El concepto de abogacía de la competencia analiza el proyecto de resolución del Ministerio de Salud que establece criterios para la autorización, habilitación y permanencia de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, en el marco del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. Se destaca la territorialización como eje para mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad. La Superintendencia evalúa la existencia de fallas de mercado como dispersión territorial, selección adversa y deseconomías de escala, que motivan la regulación. Aunque la medida limita la libertad de competencia, puede ser legítima si es razonable y proporcional, buscando corregir fallas estructurales y promover una asignación más equitativa de afiliados, mejorando costos y cobertura. Se ofrece un análisis detallado con recomendaciones para garantizar que las restricciones sean compatibles con la protección del interés general y la libre competencia.