La Entidad abordó una consulta sobre el descuento por antigüedad de la flota de vehículos que prestan el servicio público de aseo, conforme al artículo 5.3.2.2.5.4. de la Resolución CRA 943 de 2021. Este artículo establece que se debe aplicar un descuento del 2% por cada año que la antigüedad de la flota exceda la vida útil establecida, que es de 12 años para vehículos que operan en un solo turno y 6 años para aquellos que operan en dos o más turnos.

Una entidad estatal no puede exigir la acreditación de un vínculo laboral o domicilio en Colombia del representante legal de una sociedad colombiana o de un consorcio/unión temporal porque la normativa de contratación pública no establece requisitos personales específicos que deban cumplirse. Las entidades tienen la discrecionalidad de fijar sus propios requisitos, pero deben hacerlo respetando principios de igualdad y selección objetiva. Además, la vinculación del representante legal puede realizarse a través de diversos tipos de contratos, no necesariamente laborales, como contratos de mandato o prestación de servicios. Por lo tanto, no existe una obligación legal que requiera un vínculo laboral para estos casos.

La CGR analizó la exigibilidad de licencias de construcción para edificaciones en resguardos indígenas. Precisó que, aunque existe normativa específica, no hay claridad sobre la obligatoriedad de estas licencias en territorios indígenas. Enfatizó que se requiere revisar la normativa local para determinar los trámites aplicables en estas áreas. La falta de las licencias podría permitir que las instituciones educativas operen, pero puede dar lugar a responsabilidades civiles, penales o disciplinarias.

El acceso a servicios financieros no es un privilegio, sino una condición necesaria para ejercer otros derechos. Los antecedentes penales no puede ser una barrera automática y definitiva para acceder al sistema financiero debido a varios principios fundamentales, explicados por la Corte a través de esta providencia. En primer lugar, el derecho a la reinserción social es un pilar del sistema jurídico, que sostiene que quienes han cumplido una condena tienen derecho a reconstruir su vida sin enfrentar discriminaciones perpetuas. La Corte Constitucional de Colombia ha reiterado que los antecedentes penales no deben convertirse en una carga que limite el ejercicio de derechos fundamentales, como el acceso a servicios financieros, esenciales para la participación económica y social.

La Corte Constitucional decidió mantener el artículo 52 de la Ley 2136 de 2021, que establecía que el grupo interno de trabajo (GIT) de Colombia Nos Une debía coordinarse directamente con el Viceministerio de Relaciones Exteriores. La Corte consideró que la derogación de este artículo, hecha por la Ley 2294 de 2023, no siguió los pasos correctos en el proceso legislativo. Específicamente, no se discutió adecuadamente en las sesiones parlamentarias, lo que infringe el principio de consecutividad. Además, el artículo derogado estaba relacionado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, pero su eliminación no mostró una conexión clara a estos objetivos. Por lo tanto, al comprobar estas irregularidades, la Corte mantuvo el artículo en vigor, asegurando así la continuidad de políticas importantes para la coordinación del trabajo en Colombia Nos Une.

El evento académico organizado por la Corte Constitucional se llevará a cabo el 9 de mayo de 2025 en el Auditorio Forum de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Está dirigido a la ciudadanía, servidores públicos y académicos, con el objetivo de acercar la Corte a la comunidad para fomentar la comprensión y defensa de la Constitución de 1991. El encuentro ofrecerá dos paneles y tres conferencias, enfocándose en la historia constitucional de Colombia entre 1853 y 1885 y su influencia en el modelo actual. Los asistentes podrán inscribirse a través del siguiente link: https://forms.office.com/r/Y3bK9EKZ4k. Este diálogo busca promover una discusión enriquecedora sobre la jurisprudencia constitucional y el desarrollo de un estado social de derecho, inspirando una participación activa en su defensa y desarrollo.

El concepto analiza la Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) y la Generación Distribuida (GD) en el contexto de la promoción del uso de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE). Indica que se ha propuesto modificar la Resolución CREG 174 de 2021 para aumentar el límite de capacidad instalado de 100 kW, actualmente establecido para el reconocimiento de "créditos de energía". Esta modificación sugiere elevar el límite a 500 kW para proyectos privados y a 1.000 kW para proyectos públicos, con el objetivo de fortalecer la integración de sistemas de autogeneración. La CREG considera que los generadores de menor capacidad tienen repercusiones limitadas en la red, mientras que permitir mayores capacidades contribuiría al desarrollo sostenible del sector energético y facilitaría la incorporación de tecnologías limpias, favoreciendo la resiliencia del sistema eléctrico en el país. La propuesta será analizada junto a otras modificaciones pertinentes en proyectos futuros de regulación.

Sí, una E.I.C.E. puede migrar a una Empresa de Economía Mixta mediante la incorporación de capital privado, pero este proceso está sujeto a ciertos requisitos legales. Según el artículo 97 de la Ley 489 de 1998, las sociedades de economía mixta son entidades constituidas con aportes estatales y capital privado que realizan actividades comerciales bajo las reglas del derecho privado. Para esta transformación, es necesario que exista una ley que autorice la creación de la sociedad de economía mixta, estableciendo las condiciones específicas para la transición. En el caso de entidades del orden territorial, corresponde a la Asamblea Departamental o al Concejo Municipal definir los términos de la transformación. Además, el legislador tiene la autonomía para establecer el régimen jurídico pertinente y las condiciones de participación del Estado y el sector privado en el nuevo ente, garantizando así que se respeten los principios de un régimen especial de contratación donde se requiere el involucramiento de un socio privado.