La CRA permite a los prestadores de servicios ajustar tarifas, siempre que cumplan con los parámetros regulativos, sin necesidad de autorización adicional. Sin embargo, cualquier ventaja, incluidos descuentos, debe estar claramente definida en el contrato de condiciones uniformes. Además, estos ajustes deben ser equitativos y aplicarse sin discriminación entre usuarios, garantizando un trato igualitario dentro del área de prestación del servicio. La Superintendencia ejerce la vigilancia necesaria para asegurar el cumplimiento de estas normas.

La facturación del concepto de lavado y desinfección para el año 2024 y sucesivos no es procedente. Según el artículo 150 de la Ley 142 de 1994, las empresas no pueden cobrar por bienes o servicios no facturados dentro de un plazo de cinco meses, salvo en casos de dolo del usuario. Dado que las actividades de lavado y desinfección se realizaron durante el 2020, cualquier intento de facturación en 2024 o 2025 estarías fuera de este límite temporal y, por lo tanto, sería inoportuno.

Las entidades estatales pueden corregir errores simplemente formales en los contratos en cualquier momento, ya sea de oficio o a petición de parte, según lo estipulado en el artículo 45 del CPACA. No hay un plazo específico establecido para estas correcciones, pero lo importante es que dichas correcciones no alteren el sentido material de la decisión original. Por lo tanto, es posible aclarar un contrato dentro de un tiempo razonable, siempre que se trate de errores formales como transcripciones, errores aritméticos o de digitación.

El plan maestro para la modernización del sistema eléctrico colombiano se presenta como una guía integral que busca abordar de manera estratégica los desafíos y oportunidades en el contexto de la transición energética. Su objetivo principal es servir como referencia para implementar cambios estructurales, tecnológicos y regulatorios enfocados en la sostenibilidad, eficiencia operativa y competitividad del sistema eléctrico.

El Boletín Estadístico Informativo “Minería en Cifras” es una publicación elaborada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Agencia Nacional de Minería (ANM) que ofrece datos mensuales actualizados sobre el sector minero en Colombia. El informe incluye cifras sobre exportaciones, precios internacionales de minerales, y noticias relacionadas con la normatividad. En los primeros diez meses de 2024, las exportaciones mineras alcanzaron USD 10.243 millones, siendo el carbón y el oro los productos más destacados. El boletín destaca la importancia de esta información para el diseño de políticas sectoriales y la toma de decisiones informadas. Asimismo, se enmarca en el programa “Minería para la Vida”, orientado a utilizar los recursos naturales estratégicos para impulsar proyectos económicos clave, como la reindustrialización y la transición energética. La ANM también resalta su compromiso con la formalización minera y el desarrollo sostenible en las comunidades.

En el análisis, la SIC identificó la necesidad de superar vacíos normativos que obstaculizan el desarrollo de esquemas de Autogeneración Colectiva y Generación Distribuida Colectiva. Se destacaron preocupaciones sobre cómo algunas disposiciones podrían limitar la competencia en el mercado de comercialización de energía, afectando a generadores distribuidos.

El proyecto de norma modifica parcialmente la Resolución 005707 de 2019, que establece los requisitos para actuar como autorretenedor del impuesto sobre la renta en Colombia. Se especifica que las entidades o personas responsables del impuesto pueden solicitar esta autorización ante la DIAN. Un cambio relevante es en el numeral 6, que ahora aclara que no se considerará causal de rechazo la solicitud para autorretenedor si el contribuyente presenta pérdidas fiscales, siempre que se demuestre su origen en beneficios tributarios. Se exige que la certificación de esta procedencia sea suscrita por un revisor fiscal o contador público y detalle el beneficio tributario aplicado. Además, se modifican las causales de suspensión de autorización, armonizando la normativa relacionada. La DIAN tiene la facultad de designar o suspender a los autorretenedores basándose en el cumplimiento de estos requisitos.

El informe del Banco de la República analiza cómo los impuestos sobre la nómina, aunque son esenciales para financiar bienes públicos, pueden incrementar los costos laborales, desincentivando la creación de empleo formal y promoviendo la informalidad. Un estudio realizado por Leonardo Morales y Oscar Becerra evalúa el impacto de la Ley del Primer Empleo (2011), que redujo en 11 puntos porcentuales los impuestos para jóvenes menores de 28 años. Los resultados muestran que esta reducción aumentó la demanda de mano de obra formal para este grupo, sin afectar significativamente los salarios. La investigación utiliza datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares y la Planilla Integrada de Aportes, comparando el empleo y salarios antes y después de la implementación de la ley. Se concluye que ajustes en los impuestos a la nómina pueden ser una herramienta eficaz para estimular el empleo formal, especialmente para los jóvenes