Consejo de Estado (6820)
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La sentencia reitera que el derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública tiene un fundamento constitucional, reconocido en el artículo 88 de la Constitución y en la Ley 472 de 1998. Este derecho se define como la posibilidad de la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que protegen su salud, incluyendo infraestructuras sanitarias y hospitalarias. Su objetivo es disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un lugar y tiempo determinados. La sentencia aclara que este derecho no se confunde con el acceso a los servicios, sino que se refiere específicamente a la infraestructura necesaria para garantizar la salud pública. La afectación a este derecho se constatará cuando se demuestre la imposibilidad de acceso a dicha infraestructura, resaltando así su importancia en la protección de la salud colectiva y el bienestar de la comunidad.
La Sala reitera que el “área de la concesión” corresponde a un elemento esencial e inherente al objeto del contrato de concesión minera. En este sentido, la Ley 685 de 2001 establece en su artículo 45 que este negocio jurídico se define como aquel que se celebra entre el Estado y un particular para efectuar, por cuenta y riesgo de este, la exploración y explotación de minerales de propiedad estatal que puedan encontrarse “dentro de una zona determinada”, mientras que el artículo 15 dispone que éste no transfiere al beneficiario un derecho de propiedad de los minerales "in situ", sino el de establecer en forma exclusiva y temporal “dentro del área otorgada”, la existencia de minerales y apropiárselos mediante su extracción o captación. En esta medida, la definición del área determina la viabilidad o no de celebrar el contrato de concesión minera, en tanto a partir de ello se define, entre otros, si aquella está libre o se superpone con títulos previamente otorgados, así como los impactos derivados de la ejecución del proyecto minero y la forma de mitigarlos, los grupos de interés a tener en cuenta, la necesidad de adelantar la consulta previa, y las eventuales limitaciones ambientales o de otro orden aplicables.
Aunque se demostró que el departamento del Putumayo incumplió el contrato No. 1188 de 2015 debido a deficiencias en la obtención de licencias de construcción, lo que impidió la suscripción del acta de inicio, esta situación fue superada mediante la suscripción del acta de liquidación bilateral. En esta acta, ambas partes acordaron los términos de la liquidación, reconociendo los costos y gastos incurridos por el contratista, lo que implicó un acuerdo mutuo sobre las obligaciones y derechos pendientes. A pesar del incumplimiento inicial, la liquidación bilateral permitió a las partes declarar que no había saldos pendientes, lo que, según el artículo 1502 del Código Civil, se convierte en ley para las partes. Así, la situación contractual se resolvió de manera transaccional, permitiendo que el contratista y el departamento llegaran a un entendimiento sobre los costos y la finalización del contrato, superando así el incumplimiento original.
El Consejo de Estado niega la nulidad de la norma que regula la liquidación de la contribución adicional emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) basándose en varios argumentos. Primero, aclara que, aunque el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 fue declarado inexequible, la Corte Constitucional permitió su aplicación para el año 2020, lo que justifica la reglamentación de la contribución para ese periodo. Además, se sostiene que la SSPD no violó el principio de legalidad ni la excepción de inconstitucionalidad, ya que la norma aún tenía efectos en los años mencionados. Los demandantes argumentaron que la resolución no solo reglamentó, sino que creó el tributo, pero el Consejo de Estado determinó que la habilitación legal para su expedición estaba en el artículo 314, que seguía vigente para el periodo 2021. Por lo tanto, los cargos de nulidad no prosperaron, y se reafirmó la validez de la resolución impugnada.
La sentencia establece que las entidades estatales tienen la obligación de verificar el cumplimiento de los contratos antes de que expire el plazo de ejecución. No deben esperar a que el plazo se venza para determinar si ha habido un incumplimiento total, ya que la normativa exige que la caducidad del contrato se declare solo si el plazo no ha expirado. Esto implica que, al detectar incumplimientos de obligaciones fundamentales para la ejecución del objeto contratado, la entidad debe actuar de manera diligente y proactiva. La caducidad se justifica en la necesidad de proteger el interés general y asegurar la correcta ejecución del contrato. En resumen, la vigilancia y la acción oportuna son esenciales para garantizar el cumplimiento de los contratos estatales y evitar situaciones que comprometan la ejecución de los mismos.
