La SSPD precisó si constituye una práctica restrictiva de la competencia que una distribuidora de gas natural condicione, retrase o limite el desarrollo de redes o la prestación del servicio cuando las instalaciones internas son ejecutadas por una firma instaladora habilitada distinta de la distribuidora. Con fundamento en el numeral 9.2 del artículo 9 de la Ley 142 de 1994 y en las Resoluciones CREG 067 de 1995, 057 de 1996 y 108 de 1997, la entidad precisó que los usuarios tienen derecho a elegir libremente al prestador y al proveedor de los bienes necesarios para el servicio, y que la instalación interna de gas no es negocio exclusivo del distribuidor, pues puede ser ejecutada por cualquier persona que cumpla las condiciones técnicas y de idoneidad exigidas. Las facultades de registro y verificación del personal instalador deben ejercerse dentro de los límites regulatorios, sin que el distribuidor pueda limitar el número de registrados ni imponer la contratación exclusiva con empresas de su preferencia, aunque conserva la obligación de verificar la seguridad de las instalaciones y puede rehusar el servicio cuando estas sean inseguras. La determinación sobre abusos de posición dominante corresponde en forma privativa a la Superintendencia de Industria y Comercio, mientras la SSPD vigila el cumplimiento de las disposiciones sectoriales dentro de sus competencias.
La SSPD analizó las posibles consecuencias del incumplimiento del Acuerdo CNO 1960 de 2025, que aprueba la actualización de la Guía de Ciberseguridad y fija obligaciones y plazos a los agentes del Sistema Interconectado Nacional, complementado por el Acuerdo CNO 2188 de 2026 sobre reporte de incidentes cibernéticos. La entidad precisó que el acuerdo no constituye una recomendación técnica sin efectos, pues el artículo 25 de la Ley 143 de 1994 obliga a los agentes a cumplir los acuerdos de operación del SIN, aunque el instrumento carece de un régimen sancionatorio propio. La SSPD no puede considerarse, de manera general, la autoridad competente para sancionar cualquier incumplimiento: la potestad debe determinarse según la obligación concreta y la norma que sustente la facultad sancionatoria, siempre que esta no corresponda a otra autoridad. Cuando el incumplimiento entre en su ámbito de competencia, proceden las sanciones del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, que van desde amonestación y multas hasta suspensión de actividades, toma de posesión y prohibición de prestar servicios hasta por diez años, previa actuación administrativa con plenas garantías del debido proceso; el solo vencimiento de un plazo no genera sanción automática.
La DIAN analizó el ámbito de aplicación de las medidas tributarias, aduaneras y cambiarias del Decreto Legislativo 1419 de 2026, expedido para conjurar los efectos del sismo del 10 de agosto de 2026 en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada. La entidad precisó que los alivios del Capítulo II, como la facilidad de pago abreviada, la reprogramación de facilidades vigentes y concúrsales y la exclusión de los grandes contribuyentes, aplican exclusivamente a los sujetos afectados cuyo domicilio fiscal al 10 de agosto de 2026 estaba en los municipios del ámbito territorial de la calamidad. En contraste, las medidas de los artículos 9, 10, 11 y 13, concebidas como mecanismos extraordinarios de recaudo para financiar la atención y reconstrucción, están dirigidas a todos los contribuyentes, usuarios aduaneros y obligados cambiarios del territorio nacional que cumplan las condiciones de cada disposición. La interpretación se apoya en el método contextual, la regla del artículo posterior de la Ley 57 de 1887 y el principio de solidaridad, y los recursos recaudados deben destinarse en exclusiva a conjurar la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.
La CRA precisó el régimen tarifario aplicable a un contrato de operación con inversión suscrito en 2004, frente a la entrada en vigor de la metodología establecida en la Resolución CRA 1032 de 2026, que subrogó el régimen de acueducto y alcantarillado previsto en la Resolución CRA 943 de 2021. La entidad concluyó que, como las partes pactaron en la cláusula 23 una tarifa contractual al amparo del parágrafo 1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, el contrato conserva ese régimen y no queda sometido automáticamente a la nueva tarifa regulada. Esto, porque el parágrafo 1 del artículo 2.1.2.1.1.1 de la nueva resolución contempla una excepción para estos casos. La Comisión aclaró que el nuevo marco tarifario, por ser un acto general y abstracto, no modifica por sí solo las condiciones pactadas. Sin embargo, puede intervenir mediante un acto particular y motivado cuando se presenten abusos de posición dominante, vulneraciones al principio de neutralidad o perjuicios a los usuarios, de acuerdo con lo previsto también en la cláusula 28 del contrato, que contempla ajustes ordenados por la CRA o la SSPD. En todo caso, la tarifa cobrada a los usuarios no puede superar la que resulte de aplicar la metodología regulatoria vigente.
