El Consejo de Estado confirmó la sentencia que negó las pretensiones de reparación por la inundación del 90 % de Soplaviento, ocurrida tras la ruptura del Canal del Dique el 16 de diciembre de 2010, al concluir que el daño no era imputable a las entidades demandadas. La Sala analizó si el fenómeno de La Niña configuró fuerza mayor y si se acreditaban sus elementos de exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad, así como la existencia de una eventual omisión estatal en el mantenimiento y prevención del riesgo. Con base en los informes técnicos, estableció que las precipitaciones y los niveles del sistema hídrico superaron ampliamente los registros históricos y que no se probó que el deterioro del canal hubiera causado su ruptura. Además, precisó la diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito: para el Consejo de Estado, la primera es un hecho externo, imprevisible e irresistible que rompe la imputación, mientras el segundo proviene de la propia actividad y no constituye, por sí mismo, una causa extraña exonerativa.

La Superintendencia de Sociedades determinó la contribución obligatoria que las Cámaras de Comercio pagarán en 2026. Esta medida surge del mandato legal que asignó a la Superintendencia las funciones de inspección, vigilancia y control sobre estas entidades, y el cobro busca asegurar los recursos necesarios para operar dicho servicio administrativo. La tarifa para cada Cámara se calculará según su porcentaje de participación en el total de ingresos de operación de todas las cámaras, con un plazo de veinte días para su pago tras la emisión de la cuenta, y con la aplicación de intereses y procesos de cobro en caso de mora.

El Gobierno estableció nuevos precios de referencia para la gasolina motor corriente oxigenada y el ACPM mezclado con biocombustible en los municipios del departamento de Nariño, con vigencia desde el 2 de octubre de 2026. Esta decisión busca asegurar que los valores de venta al público en esta zona de frontera, incluyendo Pasto, sean coherentes con las actualizaciones en el ingreso al productor de los combustibles fósiles y biocombustibles, así como con los ajustes a los niveles de mezcla. La medida garantiza la continuidad de los beneficios económicos y tributarios específicos para la región, promoviendo la estabilidad y la adecuada prestación del servicio de distribución, siempre sin superar los precios máximos establecidos.

 El Ministerio de Minas estableció nuevas reglas para el cálculo del ingreso al productor de la gasolina y el diésel (ACPM) que se distribuyen en los municipios reconocidos como Zonas de Frontera. Esta actualización define porcentajes específicos para la participación del productor en la estructura de precios de estos combustibles, asegurando la aplicación de los beneficios económicos y tributarios diseñados para fomentar el desarrollo en estas regiones especiales del país. La medida, que solo aplica al componente fósil del combustible, busca armonizar las metodologías de cálculo con los recientes ajustes en los precios del productor a nivel nacional.

Los Ministerios de Hacienda y Minas establecieron el ingreso al productor del combustible fósil de la gasolina motor corriente, fijando un valor de $10.790,85 por galón, que entró en vigor el 2 de octubre de 2026. Esta determinación, enmarcada en las facultades legales para regular la cadena de distribución de combustibles y tras ajustes previos en la estructura de precios, busca reconocer los costos de oportunidad en la distribución nacional, integrar las recientes modificaciones normativas y garantizar la prestación continua del servicio público de suministro de gasolina en todo el país

El Ministerio de Minas puso en marcha un plan para eliminar progresivamente el uso de plásticos de un solo uso en todas sus operaciones institucionales. Dirigida a servidores públicos, contratistas y proveedores, esta circular responde al llamado nacional para mitigar el impacto ambiental de estos materiales, fortaleciendo el compromiso con la sostenibilidad. La estrategia implica fomentar prácticas de consumo responsable, priorizar la sustitución por alternativas reutilizables y reciclables en eventos y compras, e instar a los proveedores a adoptar modelos de economía circular. La medida busca una transición hacia hábitos institucionales más ecológicos y un impacto ambiental minimizado en sus sedes y actividades

La Dirección General Marítima (DIMAR), del Ministerio de Defensa, propone modificar la regulación sobre la catalogación de las empresas de servicios marítimos y el procedimiento de inspección para adecuarla a las necesidades actuales del sector y fortalecer las funciones de control y vigilancia. El proyecto reorganiza las actividades en cinco grupos: suministros y servicios al sector marítimo, apoyo al transporte marítimo, recreación y deportes náuticos, infraestructura en el mar e industria naval. Además, establece inspecciones iniciales, de renovación, bienales de control y extraordinarias, para verificar instalaciones, personal, equipos y documentación. Las licencias de explotación comercial tendrán una vigencia de cinco años y los nuevos requisitos aplicarán a nuevas solicitudes, renovaciones, modificaciones o ampliaciones.

El Ministerio de Ambiente lanzó una convocatoria a través del Fondo de Compensación Ambiental, disponiendo $112.883 millones. La convocatoria, abierta hasta el 3 de noviembre de 2026, está dirigida a 15 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. Esta iniciativa busca inyectar recursos en proyectos estratégicos para la protección del agua, la conservación de ecosistemas y la adaptación al cambio climático, abarcando las vigencias 2027 y 2028. Quince Corporaciones Autónomas Regionales, incluyendo ocho de menores ingresos priorizadas para 2027, podrán presentar hasta dos propuestas que impulsen la Agenda ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades) y el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de fortalecer la sostenibilidad territorial y la bioeconomía. El Ministerio ofrecerá acompañamiento técnico para asegurar el impacto de cada proyecto.