El Consejo de Estado determinó que se reunían los requisitos de ley para confirmar el auto que decretó la suspensión provisional de la Resolución DGL 0000574 de 22 de agosto de 2022, mediante el cual se otorgó una licencia ambiental a la sociedad COLCCO S.A. para un proyecto de explotación de carbón y otros minerales, basado en varios fundamentos. En primer lugar, se argumentó que la emisión de la licencia no cumplió con los principios de protección del medio ambiente y la consulta previa, establecidos en la normativa ambiental y en la Constitución.
Se consideró que existían dudas razonables sobre la legalidad de los actos administrativos implicados, ya que se alegó que no se realizaron adecuadamente los estudios de impacto ambiental ni se valoraron adecuadamente los efectos potenciales sobre el ecosistema local. Además, se destacó que los actos administrativos objeto de impugnación conforman una unidad jurídica inescindible, sugiriendo que la resolución que confirmaba la licencia no podía ser considerada válida si las decisiones previas adolecían de vicios.
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