La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado levantó reserva de un concepto a través del cual concluyó que es jurídicamente viable delimitar de manera parcial y transitoria los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés para su puesta en funcionamiento, siempre que la medida tenga fines exclusivamente político-administrativos y no altere los derechos de propiedad sobre resguardos ni invada jurisdicciones municipales. El análisis, realizado en el marco del Decreto 632 de 2018, señala que esta delimitación debe surgir de procesos de concertación y coordinación entre autoridades indígenas y entidades nacionales y territoriales, respetando la integralidad de los resguardos y el ámbito de aplicación de la norma. Asimismo, precisó que el principio de interpretación cultural no permite ampliar los límites fijados por el decreto y exhortó al Congreso a expedir la ley orgánica sobre territorios indígenas prevista en la Constitución.

Presidencia impulsa un decreto que modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015 para modernizar la contratación pública, centrándose en la Compra Pública Sostenible. Este marco legal integrará de forma sistemática criterios ambientales y sociales en todas las etapas del proceso contractual, desde la planeación hasta la evaluación de ofertas, alineándose con los mandatos constitucionales y los compromisos internacionales de desarrollo sostenible. Además, el decreto aborda la caución para la impugnación del Registro Único de Proponentes (RUP), clarificando que debe ser bancaria o de seguros, y exige que las Entidades Estatales reporten multas, sanciones e inhabilidades al RUP para una verificación eficaz. Finalmente, para combatir la corrupción y fomentar la transparencia, se hará obligatoria la inclusión de cláusulas anticorrupción en los pliegos y la verificación de listas restrictivas internacionales de instituciones financieras multilaterales, siguiendo las recomendaciones de la OCDE.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de norma para establecer los lineamientos de la estrategia de fortalecimiento institucional "Huella Azul". Esta iniciativa busca, mediante asistencia técnica estructurada y continua, mejorar las capacidades de los prestadores de servicios de agua y saneamiento básico, enfocándose prioritariamente en pequeñas empresas, municipios y gestores comunitarios que atiendan hasta 2.500 suscriptores, especialmente aquellos clasificados con riesgo alto en el Indicador Único Sectorial (IUS) o que enfrenten dificultades para cumplir metas sectoriales. El objetivo es cerrar brechas en la prestación, promover la sostenibilidad y calidad de los servicios, y contribuir al Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, implementándose de manera gradual como un instrumento de gestión interna del Ministerio.

El Ministerio de Ambiente, en conjunto con otras carteras, lidera un proyecto de resolución para establecer los lineamientos de un Curso de Sensibilización contra el Maltrato Animal, diseñado para fomentar el respeto y educar sobre las implicaciones legales del abuso. Simultáneamente, el proyecto define una Ruta de Atención al Maltrato Animal, un instrumento clave que formaliza la actuación coordinada entre entidades nacionales y territoriales. El propósito es asegurar una respuesta institucional unificada, oportuna y efectiva ante los casos de presunto maltrato, en desarrollo de la Ley 2455 de 2025, que busca fortalecer la protección y el bienestar de los animales.

El Ministerio de Ambiente, en conjunto con Salud y Trabajo, impulsa un proyecto de resolución para identificar sustancias químicas de uso industrial prioritarias, clave para la gestión de riesgos para la salud y el ambiente. La norma establece un "enfoque de riesgo", combinando variables de peligro y exposición. A partir del Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial (INSQUI), se evaluará la peligrosidad (salud/ambiente), las cantidades fabricadas/importadas y sus usos. Las sustancias categorizadas en "prioridad alta", incluyendo CMRTAC y las nuevas, requerirán información adicional, facilitando así una gestión integral y efectiva para proteger a la población y el ecosistema.

El Ministerio de Ambiente impulsa proyecto para establecer incentivos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) dirigidos a los pueblos indígenas, reconociendo su autonomía, derechos culturales y rol vital en la conservación. Este marco regulatorio, fundamentado en la Constitución y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, integrará la cosmovisión, el Derecho Propio y los planes de vida indígenas. Los incentivos no solo financiarán la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, sino que también valorarán los intangibles culturales y espirituales, así como las acciones de gobierno propio que preservan el ambiente. Los pueblos y organizaciones indígenas podrán actuar como operadores preferentes de los proyectos, asegurando su participación directa y el respeto a sus estructuras de decisión en la gestión ambiental.

MinAmbiente, mediante un proyecto de resolución, propone lineamientos para el ordenamiento ambiental participativo en la Reserva Forestal del Cocuy, establecida en 1959. La iniciativa busca equilibrar la conservación de ecosistemas estratégicos con los derechos y el sustento de las comunidades rurales, reconociendo al campesinado como sujeto de especial protección. El proceso se basa en mecanismos de participación incidente, siguiendo estándares del Acuerdo de Escazú, e incorpora activamente a las comunidades campesinas, autoridades locales y otros actores en la actualización y validación de la información cartográfica. Se integrarán criterios biofísicos, socioeconómicos y culturales, priorizando el desarrollo de una agricultura campesina, familiar y comunitaria sostenible bajo principios agroecológicos, buscando resolver tensiones históricas y derogando la anterior Resolución 1275 de 2014.

La CREG extendió el plazo para que los Operadores de Red del SIN remitan la información sobre pérdidas de energía, tanto técnicas como no técnicas, esencial para la actualización de la metodología de distribución. A través de la Circular 303 de 2026, la CREG anunció que la nueva fecha límite para el envío de estos datos es el 15 de julio de 2026. Esta prórroga busca garantizar la calidad de la información recopilada, atendiendo a las solicitudes del sector, sin comprometer el cronograma de los estudios técnicos en curso.