Para los predios en cuyo folio de matrícula inmobiliaria obre una garantía hipotecaria, se considera viable, se coincide con la postura expuesta desde la Subdirección solicitante. Para aquellos predios cuyo registro no se adelantó en su momento y que fueron adjudicados por parte del extinto Incora, se considera viable, con la recomendación para que se adelante por parte de los beneficiarios del acuerdo el saneamiento predial ante la Agencia Nacional de Tierras -ANT, tal y como se expone en este concepto.

En cuanto a la dotación, el CST., establece la obligación del empleador de la entrega de la dotación, para aquellos trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y hayan laborado al servicio del empleador por más de tres meses. La Jurisprudencia ha establecido que la dotación debe ser adecuada a la labor desempeñada por el trabajador, dotación que es diferente a los elementos de protección personal EPP., cuya entrega por parte del empleador, es una actividad del Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo y tiene que ver con la prevención de los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador en la labor que desempeña.

 Los entes territoriales en el marco de los principios de coordinación, concurrencia y complementariedad, así como descentralización territorial y acorde con las funciones referidas podrán adoptar, implementar y garantizar el desarrollo de las políticas públicas sectoriales que son importantes elementos normativos que respaldan la actividad minera en el territorio colombiano. La competencia de formulación de la política pública minera en el país corresponde al Ministerio de Minas y Energía, como cabeza del sector minero y en cumplimiento de sus funciones administrativas de Gobierno Nacional.

Cuando una persona tramita ante una autoridad ambiental un permiso, autorización o concesión o licencia ambiental y la misma se otorga, en el respectivo acto administrativo se señalan las distintas medidas de manejo ambiental que son las acciones que debe implementar el titular de la misma forma y en ejercicio de la función de control y seguimiento de estas autorizaciones ambientales. Las autoridades ambientales están investidas de la potestad de establecer medidas de manejo ambiental conforme con el resultado del seguimiento.

“Del Precio de Oferta Ajustado que se encuentra definido en el artículo 1 de la Resolución CREG 026 de 2014, aclaramos que como dicha oferta de precio debe corresponder a la más alta, el precio de arranque-parada debe corresponde al del estado frío. Sobre el cumplimiento de la generación térmica objetivo durante el periodo de Riesgo de Desabastecimiento, entendemos que, si este no es posible desde la programación del despacho, el CND podrá solicitar aumento de disponibilidad en los términos del numeral 4.1 Causas del Redespacho del Código de Operación de la Resolución CREG 025 de 1995”.

En lo referente a la Entrega de documentos y declaración de parámetros, la Entidad muestra, a través de una tabla, la descripción de las normas que atañen la materia, el responsable y explica que éstas entregarse en cualquier fecha desde la entrada en vigencia de las resoluciones. En cumpliendo a lo establecido en cuanto a la oportunidad de la solicitud el numeral 1 del Anexo de la Resolución CREG 132 de 2019, modificado por el artículo 3 de la Resolución CREG 176 de 2021.De acuerdo con las descripciones número dos y tres del primer numeral del Anexo de la Resolución CREG 132 de 2019, es claro que los certificados de registro de proyectos de generación en fase 2 y fase 3, son requisitos mínimos. . Por tal razón, si un agente o promotor de una planta de generación nueva o en construcción, decide tomar la opción de tomadores del cargo por confiabilidad, CxC, y no cuenta con uno de estos certificados porque dichos registros se encuentran vencidos, entendemos que la presentación de un certificado expedido por la UPME donde certifique que se cuenta con punto de conexión aprobado, es suficiente para dar cumplimiento a dichos requisitos.

El régimen de competencia desleal se encuentra establecido en la Ley 256 de 19961, dentro de la cual se definen los actos que configuran competencia desleal. Por otra parte, el artículo 6 de la Ley 1340 de 2009 estableció que “La SIC conocerá en forma privativa de las investigaciones administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia, así como en relación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal. De otra parte, la Ley 142 de 19942 establece en su artículo 9 los derechos de los suscriptores y/o usuarios, dentro de los cuales se establece en derecho a la libre elección del prestador, lo cual es explicado por la Entidad a través de este concepto.

La atribución de solicitar la suspensión de funcionarios se extiende a los procesos fiscales tramitados por las contralorías territoriales. Sobre la naturaleza juridica y alcance de la suspensión verdad sabida y buena fe Guardada, la CGR indica que en cuanto a la responsabilidad que puede recaer sobre quien solicita la medida de suspensión, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado y el DAFP han advertido, al unísono, que si el proceso fiscal concluye con un fallo no condenatorio, el funcionario suspendido tiene derecho al resarcimiento de los perjuicios sufridos con la medida, incluidos los salaries dejados de percibir. La Entidad explica los Parámetros exigidos por el articulo 268-8 de la Constitución para ejercer la potestad de suspensión de funcionarios públicos bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada.