La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) precisó que la metodología tarifaria del servicio público de aseo en municipios con más de 5.000 suscriptores depende de la delimitación del Área de Prestación del Servicio (APS) y de las características de la zona rural. Explicó que la metodología prevista para grandes prestadores puede extenderse a las zonas rurales cuando estas hacen parte del APS, decisión que corresponde al prestador, mientras que los centros poblados rurales no incorporados al APS pueden regirse por la metodología aplicable a municipios de hasta 5.000 suscriptores y las áreas rurales dispersas quedan sujetas al régimen de libertad vigilada para determinadas actividades. Asimismo, aclaró que el costo de limpieza urbana (CLUS) no puede cobrarse a los suscriptores rurales, salvo por la instalación y mantenimiento de cestas públicas ubicadas en estas zonas.

Colombia Compra Eficiente precisó el alcance de la causal de rechazo prevista en el literal F del numeral 1.15 de los Documentos Tipo para los concursos de méritos destinados a contratar la interventoría de obras públicas de infraestructura de transporte (versión 3). La Agencia explicó que esta causal busca garantizar la coherencia entre la información suministrada por los proponentes y los requisitos exigidos en el proceso de selección, por lo que procede el rechazo cuando la oferta presenta inconsistencias, omisiones o información que impide verificar el cumplimiento de las condiciones habilitantes o de evaluación. Asimismo, aclaró que la aplicación de esta causal debe sujetarse a los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva y debido proceso, evitando interpretaciones extensivas o decisiones arbitrarias por parte de las entidades estatales.

La Contraloría General de la República emitió un concepto jurídico en el que responde seis interrogantes sobre la aplicación de los principios de desarrollo sostenible y valoración de costos ambientales en el control fiscal. La Entidad precisó que estos principios tienen fundamento en el artículo 267 de la Constitución y orientan la vigilancia de la gestión fiscal; explicó el contenido, alcance y actividades del procedimiento adoptado mediante la Resolución Ejecutiva 0132 de 2024 para verificar su aplicación en auditorías; aclaró que dicho procedimiento también debe ser utilizado por las Gerencias Departamentales Colegiadas; detalló que la Guía de Instrumentos Ambientales de la Resolución 0133 de 2024 orienta la revisión de licencias, permisos y concesiones ambientales y también aplica a esas gerencias; y señaló que las normas internacionales ISSAI buscan fortalecer la calidad, transparencia y credibilidad de las auditorías del sector público.

El Consejo de Estado analizó el alcance del incumplimiento injustificado de la obligación de suscribir un contrato estatal a partir del caso de un proponente al que el INVÍAS adjudicó un contrato para operar el muelle La Esmeralda (Puerto Asís), pero que no aportó la documentación necesaria para perfeccionarlo pese a múltiples requerimientos. La entidad declaró el siniestro de la garantía de seriedad de la oferta, hizo efectiva la póliza y le impuso una inhabilidad de cinco años. En la sentencia, la Corporación precisó que la garantía de seriedad protege el interés público y tiene una naturaleza dual: sancionatoria e indemnizatoria, por lo que su efectividad exige un procedimiento administrativo previo que respete las garantías mínimas del debido proceso. También reiteró que no toda irregularidad procedimental invalida un acto administrativo, sino solo aquellas que afectan la decisión o restringen el derecho de defensa, y aclaró que la excepción de inconstitucionalidad únicamente procede para inaplicar una norma cuando su aplicación en el caso concreto vulnera de forma evidente la Constitución, sin sustituir los mecanismos ordinarios de control judicial.

Prensa Jurídica recopiló el listado de los proyectos de ley radicados para la legislatura 2026-2027, con corte al 24 de julio, que reúne 98 iniciativas presentadas desde el 20 de julio: 76 en el Senado y 22 en la Cámara de Representantes. El consolidado permite identificar las principales propuestas que iniciarán su trámite en el Congreso, entre ellas varias de interés para los sectores de minas, energía y ambiente, como los proyectos sobre prohibición del fracking, competencia en el mercado de energía eléctrica, eficiencia tarifaria en la distribución de energía, transición hacia una movilidad sostenible y regulación del greenwashing o lavado verde de imagen, además de otras iniciativas con impacto en la política ambiental y energética del país.

El Ministerio del Trabajo proyecta actualizar y modernizar el procedimiento de convocatoria e integración de los Tribunales de Arbitramento Obligatorio en conflictos laborales. Esta iniciativa, enmarcada en la Constitución y convenios internacionales de la OIT, busca garantizar el derecho a la negociación colectiva y el acceso a la justicia, haciendo los trámites más eficaces y ágiles. Se enfatiza la no aplicación de la Ley 1563 de 2012 al arbitraje laboral y se fomenta el uso de plataformas tecnológicas y virtuales para las solicitudes. El proyecto detalla los requisitos documentales para sindicatos y empleadores, define la renuencia de las partes en la designación de árbitros y establece topes para los honorarios de los árbitros y secretarios, con provisiones claras para casos de anulación de laudos. El objetivo es preservar la paz laboral y la pronta solución de disputas colectivas.

 Los ministerios de Minas y Ambiente, junto con la Agencia Nacional de Minería buscan adoptar la actualización de las Guías Minero-Ambientales.  Esta iniciativa crucial, que incluye documentos para exploración, explotación, beneficio, transformación y una nueva guía para la formalización, surge en respuesta a un fallo del Consejo de Estado que exigió la adecuación de la normativa. Su propósito es estandarizar la gestión técnica, ambiental, social y de gobernanza en todas las actividades mineras del país, garantizando el desarrollo sostenible de los recursos. Las guías son de cumplimiento obligatorio para operadores y autoridades, con un período de transición de seis meses, y derogan la resolución anterior de 2002, marcando un avance significativo en la regulación del sector.

El Ministerio de Minas publicó los lineamientos temporales para acelerar la articulación de proyectos de generación de energía eléctrica. La iniciativa busca promover la transición energética, la expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y priorizar proyectos con potencial restaurativo, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además de aquellos con carácter social. Se establecen condiciones especiales para flexibilizar la puesta en operación de proyectos afectados por atrasos en la infraestructura de transmisión y se impulsa un esquema de garantías adaptable para iniciativas de reparación. Esta medida, que mandata a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la definición de reglas específicas, busca asegurar un servicio eléctrico eficiente, continuo y equitativo, contribuyendo simultáneamente a los objetivos de paz y el desarrollo sostenible del país.