La SIC no tiene a su cargo la vigilancia de operadoras de libranza per se, lo cual no resulta óbice para que, en virtud de sus facultades jurisdiccionales, se ocupe de adelantar procesos tendientes al restablecimiento de los derechos de los consumidores que acuden a las libranzas como mecanismos de descuento y pago de créditos. La SuperSociedades indicó que una operación de crédito que no cuente con la facilidad de pago que brinda el descuento directo al deudor que ofrece la libranza, puede contar con ésta a partir del momento en que el deudor suscriba en calidad de beneficiario el documento de libranza respectivo que permitirá que el acreedor, que debe tratarse de una entidad operadora de libranza, reciba del empleador o pagador el pago de la obligación en los términos definidos en el documento de libranza.

A diferencia de los demás tipos, en una SAS, los acuerdos entre accionistas pueden versar sobre cualquier asunto siempre que sea licito, que como fue explicado, conlleva a que los asociados realicen convenios, que se van desarrollando de manera paralela con los estatutos sociales, aunque sin ir en contravía con los mismos. La SuperSociedades indicó que en cuanto a los acuerdos de accionistas sobre la compra o venta de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la persona que habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito, deberán ser acatados por la compañía cuando hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad, siempre que su término no fuere superior a diez (10) años, prorrogables por voluntad unánime de sus suscriptores por períodos que no superen los diez (10) años.

Respecto a la reforma de los estatutos de las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, la SSPD indicó que, esta debe constar en escritura pública, teniendo como soporte el acta que contiene la decisión de reforma.  Las sociedades por acciones simplificadas SAS, se crean mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, no obstante, cuando los activos aportados a la sociedad sean bienes sujetos a escritura pública también debe realizarse la respectiva inscripción.

La SSPS indicó que, para la prestación del servicio público de gas combustible, los prestadores deberán dar cumplimiento al Régimen de Públicos conformado por la Ley 142 de 1994, la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional, la regulación comisiones de regulación y los demás actos administrativos expedidos por las distintas autoridades administrativas transversales del régimen, en consideración al sector. El listado de la normatividad actual que rige esta prestación de servicio lo puede consultar descargando el documento original publicado por la entidad.

MinTrabajo estableció los procesos y las condiciones a las que deberán sujetarse las entidades involucradas con ocasión de la aplicación del Incentivo a la Creación y Permanencia de Nuevos Empleos Formales (Programa Empleos para la Vida) de que trata el artículo 79 de la Ley 2294 de 2023, reglamentado en la Sección 10 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo. La Cuantía del Incentivo a la Creación y Permanencia de Nuevos Empleos Formales (Programa Empleos para la Vida y demás detalles los puede conocer consultando el documento original publicado por la entidad.

La norma tiene por objeto efectuar la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2024, una vez aplicada la metodología prevista en la Resolución 2509 de 2012, modificada por la Resolución 2249 de 2018. Para tal proceso, se tendrá en cuenta la Información presupuestal y financiera y la Información para identificar Empresas Sociales del Estado con condiciones de mercado especiales.

La gestión ambiental integral de los equipos y desechos que contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB), se encuentra determinada en la Resolución 222 de 2011, modificada mediante la Resolución 1741 de 2016. Ahora bien, la Resolución 222 de 2011, define el término “propietario de PCB” como cualquier persona natural o jurídica que tiene el derecho real de domino sobre los equipos, y determina que, para efectos de la resolución, quien tenga la posesión de los equipos será asimilado al propietario y le serán exigibles las obligaciones establecidas al propietario. Conforme a lo anterior, cuando se desconoce quién es el propietario del equipo o desechos que contienen o están contaminados con PCB, le son exigibles al poseedor del equipo las obligaciones establecidas al propietario del mismo, en los términos de la Resolución 222 de 2011.

MinAmbiente  indicó que el titular de la licencia ambiental debe consultar a la respectiva Autoridad Ambiental competente, esto es, la que otorgó instrumento para el proyecto minero, si la comercialización o la donación del material a la comunidad podría emplearse como opción para la disposición final del material vegetal sobrante, o cuál sería la alternativa autorizada para la disposición del referido material. Lo anterior obedece a que, cualquier actividad que se pretenda adelantar en desarrollo de un proyecto licenciado, deberá ser analizada técnica y jurídicamente con la autoridad ambiental competente del proyecto, por ser la responsable del instrumento ambiental.