La CRA hizo precisiones sobre el ajuste tarifario para prestadores de acueducto y alcantarillado, especialmente aquellos de menor tamaño. Aclara que los costos económicos de referencia pueden ser actualizados mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), manteniendo así su valor real en el tiempo. Los rangos tarifarios establecidos en resoluciones como la CRA 825 de 2017 y la CRA 943 de 2021 sirven de guía, permitiendo a las Juntas Directivas o entidades competentes locales realizar ajustes sin necesidad de solicitar una modificación particular de fórmula ante la CRA, siempre que no se excedan los máximos regulatorios y se cuente con el soporte técnico adecuado. La CRA pone a disposición diversos canales, como su página web, correo electrónico y un servicio de chat los martes, para ofrecer orientación técnica y jurídica sobre la aplicación de la normativa vigente.

 El Ministerio de Vivienda propone reglamentar las reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación ciudadana en las actuaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Se establece un procedimiento único especial para la expedición de resoluciones de carácter general, que incluye etapas claras de planeación, diseño, redacción, consulta pública, revisión, publicación y evaluación. Se promueve el uso del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) para la difusión de proyectos regulatorios, asegurando plazos mínimos para la recepción de observaciones (60 días para marcos tarifarios y 15 días para otros casos). Además, se regula la participación mediante consultas públicas presenciales y virtuales, la elaboración de documentos técnicos accesibles y la publicación de criterios de aceptación o rechazo de propuestas ciudadanas. Así, se fortalece la transparencia, la autonomía técnica de la CRA y el acceso a la información pública, garantizando procesos regulatorios participativos, técnicos y sostenibles.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que modifica el Decreto 1077 de 2015 para fortalecer la gestión del servicio público de aseo. El proyecto de norma busca promover la economía circular, la sostenibilidad ambiental y la acción climática mediante la mejora en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Entre sus objetivos destaca reducir la disposición en rellenos sanitarios, fomentar la separación en la fuente y aumentar el aprovechamiento de residuos, especialmente orgánicos. También regula actividades complementarias como el barrido, corte de césped y poda de árboles en áreas públicas, y establece mecanismos para la atención al usuario y transparencia en el servicio. Esta iniciativa contribuye al Programa Basura Cero y compromisos ambientales.

El Ministerio de Trabajo busca reglamentar la Ley 2466 de 2025 y otras normas sobre acoso laboral, violencia basada en género y discriminación en el ámbito laboral. Dentro de sus objetivos está garantizar ambientes de trabajo dignos y libres de violencia mediante políticas de prevención, protocolos de atención y sanción, con enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad. Establece la obligación de empleadores públicos y privados de implementar medidas de protección, como ajustes en turnos o espacios de trabajo y garantizar la no revictimización. La inspección del trabajo supervisará el cumplimiento y podrá imponer sanciones proporcionales a la gravedad de las conductas. Este decreto fortalece la protección integral para todas las personas en el mundo laboral, promoviendo la igualdad y el respeto a la dignidad humana.

Las observaciones, comentarios y propuestas al referido proyecto de resolución deberán realizarse por medio de este foro o diligenciando el formulario para recepción de comentarios, el cual debe enviar conservando el formato editable al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., hasta el día viernes 08 de mayo de 2026.

El MinCiencias lanzó una convocatoria con una inversión de 100 mil millones de pesos, destinada a fortalecer capacidades territoriales para la prevención de emergencias climáticas en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. La iniciativa busca impulsar proyectos que integren investigación científica, saberes locales y capacidades institucionales, enfocados en reactivación productiva, seguridad alimentaria, gestión del riesgo, restauración ecosistémica y soberanía sanitaria. Las propuestas deben ser presentadas por alianzas que incluyan universidades, organizaciones comunitarias y entidades territoriales. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de mayo de 2024 y financiará proyectos con duración de 12 a 24 meses, fortaleciendo la ciencia aplicada para mitigar los efectos del cambio climático y promover el bienestar regional.

La Entidad busca declarar Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Cajicá, Cundinamarca, con el objetivo de proteger suelos rurales estratégicos frente a la expansión urbana y la pérdida de tierras agrícolas. Esta iniciativa responde a compromisos nacionales e internacionales para garantizar el derecho humano a la alimentación y enfrentar el cambio climático mediante la conservación y manejo sostenible del suelo, agua y vegetación. La protección de 613,77 hectáreas permitirá preservar la productividad agropecuaria en un territorio que aporta significativamente al abastecimiento alimentario de Bogotá. Además, se asegura que las actividades agrícolas, pecuarias y comunitarias se mantengan, contribuyendo a la restauración ambiental y a la seguridad alimentaria regional, mientras se promueve una gestión participativa con diversos actores territoriales.

El Ministerio de Agricultura proyecta declarar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Tabio, Cundinamarca, con el propósito de conservar suelos rurales aptos para la agricultura y ganadería sostenible, enfrentando la presión de la suburbanización y el cambio de uso del suelo. Esta iniciativa fortalece la resiliencia frente al cambio climático mediante la protección y rehabilitación de recursos naturales esenciales —suelo, agua y biodiversidad—, en línea con compromisos nacionales e internacionales. Además, promueve la seguridad alimentaria regional, conserva el patrimonio ecológico y garantiza que las actividades productivas agropecuarias se mantengan estables y duraderas, favoreciendo el equilibrio ambiental y el bienestar rural.