La prescripción de obligaciones con empresas de servicios públicos domiciliarios se refiere a la extinción de acciones y derechos por no ejercitarse en un tiempo determinado. En este caso, las facturas de servicios públicos son consideradas títulos ejecutivos, lo que implica que su prescripción se rige por el Código Civil. La acción ejecutiva tiene un plazo de cinco años a partir de la expedición de la factura, dentro del cual la empresa puede cobrar las deudas. Si transcurre este tiempo, la obligación se considera prescrita y no puede ser cobrada. Los usuarios pueden solicitar la prescripción ante la empresa prestadora (EICE o municipios) o acudir a un juez para su declaratoria. Es importante tener en cuenta que la prescripción opera automáticamente por ministerio de la ley, por lo que tras transcurrir el plazo, el usuario puede invocar esta circunstancia como excepción ante cualquier intento de cobro. La Superintendencia no puede exigir aprobación previa de contratos ni declarar prescritas las obligaciones.

La SDA emitió concepto jurídico sobre el Proyecto de Acuerdo que propone optimizar el uso de los contenedores de basura en Bogotá. Se identifican recomendaciones cruciales y se enfatiza la necesidad de ajustes al texto presentado. La entidad señala que, aunque el proyecto busca mejorar la gestión de residuos, carece de claridad en aspectos operativos como la generación de documentos técnicos y el papel de los ciudadanos en la separación de residuos. Además, reubicar contenedores puede no garantizar una optimización efectiva. Las observaciones previas del concepto jurídico N°24 de 2022, relativas a la ausencia de una conexión clara entre el contenido del proyecto y la mejora en el uso de los contenedores, son reiteradas. Finalmente, se concluye que el proyecto es jurídicamente viable, pero condicionado a realizar ajustes que atiendan las inquietudes planteadas.

La contribución por solidaridad en Colombia está respaldada por varios antecedentes normativos que enfatizan el principio de solidaridad y redistribución de ingresos en el régimen tarifario de los servicios públicos. La Constitución Política de 1991, en su artículo 367, establece que la ley debe fijar un régimen tarifario que contemple, además de los costos, criterios de solidaridad.

La diferencia entre prorrogar y renovar permisos ambientales radica en su naturaleza y proceso administrativo. La prórroga se refiere a una extensión del tiempo de vigencia del permiso existente, permitiendo que continúe tal cual sin necesidad de una verificación exhaustiva de las condiciones iniciales. Por otro lado, la renovación implica la reevaluación del permiso, donde se considera la viabilidad técnica y jurídica de continuar con el uso de los recursos naturales.

Las certificaciones relacionadas con la adquisición de bienes destinados a un proyecto de construcción en curso no son válidas como soporte para la exclusión del IVA en equipos, elementos e insumos adquiridos con presupuestos diferentes al de la certificación. Para que la exclusión del IVA proceda, es necesario que la certificación corresponda específicamente al presupuesto aprobado por el INPEC o la entidad nacional correspondiente, bajo el cual se adquieren los bienes objeto de exclusión. La normativa estipula que el cumplimiento de las condiciones acreditadas por la certificación se limita a los bienes adquiridos con el presupuesto indicado, sin extenderse a otros bienes requeridos para la culminación del proyecto, lo que enfatiza la necesidad de alineación entre los presupuestos y las certificaciones para asegurar la procedencia de la exclusión del IVA.

La CREG abordó el tema de la integración de Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías a proyectos de generación existentes. Según la Resolución 528 de 2021, si dicha integración no aumenta la capacidad de transporte, el titular puede solicitar una modificación al concepto de conexión inicial en cualquier momento, por fuera de los plazos establecidos en los artículos 9 y 11 de la Resolución CREG 075 de 2021. Sin embargo, cualquier cambio en las características del proyecto debe ser evaluado por la UPME como una nueva solicitud de capacidad de transporte. Las solicitudes deben ajustarse a los plazos definidos en el calendario anual de asignaciones. Dado que los plazos anuales pueden ser modificados, es crucial verificar los plazos actuales al momento de presentar la solicitud. Este concepto busca proporcionar un marco más flexible para la integración de tecnologías de almacenamiento de energía, asegurando la gestión adecuada de la capacidad de transporte en el sistema eléctrico.

Según el régimen de inhabilidades en Colombia, estas condiciones son prohibiciones que impiden a personas naturales o jurídicas participar en la contratación estatal debido a comportamientos reprochables, vínculos personales, o sanciones anteriores. Sin embargo, el simple hecho de estar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas no genera automáticamente una inhabilidad. Es importante destacar que, si la persona tiene una multa impuesta y se encuentra en mora por más de seis meses en su pago, esto se convierte en una causal de inhabilidad para celebrar contratos con entidades públicas. En resumen, las medidas correctivas vigentes pueden inhabilitar a una persona dependiendo de su estado de cumplimiento, particularmente en casos de incumplimiento financiero relacionado con multas.

La Sala analizó el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter contractual establecido a través de diversas normativas. Inicialmente, agrega la providencia, la Ley 80 de 1993 carecía de un procedimiento sancionatorio específico, remitiéndose a normas generales de la función administrativa, lo que requería garantizar audiencia y defensa para los contratistas antes de cualquier decisión que pudiera afectar sus intereses.