Superintendencia de Industria y Comercio- SIC- (275)
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La SIC analizó el proyecto de decreto busca actualizar la regulación de incentivos a productores agropecuarios, priorizando pequeños y medianos productores y la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. Esta iniciativa atiende mandatos constitucionales y normativos para reducir desigualdades estructurales y promover la seguridad alimentaria. La SIC valora positivamente su enfoque social, pero advierte la necesidad de diseñar los apoyos con rigor técnico y neutralidad competitiva para evitar distorsiones de mercado. Recomienda incorporar mecanismos que limiten el escalamiento de incentivos y aseguren proporcionalidad y vinculación directa con área o producción para preservar la competencia.
De acuerdo con el análisis de la SIC, el proyecto busca implementar un mecanismo diferencial de estabilización de precios del ACPM para ciertos vehículos, alineando el ingreso al productor con el precio de paridad internacional. Esto pretende corregir la regresividad e inequidad del gasto público, focalizando los subsidios en sectores con función social prioritaria, mejorando la eficiencia fiscal y apoyando la transición energética. Aunque la focalización territorial inicial podría generar riesgos para la libre competencia, se prevén medidas de trazabilidad, control y supervisión para mitigar estos efectos. Además, se establece un seguimiento para evaluar su impacto y la posible extensión a otros municipios, garantizando así la proporcionalidad y sostenibilidad fiscal del esquema.
La SIC estableció reglas estrictas para el tratamiento de datos personales en el sector fintech, enfocándose en la protección, transparencia y legalidad. Destaca la necesidad de legitimidad y temporalidad en el uso de datos, el principio de minimización, y el consentimiento informado diferenciado entre usos necesarios y accesorios. Para datos biométricos, exige autorización explícita, medidas de seguridad adicionales, prohibición de compartir con terceros y eliminación tras la relación contractual. Además, garantiza el derecho a explicaciones claras sobre decisiones automatizadas, promoviendo una cultura de responsabilidad y transparencia digital que favorece la inclusión financiera y protege derechos fundamentale.
La SIC a través de concepto de abogacía de la competencia, analizó que el proyecto de Decreto que moderniza el régimen de zonas francas, incorporando a actores de la economía popular mediante flexibilización de requisitos y cuotas mínimas de empleo (5%) para estos actores, promoviendo inclusión productiva y formalización. La Entidad advierte que los tratos diferenciados y la prelación en contratación pueden generar distorsiones al afectar la competencia y la igualdad de condiciones con otros proveedores y trabajadores. También señala riesgos por la creación de zonas francas con requisitos más laxos que podrían afectar el mercado.