La CRA precisó si las organizaciones de recicladores en proceso de formalización deben actualizar el Contrato de Condiciones Uniformes (CCU) como consecuencia de la Resolución CRA 1040 de 2026, que subrogó la metodología tarifaria del servicio público de aseo para municipios con más de 5.000 suscriptores urbanos. La entidad señaló que la nueva fórmula tarifaria comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027, por lo que no existe una obligación inmediata de modificar el contrato mientras permanezca vigente el marco actual. Para la actividad de aprovechamiento, el modelo aplicable es el contenido en el Anexo 2 de la Resolución CRA 778 de 2016, que puede servir de referencia y someterse a revisión de legalidad por parte de la Comisión. Aclaró que estos modelos son orientadores, no obligatorios, y que las modificaciones al CCU dejan sin efecto el concepto de legalidad sobre las cláusulas alteradas, salvo cuando se realizan para cumplir la normativa sectorial. Finalmente, indicó que la actualización de los modelos de CCU para aprovechamiento está prevista en la Agenda Regulatoria Indicativa de 2026, con expedición proyectada para el segundo semestre, en articulación con la entrada en aplicación del nuevo marco tarifario.
Colombia Compra analizó el alcance de las facultades unilaterales de origen convencional en los contratos de entidades estatales sometidas a regímenes especiales y regidas por el derecho privado. La entidad concluyó que las cláusulas excepcionales de la Ley 80 de 1993 solo proceden cuando la norma de creación de la entidad lo autoriza, como ocurre con las empresas de servicios públicos domiciliarios y las empresas sociales del Estado; en los demás casos, la única fuente de potestades unilaterales es la autonomía de la voluntad, de modo que su existencia y alcance dependen del pacto expreso en el contrato, y a falta de estipulación la entidad debe acudir al juez competente. Los actos que materializan estas facultades son actos contractuales, no administrativos, criterio fijado por la Sentencia de Unificación de mayo de 2024 del Consejo de Estado, y no les aplica el procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. El manual de contratación, de naturaleza reglamentaria, no puede ampliar ni modificar causales pactadas, y la terminación anticipada exige acreditar de forma objetiva y motivada el supuesto contractual, sin que la conveniencia institucional la transforme en potestad discrecional.
La Contraloría General de la República (CGR) analizó si las contralorías territoriales están facultadas para expedir certificaciones de registro de la deuda pública de sus sujetos de control fiscal. Con fundamento en los artículos 268 y 272 de la Constitución Política y en el artículo 43 de la Ley 42 de 1993, la entidad concluyó que los órganos de control fiscal territorial pueden registrar, certificar y hacer seguimiento a la deuda de las entidades de su jurisdicción y de sus organismos descentralizados, siempre que se circunscriban a las obligaciones sometidas a su vigilancia. El pronunciamiento precisa que la refrendación de los documentos constitutivos de deuda corresponde en exclusiva al Contralor General de la República, entendida como la expedición del Certificado de Registro conforme a la Resolución REG-ORG-0063 de 2023, y que las contralorías departamentales, distritales y municipales deben reportar de forma trimestral la información de la deuda pública al ente rector. El ejercicio de estas funciones, en el marco de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, no desconoce el carácter preferente del control fiscal de la CGR.
La ANM precisó la obligación de presentar el Formato Básico Minero (FBM) en las figuras de procesos de legalización minera, Áreas de Reserva Especial, subcontratos de formalización y reconocimientos de propiedad privada. La entidad concluyó que el reporte anual, exigible dentro de los diez primeros días de febrero por la plataforma AnnA Minería y refrendado por un profesional técnico, aplica a los titulares de títulos mineros, incluidos los beneficiarios de reconocimientos de propiedad privada, así como a los subcontratistas de formalización, quienes asumen la totalidad de las obligaciones de explotación en el área subcontratada. En cambio, los solicitantes de legalización y de Áreas de Reserva Especial quedan exentos, pues, aunque ostentan la calidad de explotadores mineros autorizados, no son titulares ni propietarios de minas; la obligación nace con la celebración del contrato de concesión. Estos últimos deben cumplir reportes alternativos como la declaración de regalías y las plataformas de control a la producción y trazabilidad de minerales, mientras que el incumplimiento del FBM acarrea multas conforme al Código de Minas.