Prensa Jurídica recopiló el listado de los proyectos de ley radicados para la legislatura 2026-2027, con corte al 24 de julio, que reúne 98 iniciativas presentadas desde el 20 de julio: 76 en el Senado y 22 en la Cámara de Representantes. El consolidado permite identificar las principales propuestas que iniciarán su trámite en el Congreso, entre ellas varias de interés para los sectores de minas, energía y ambiente, como los proyectos sobre prohibición del fracking, competencia en el mercado de energía eléctrica, eficiencia tarifaria en la distribución de energía, transición hacia una movilidad sostenible y regulación del greenwashing o lavado verde de imagen, además de otras iniciativas con impacto en la política ambiental y energética del país.

El Ministerio del Trabajo proyecta actualizar y modernizar el procedimiento de convocatoria e integración de los Tribunales de Arbitramento Obligatorio en conflictos laborales. Esta iniciativa, enmarcada en la Constitución y convenios internacionales de la OIT, busca garantizar el derecho a la negociación colectiva y el acceso a la justicia, haciendo los trámites más eficaces y ágiles. Se enfatiza la no aplicación de la Ley 1563 de 2012 al arbitraje laboral y se fomenta el uso de plataformas tecnológicas y virtuales para las solicitudes. El proyecto detalla los requisitos documentales para sindicatos y empleadores, define la renuencia de las partes en la designación de árbitros y establece topes para los honorarios de los árbitros y secretarios, con provisiones claras para casos de anulación de laudos. El objetivo es preservar la paz laboral y la pronta solución de disputas colectivas.

 Los ministerios de Minas y Ambiente, junto con la Agencia Nacional de Minería buscan adoptar la actualización de las Guías Minero-Ambientales.  Esta iniciativa crucial, que incluye documentos para exploración, explotación, beneficio, transformación y una nueva guía para la formalización, surge en respuesta a un fallo del Consejo de Estado que exigió la adecuación de la normativa. Su propósito es estandarizar la gestión técnica, ambiental, social y de gobernanza en todas las actividades mineras del país, garantizando el desarrollo sostenible de los recursos. Las guías son de cumplimiento obligatorio para operadores y autoridades, con un período de transición de seis meses, y derogan la resolución anterior de 2002, marcando un avance significativo en la regulación del sector.

El Ministerio de Minas publicó los lineamientos temporales para acelerar la articulación de proyectos de generación de energía eléctrica. La iniciativa busca promover la transición energética, la expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y priorizar proyectos con potencial restaurativo, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además de aquellos con carácter social. Se establecen condiciones especiales para flexibilizar la puesta en operación de proyectos afectados por atrasos en la infraestructura de transmisión y se impulsa un esquema de garantías adaptable para iniciativas de reparación. Esta medida, que mandata a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la definición de reglas específicas, busca asegurar un servicio eléctrico eficiente, continuo y equitativo, contribuyendo simultáneamente a los objetivos de paz y el desarrollo sostenible del país.

El Ministerio de Minas impulsa un proyecto para adicionar y modificar obras urgentes que mitiguen las limitaciones de la red eléctrica en la Región Caribe. La iniciativa introduce nuevos proyectos para el Sistema de Transmisión Regional (STR) y el Sistema de Transmisión Nacional (STN), incluyendo una subestación en Río y bahías de transformación en Sahagún y Chinú. Además, se ajustan las fechas de puesta en operación de compensadores síncronos en varias subestaciones clave, extendiéndolas hasta finales de 2031. La medida busca dar más tiempo a los agentes para análisis técnicos y financieros, al tiempo que armoniza el marco regulatorio de remuneración de inversiones con las normativas vigentes, garantizando la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico.

El Ministerio de Minas sometió a consulta pública la reglamentación de la transferencia de infraestructura de generación a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), financiada con recursos públicos, a Comunidades Energéticas. Esta medida busca impulsar la Transición Energética Justa, empoderando a personas naturales, jurídicas, y comunidades indígenas o campesinas en la gestión autónoma de su energía, y garantizando la prestación eficiente de servicios públicos. Los activos, provenientes de fondos como el FENOGE e IPSE, podrán ser transferidos en propiedad o en derecho de uso y goce, bajo modalidades contractuales específicas. Para acceder a estos beneficios, las Comunidades Energéticas deberán estar registradas, contar con personería jurídica o asociación habilitada, y presentar un esquema básico de administración, operación y mantenimiento (AOM) que asegure la sostenibilidad de los proyectos.

El Ministerio de Minas ordenó organizar el suministro de gas natural durante el mantenimiento programado de la Planta de Regasificación de Cartagena, operada por SPEC LNG, entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026. La medida, basada en las Resoluciones MME 40267 y 40289 de 2026, busca garantizar el abastecimiento, especialmente para la demanda de energía eléctrica en el área Caribe 2. El MME realizó un balance detallado de las cantidades requeridas y las fuentes disponibles, considerando negociaciones de generadores térmicos y agentes con contratos en firme de gas importado. Aunque la demanda esencial se cubre sin requerir priorización, se establecen lineamientos estrictos para la asignación de gas, excluyendo fuentes no conectadas al Sistema Nacional de Transporte (SNT) y aquellas con restricciones operativas como las de Canacol y Bullerengue. Se destacan las limitaciones de capacidad en el tramo Barrancabermeja-Ballena del SNT, que son cruciales para el transporte del gas del interior hacia la costa.

 El MinCIT proyecta regular el acceso, evaluación y seguimiento del Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL), así como la asignación y administración de cupos de importación. Este marco busca facilitar la instalación o expansión de capacidades industriales vinculadas a la movilidad sostenible, promoviendo proyectos intensivos en tecnología, fortaleciendo cadenas de valor nacionales, generando empleo calificado y contribuyendo a la transición energética y reducción de emisiones. La normativa detalla los pasos para la solicitud, la presentación de planes de inversión y desarrollo industrial, y la verificación de criterios de elegibilidad, aplicable a personas jurídicas nacionales y extranjeras que deseen invertir en este sector estratégico.