La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) actualió los escenarios de generación y demanda que servirán de base para evaluar las solicitudes de conexión y asignación de capacidad de transporte de proyectos de generación eléctrica en el país. La información será utilizada en el análisis de proyectos con obligaciones con el sistema y de aquellos que ya cuentan con trámites ambientales cumplidos, en el marco del mecanismo transitorio definido por la CREG. La entidad señaló que la medida fortalece la transparencia del proceso al poner a disposición de los interesados los criterios técnicos, proyecciones de demanda y perfiles normalizados de carga antes del inicio de las evaluaciones, contribuyendo a una incorporación ordenada y confiable de nuevos proyectos al sistema eléctrico nacional.

El Ministerio de Vivienda impulsa un proyecto de resolución que transformará la focalización del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural (SFVR). La medida principal es la integración de la categoría "Sostenibilidad Social y Ambiental", que incluye el componente "Territorios Biodiversos". Este enfoque priorizará a hogares en zonas vitales como Territorios Campesinos Agroalimentarios, Territorios Étnicos Constituidos y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. La reforma busca alinear la política de vivienda con la protección de ecosistemas, fortalecer comunidades rurales, asegurar habitabilidad digna y un ambiente sano, además de mitigar riesgos. Se establecerá la interoperabilidad de información con otras entidades para una verificación ágil y segura de los criterios.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de decreto para adicionar el Título 14 al Decreto 1077 de 2015, reglamentando la "Vivienda y Hábitat Progresivos". Esta iniciativa busca garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y su cumplimiento progresivo, especialmente para hogares de bajos ingresos. La norma propone soluciones flexibles y adaptativas, aplicables en zonas urbanas, de expansión y rurales, con participación del Gobierno Nacional y entidades territoriales. El proyecto es una respuesta crucial para atender reasentamientos derivados de desastres, calamidades públicas, emergencias económicas o sociales, adaptación al cambio climático, planes de retorno de víctimas del conflicto y procesos de reincorporación. Permite la construcción de viviendas por fases, desde una unidad básica habitable con infraestructuras esenciales, hasta su ampliación y consolidación tributarias para futuras ampliaciones.

 El Ministerio del Trabajo impulsa un decreto que reglamenta exhaustivamente el trabajo doméstico remunerado, buscando erradicar la informalidad y garantizar condiciones laborales dignas. El proyecto adiciona el capítulo 10 al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, obligando la vinculación mediante contrato escrito y el registro en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). La norma asegura derechos mínimos irrenunciables, seguridad social integral (salud, pensión, ARL), prevención de violencias y acoso, y promueve la libertad sindical. Además, establece incentivos económicos para empleadores que formalicen, especialmente aquellos de bajos ingresos o que contraten trabajadoras de grupos étnicos o migrantes.

El Ministerio de Minas proyecta establecer lineamientos para los esquemas de exportación de electricidad y la contratación bilateral de energía, enfocándose en las transacciones con Ecuador. Basada en leyes nacionales y decisiones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la normativa busca garantizar la eficiencia, confiabilidad y el aprovechamiento óptimo de los recursos energéticos, priorizando siempre la demanda interna. La medida surge ante el incremento de exportaciones a Ecuador y la necesidad de mecanismos flexibles frente a la variabilidad climática, incluyendo el uso eficiente de generación térmica e hídrica. Estas disposiciones son transitorias, aplicando hasta la entrada en operación del Mercado Andino Eléctrico Regional.

Con el respaldo del Gobierno nacional, Greenwood Energy ha reactivado los proyectos eólicos Alpha y Beta en La Guajira. Estos, que contemplan una capacidad instalada superior a 490 megavatios, buscan consolidar a la región como epicentro de la generación de energías limpias y fueron previamente abandonados debido a falencias sociales. La nueva etapa prioriza la construcción conjunta con 108 comunidades, incluyendo el pueblo Arhuaco, con 130 consultas previas ya protocolizadas y 195 reuniones sociales proyectadas. El Ministro enfatizó la importancia del diálogo social para generar desarrollo y oportunidades en la región, superando el historial de proyectos inconclusos. Marcos Páez, COO de Greenwood Energy, destacó la articulación entre Estado, empresa y comunidades para recuperar la confianza.

El Ministerio de Ambiente declaró el "Corazón del Mundo, Sierra Nevada de Santa Marta - Gonawindua" como Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo. Esta medida fundamental busca proteger las riquezas naturales y culturales, la diversidad del ambiente y las áreas de especial importancia ecológica, fundamentada en los principios de prevención y precaución ambiental. La decisión se basa en un estudio técnico y científico que evidencia riesgos críticos e irreversibles para la integridad ecológica, la regulación hídrica, la biodiversidad y los valores bioculturales ante la expansión de actividades extractivas y cambios en el uso del suelo. La reserva busca armonizar el aprovechamiento de recursos con la conservación, priorizando el derecho colectivo a un ambiente sano y los derechos bioculturales sobre intereses particulares, aunque respetando situaciones jurídicas consolidadas y autorizando aprovechamiento de materiales pétreos para el desarrollo local.

El Ministerio de Ambiente impulsa un proyecto de norma para reglamentar la Ley 2450 de 2025, la "Ley contra el ruido". Este proyecto establece la Comisión Intersectorial para el Seguimiento e Implementación de la Política de Calidad Acústica, un organismo técnico y consultivo encargado de coordinar, formular e implementar una estrategia integral frente a la contaminación sonora, reconocida por la OMS como el segundo factor ambiental más perjudicial para la salud. Liderada por los Ministerios de Salud y Ambiente, la comisión involucrará a diversas entidades y sectores para salvaguardar el bienestar, la convivencia y los derechos fundamentales, promoviendo la armonización normativa y la participación ciudadana. Sus funciones abarcan desde el seguimiento de indicadores hasta la identificación de barreras, con el fin de controlar los impactos del ruido y las vibraciones en todo el país.