Sección 4 (1383)
La Sala advierte que tanto en sede administrativa como judicial la actora ha cuestionado la no aceptación de estos pagos, limitándose a afirmar que los documentos obrantes en el expediente soportan los gastos solicitados de acuerdo a lo ordenado en el artículo 102-2 del ET, sin
En el caso concreto, se demostró que la contribuyente omitió registrar en su declaración privada la totalidad de las retenciones en la fuente, que constituye hecho sancionable según el artículo 647 del Estatuto Tributario. No existe una diferencia de criterios, habida cuenta que los
“Mediante los actos administrativos acusados, la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta que la sociedad demandante presentó por el año gravable 2013, en el sentido de adicionar ingresos brutos no operacionales por $1.000.000.000, fijar el saldo a pagar e
“Tratándose de las actividades comerciales, las clasifica en cuatro grupos, a las que asigna tarifas diferentes, dentro de los cuales se encuentra la venta de materiales para la construcción y una residual para demás actividades comerciales que no se enmarquen en los otros grupos.
La Sala reiteró que “la Ley 1430 de 2010, en su artículo 54, modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, dispone expresamente que «frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos son responsables de las obligaciones sustanciales y formales los
La Sala encontró que “le asistió razón al a quo al declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el municipio de Jamundí, porque cierto es que no se cumple el requisito de subsidiariedad. En efecto, el municipio de Jamundí pudo interponer recurso de apelación contra
La Sala advirtió un cumplimiento parcial de parte de la Agencia de Renovación del Territorio, puntualmente, frente al compromiso de seguridad alimentaria otorgado a 4298 familias. Aun así, tal entidad no acreditó: (I) el pago de la asistencia alimentaria inmediata
Para la Sala, “desvirtuada la integridad del documento fundamento de la solicitud que dio lugar a la expedición del acto demandado, concluye la Sala que la autorización concedida en la licencia acusada estuvo influenciada equivocadamente en la apariencia que el falsificador
“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 925 de 2013, la licencia de importación es el acto administrativo mediante el cual se otorga autorización con base en los criterios señalados por el Gobierno Nacional, para la importación al territorio aduanero nacional
A la Sala le correspondió decidir si el actor tiene legitimación en la causa para demandar el acto de liquidación proferido en contra de la sociedad de la que fue liquidador y el acto confirmatorio de tal liquidación oficial; y si fue incongruente la sentencia apelada al declarar la
