por parte del Ministerio de Salud en garantizar la oportunidad en la prestación de servicios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tras tres años, no se cumplieron las actividades para definir tiempos máximos de espera ni se implementó un registro completo sobre tiempos de atención de urgencias, citas especializadas, procedimientos y medicamentos. Las quejas ante la Supersalud por demoras en citas especializadas representan el 53,5% de las PQRD, y las tutelas para asignación de citas aumentaron entre 2021 y 2023. Además, los tiempos de atención en urgencias aumentaron desde 2020, reflejando un retroceso y falta de certeza en los datos reportados por el Ministerio, en comparación con el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS).

El ministerio de Salud modificó los artículos 3 y 4 de una resolución anterior para facilitar la transición hacia la adopción de la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión CIE-11, en el sistema de salud colombiano. La resolución reconoce la necesidad de ampliar el plazo de implementación debido a retos técnicos, tecnológicos y de capacitación en las instituciones de salud, proporcionando un período máximo de 36 meses para completar la transición.