Consejo de Estado (6860)
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La Sala declaró la nulidad absoluta de un contrato de explotación minera por ilicitud del objeto, dado que adolece de objeto ilícito por contrariar las normas imperativas vigentes al momento de su celebración, tal como lo establecen los artículos 1519 y 1741 del Código Civil. “En el presente caso, el artículo segundo del Acuerdo 30 de 1976 había declarado el
Un consorcio y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, celebraron un contrato para la realización del diseño del reforzamiento estructural de varias instituciones educativas del distrito. Durante la ejecución, se celebró un contrato modificatorio con el fin de adicionar el plazo y el valor del contrato. La entidad, mediante actos administrativos, declaró ocurrido el siniestro de
Por haber operado la causal prevista en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, el Consejo de Estado declaró la nulidad absoluta del contrato de concesión suscrito entre el Instituto Nacional de Concesiones (hoy Agencia Nacional de Infraestructura) y la concesión Autopista Bogotá Girardot S.A. También declaró la nulidad de la resolución por medio de la cual el INCO (hoy
“El artículo 12 del Decreto 4400 de 2004, tras la modificación del Decreto 640 de 2005, desarrolló los requisitos legales del artículo 19 del ET para acceder a la exención bajo análisis y señaló que el «beneficio neto o excedente fiscal» está exento siempre que: (i) el «beneficio neto o excedente contable» se destine exclusivamente según lo establecido en la Ley 79 de 1988, lo cual
“Para el caso concreto pudo establecer la Sala que se configura la prestación de un servicio de maquila por parte de la actora hacia el usuario industrial, que se concreta en el procesamiento parcial de los transformadores en el resto del territorio aduanero nacional, este servicio no tiene la connotación de ser gravable, comoquiera que, al enmarcarse como un servicio intermedio de
La controversia surge con ocasión de la expedición de unas Resoluciones mediante las cuales el INVIAS resolvió declarar el incumplimiento parcial del contrato, imponer una multa, ordenar el pago de la multa por compensación o con cargo a la póliza única de seguro de cumplimiento, y en caso de que quedaran saldos insolutos, hacer efectiva la póliza de cumplimiento.
Para la Sala resulta claro que siendo el objeto del contrato la ejecución de determinadas obras para “atención de emergencias” en cinco instituciones educativas de Bogotá, la reversión o eliminación del proyecto en tres de tales colegios afectó la ejecución cabal del objeto contractual e incidió negativamente en la remuneración pactada a favor del contratista.
En el presente caso, se debatió el cobro de la cláusula penal pecuniaria pactada en un contrato de concesión suscrito entre Punch S.A. y la CNTV- y cuya efectividad fue ordenada por la entidad estatal contratante en las Resoluciones por las cuales declaró y confirmó la caducidad del contrato, así como en las Resoluciones y su confirmatoria, que dispusieron la liquidación
La Sala confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda, “encaminadas a que se declare que la Registraduría no estaba en la obligación de pagar al contratista las sumas de dinero comprometidas en las adiciones declaradas nulas y devolverlas en caso de que hubieran sido pagadas, que corresponden a las peticiones segunda y tercera de las demandas, dado que
Reitera la Sala que “para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del Estatuto Tributario exige que estén soportados en facturas o documentos equivalentes con el lleno de los requisitos establecidos en la legislación fiscal; sin embargo, esa norma no limita la facultad comprobatoria de la autoridad fiscal quien, como se mencionó,