El fallo reitera que para que la deducción del IVA pagado por servicios públicos domiciliarios sea válida, es imprescindible que el contribuyente presente la documentación adecuada que respalde el monto efectivamente pagado. Esto implica que las facturas y comprobantes de egreso deben ser exhibidos ante la autoridad tributaria, demostrando la realidad de los conceptos deducidos. En el caso de la Clínica Uros S.A., se observó que no se presentaron los documentos necesarios que discriminen los periodos facturados y los inmuebles arrendados, lo que llevó a la conclusión de que la deducción no prospera. La falta de prueba adecuada sobre los pagos realizados afecta directamente la posibilidad de deducir el IVA, ya que la normativa exige una justificación clara y precisa de los gastos para que sean considerados deducibles en la declaración de impuestos.
El Consejo de Estado confirmó la sentencia del 11 de febrero de 2015, emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró el incumplimiento del contrato entre el Municipio de Medellín y las empresas Antisismos Ltda. y Geometric Ingenieros Ltda. La decisión se basó en el reconocimiento de un desequilibrio contractual, lo que llevó a la nulidad de las Resoluciones No. 007 y No. 071, emitidas en 2005. El tribunal determinó que el municipio no había probado las excepciones de caducidad y falta de capacidad para demandar. Además, se ordenó el reconocimiento de un valor de $24,607,540 a favor de los demandantes, como compensación por el desequilibrio económico. La Sala de lo Contencioso Administrativo subraya que los argumentos del municipio no lograron desvirtuar las conclusiones del tribunal, reafirmando la validez de la sentencia y la correcta aplicación del derecho en el caso.
El Consejo de Estado confirmó la resolución de la Gobernación del Huila que declaró desierta la licitación pública debido a que las propuestas presentadas no cumplían con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, que es vinculante para todos los proponentes. Se evidenció que INCER S.A. incurrió en incumplimientos significativos, como presentar ítems que superaban el presupuesto oficial y modificar cantidades no permitidas.
La sentencia se centra en el caso de Septiclean S.A.S. E.S.P., que apeló la decisión de la DIAN sobre la exclusión del IVA para su servicio de baños portátiles. El Alto Tribunal determinó que este servicio no se clasifica como un servicio público de aseo, ya que no satisface una necesidad general o colectiva, sino que se limita a un acuerdo entre el contratista y el contratante. La actividad de recolección y disposición de residuos generados por los baños portátiles no se considera un servicio de aseo público, ya que no está regulada por un contrato de concesión, permiso o licencia, ni sujeta a tarifas reguladas. Por lo tanto, la prestación de este servicio no califica para la exclusión de IVA según el artículo 476 del Estatuto Tributario. En consecuencia, la apelación de Septiclean fue desestimada, reafirmando que su actividad no cumple con los requisitos para ser considerada un servicio público de aseo.
La Sala estudió la demanda de nulidad presentada por ACOLGEN y otros contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) respecto a la Resolución Nro. SSPD 20211000566545, que establece disposiciones para la liquidación de una contribución adicional, según el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019. Los demandantes argumentan que la resolución infringe normas superiores y que el artículo 314 es inconstitucional, basándose en las sentencias C-464 de 2020 y C-147 de 2021, que declararon la inconstitucionalidad de la norma con efectos inmediatos y diferidos. Sin embargo, la Sala sostiene que el Decreto 1150 de 2020, que regula el procedimiento de liquidación y cobro de contribuciones, sigue vigente y aplicable para los años 2020 y 2021, a pesar de la inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 1955. La Sala reitera que la declaratoria de inexequibilidad de la contribución adicional solo es efectiva a partir de 2022. Por lo tanto, se concluye que los cargos de nulidad no prosperan, reafirmando la legalidad de la resolución de la SSPD y la validez de la contribución adicional durante el periodo en cuestión.
