Sección 3 (1909)
La Sala resaltó que en lo referente al impuesto de alumbrado público a cargo de la Drummond, este asunto fue analizado y definido en debida forma por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el que, mediante sentencia de 31 de octubre de 2018, declaró probados “los
En atención a lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo de Estado, la Sala advirtió que a la Sección Tercera de esta Corporación no le correspondía el conocimiento del presente asunto, toda vez que la demanda de nulidad no versa sobre temas agrarios, contractuales,
En 2009, la sociedad Bio D S.A. presentó solicitud de contrato de estabilidad jurídica, con fundamento en la Ley 963 de 2005. En 2011, el Comité de Estabilidad Jurídica negó su petición con fundamento, entre otras razones, en que la Ley 1450 de 2011 no había entrado en
En la acción de tutela también se puntualizó que la decisión proferida por el Consejo de Estado -Sección Cuarta- era constitutiva de una violación directa de la Constitución “por desconocer preceptos relevantes como el debido proceso y la defensa, las situaciones jurídicas
Los demandantes solicitaron la nulidad de un Acuerdo del Concejo de Gachantivá, que prohibió las actividades de exploración y explotación minera y de hidrocarburos en ese municipio. Adujeron que el acto demandado infringe las normas en que debía fundarse; desconoce los
Los miembros de un consorcio solicitaron, entre otras pretensiones, que se declarara la ruptura de equilibrio económico de un contrato con régimen jurídico de derecho privado. Como lo ha señalado en diversas oportunidades esta Corporación, “a los contratos estatales
La Sala revocó la decisión recurrida porque las medidas cautelares solicitadas tienen carácter patrimonial, lo cual relevaba a la parte actora de agotar el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial. Contrario a lo afirmado por el tribunal, la Sala advierte que la
La expresión “y su reglamento” incluida en los artículos 2 y 3 del Decreto del Decreto 935 de 2013 está viciada de nulidad, tanto por razones de constitucionalidad como de legalidad. Los motivos de inconstitucionalidad consisten en que, aun carentes de fuerza y rango de ley,
En 2008, Fedemunicipios y una unión temporal, de la que formaron parte, entre otras sociedades, celebraron un contrato de concesión de servicios, cuyo objeto era la prestación del servicio de telemedicina a nivel nacional. Tal negocio se fundamentó en la Ley 1151 de 2007,
Para la Sala, el acto administrativo mediante el cual se declaró desierta la licitación, estuvo clara y suficientemente motivado, pues en él se indican de forma amplia las circunstancias que se tuvieron en cuenta para proferirlo, sin que exista algún indicio para afirmar que tales