Consejo de Estado (6859)
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“De acuerdo con el criterio de esta Sala, la técnica contable establecida en el Decreto 2649 de 1993 hace que las inversiones amortizables en la etapa de exploración de hidrocarburos sean registradas contablemente como activos diferidos, los cuales son susceptibles de incrementar el patrimonio de los contribuyentes. En consecuencia, le son aplicables lo
“No es posible aplicar el criterio de la conexidad entre la obra y la destinación del inmueble para determinar la naturaleza del contrato y establecer si se trata de un contrato de obra pública o de exploración y explotación de recursos naturales”. La Sala reiteró que “los contratos de obra pública y los de exploración y explotación de recursos naturales son contratos
“(I) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la
La discusión gira en torno a la nulidad de varios actos administrativos de carácter particular, expedidos por la Corporación Autónoma del Tolima, que versan sobre la terminación de una concesión de aguas, debido a que, según la demanda, esta concesión había sido obtenida por la sociedad demandante con el fin de realizar actividades relacionadas con la
La Sala confirmó el auto proferido por el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés el 28 de febrero de 2020, que decretó la suspensión provisional de la Resolución 00363 de 13 de marzo de 2018, mediante la cual la ANLA revocó la Resolución 2364 de 31 de agosto de 2017, expedida por la CAR, y en su lugar, concedió a la sociedad Parque Ecológico Praderas
Para la Sala, “por regla general los servidores de las empresas industriales y comerciales del Estado comportan la naturaleza de trabajadores oficiales, solo los estatutos de dichas entidades deberán definir los empleos que impliquen actividades de dirección o confianza que deban ser ejercidos por empleados de carácter público, ello, además, en atención a que
Para la Sala, “el actor no le imputa a la entidad demandada el incumplimiento de las obligaciones pactadas en un “acuerdo de voluntades”, sino que le imputa el incumplimiento de su obligación de celebrar “otros contratos” para “legalizar el pago integral de las obras que ya había realizado”, lo que evidentemente es una conducta ilegal que atenta contra la
Para la Sala, de acuerdo con los autos proferidos por la Sala Especial del Decisión del Consejo de Estado, “el control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal no garantiza, en el caso concreto, el acceso a la administración de justicia, al juez natural y el debido proceso”.
Para la Sala, “conforme al artículo 829-1 del ET, en el procedimiento administrativo de cobro no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa, norma que aplica en este caso, en virtud de la remisión hecha por el numeral 4.3 del citado Manual de Cobro Coactivo”.
“Sobre los efectos de los procesos de fusión societaria, la Sala precisó lo siguiente: El artículo 14-1 del Estatuto Tributario, establecía que las fusiones societarias no implicaban enajenación entre las partes intervinientes, por lo que no estaba gravada con el impuesto sobre la renta la transferencia y adquisición de activos, pasivos y derechos de la sociedad
