Altas Cortes de Justicia (9322)
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La Sala revoca la sentencia apelada y, en su lugar, declara probada la excepción de inexistencia de la demandante, según el siguiente análisis: “de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal, la sociedad actora fue liquidada el 9 de febrero de 2012. Así, la fecha de liquidación de la actora es anterior a la expedición de los actos
La Sala precisa que “mediante reiterados pronunciamientos, esta corporación ha determinado que, en lo que concierne a la notificación de los actos que decidan recursos, el edicto constituye un mecanismo supletorio de notificación, que solo procede si la notificación personal –intentada en los términos de la norma mencionada– resulta fallida”.
“La Ley 1370 de 2009, que regula el impuesto al patrimonio para el año 2011, en su artículo 6 adicionó el artículo 297-1 del E.T. y amplió las exenciones al pago del impuesto, entre las cuales incluyó las sociedades con acuerdo de reorganización de la Ley 1116 de 2006. Sobre el particular, la Sala ha
La Sala decide los recursos de apelación interpuesto por ambas partes (Isagén y Mcpio de Arauca) “contra la sentencia del 24 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, que resolvió declarar la nulidad de las resoluciones expedidas por el Municipio de Arauca, (ésta última en forma parcial solo en lo referido a aquella);
La Sala concluye que partir del 1 de enero de 2012 la desgravación por la importación de maíz amarillo proveniente de Argentina será solo del 66% y que, a partir del 1 de enero de 2013, será del 71%, para no desconocer el ACE 59 para la fecha de la ocurrencia de los hechos objeto de la demanda.
Para que se configure el recurso de anulación de “un laudo en conciencia, debe acreditarse que el Tribunal Arbitral se apartó del marco jurídico aplicable a la controversia o de las pruebas a su disposición,
En el caso que analiza la Sala, colige que “el acto administrativo que declara la ocurrencia del siniestro junto con la póliza de seguro tomada por el contratista para amparar los riesgos propios surgidos con ocasión de las obligaciones contraídas en el contrato estatal, una vez satisfechos los requisitos legales exigidos para estos documentos, presta mérito ejecutivo”.
En esta providencia la Corporación analiza el incumplimiento contractual; el equilibrio económico de los contratos; las facultades excepcionales; la modificación unilateral y el principio de Imprevisión. El caso se precisa en torno al caso en el que Consorcio Silva Fajardo y Cía Ltda solicitó el reconocimiento y pago de los perjuicios que habría sufrido durante la ejecución del contrato de consultoría. La Sala realiza las “precisiones conceptuales en torno a las
La Corporación mediante el Acuerdo 11709-2021 suspendió el porcentaje de presencialidad establecido para los despachos judiciales, el cual fue fijado en Acuerdo expedido el año anterior. A través de este link encontrará los canales dispuestos para tramites virtuales. El acto, adoptó las reglas para la prestación del servicio de justicia de los despachos judiciales y dependencias administrativas en todo el
En el presente caso, la DIAN no podía exigir como requisito para acceder al beneficio fiscal para el año gravable 2012, la contratación de personal, por cuanto la ley no exige tal requisito. En consecuencia, la actora tiene derecho al beneficio mencionado por lo que prospera el cargo, y la Sala se releva del estudio de los demás cargos planteados.