La asignación de surcos ferroviarios en la Red Férrea Nacional requiere que los operadores obtengan primero la habilitación y el permiso de operación emitidos por la autoridad competente para prestar el servicio ferroviario público. El trámite inicia con la solicitud de compatibilidad exitosa, la cual debe incluir un Documento de Validación emitido por un organismo especializado que certifique la compatibilidad técnica del material rodante con la infraestructura ferroviaria. Para tramos no concesionados, las disposiciones son exigibles tres años después de la entrada en vigor, con un plazo adicional de un año para presentar la solicitud de asignación.

El proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda modifica el parágrafo 2 del artículo 1.6.1.2.5. del Decreto 1625 de 2016 para ampliar la información del RUT que puede ser compartida para el ejercicio de funciones públicas. Su objetivo es garantizar el principio de máxima publicidad según la Ley 1712 de 2014, superando la restricción previa que limitaba la información compartida a identificación, ubicación y clasificación, al integrar los dos supuestos del artículo 63 del Decreto Ley 019 de 2012. Así, se permite compartir, además, las responsabilidades tributarias (excepto la del impuesto al patrimonio) entre entidades públicas y particulares que ejerzan funciones públicas, siempre bajo condiciones, reserva y cumplimiento de requisitos para el manejo, uso y salvaguarda de la información, facilitando la transparencia y eficacia administrativa.

Tiene como objetivo facilitar el financiamiento de proyectos de emprendimiento y generación de empleo en municipios afectados por la disminución en la explotación de recursos naturales no renovables, promoviendo la diversificación económica y la ocupación progresiva de la mano de obra local en actividades distintas a la minería y extracción. Además, establece las líneas de inversión prioritarias, procedimientos para la viabilización, priorización y aprobación de proyectos, y las entidades responsables del proceso, contribuyendo al desarrollo sostenible y competitivo de estas regiones.

El proyecto de acuerdo modifica el artículo 5.2.1. del Acuerdo Único del SGR para adoptar la metodología de convocatorias públicas y competitivas en la distribución y asignación del 30% de los rendimientos financieros del SGR durante el bienio 2025-2026. Esta metodología, impulsada busca promover la participación de municipios donde se exploten recursos naturales no renovables y en zonas portuarias, evaluando proyectos según criterios de impacto social, fortalezas institucionales y necesidades básicas insatisfechas.

Su objetivo es el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, vial, educativa, ambiental, agrícola, pesquera y de servicios públicos. Se definen requisitos habilitantes, criterios de selección basados en aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, la asignación clara de riesgos contractuales, y límites en modificaciones y remuneración. El decreto también establece la formación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y mecanismos de seguimiento comunitario para garantizar transparencia y participación ciudadana en la ejecución de las AIPP. Además, estipula que la remuneración en los proyectos no podrá superar el 50 % del aporte público, asegurando la planificación, equidad y proporcionalidad en su asignación.

El Informe Final del Estudio de Unidades Constructivas de la Actividad de Transmisión de Energía Eléctrica, publicado por la CREG, presenta una consultoría contratada a ISES Soluciones Especializadas para identificar nuevas tecnologías que optimizan el sistema de transmisión. El estudio incluye la metodología para la identificación y valoración de nuevas unidades constructivas (UC), así como la actualización de las existentes y la propuesta para su actualización periódica. Además, se entregan archivos con los valores resultantes para cada UC, preservando la confidencialidad de la información. Este análisis servirá como insumo para futuras metodologías de remuneración en transmisión, sin implicar su adopción inmediata o total.

La ANM modificó la Resolución 759 de 2024 para optimizar la implementación de la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM). Esta norma ajusta los plazos y etapas en que se vuelve obligatorio el registro de transacciones de comercialización de minerales en la PTM, estableciendo un calendario gradual para distintos tipos de minería desde enero hasta octubre de 2026. La actualización busca garantizar un proceso de adaptación ordenado y responsable, sincronizando la exigencia del reporte con la aplicación del régimen sancionatorio relacionado. Además, se incorpora un enfoque para fortalecer la interoperabilidad de plataformas, mejorar el control en tiempo real sobre la producción y comercialización de minerales y asegurar la transparencia y legalidad en las actividades mineras.

La Entidad precisa que el levantamiento del velo corporativo o desestimación de la personalidad jurídica solo procede cuando la sociedad se utiliza en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, protegiendo a estos últimos y a la sociedad misma. Durante procesos de fusión, omitir información financiera o esconder obligaciones contractuales puede constituir fraude, autorizando medidas legales contra los responsables. Las sociedades absorbentes están obligadas a responder por el pasivo interno y externo de las sociedades absorbidas, según el artículo 178 del Código de Comercio. Si no se informa adecuadamente a los acreedores, o se presentan datos falsos, se abren caminos para la exigencia de responsabilidades y la protección de los derechos de los acreedores afectados. La desestimación requiere una carga probatoria alta y busca evitar el abuso de la personalidad jurídica para evadir obligaciones.