A título de restablecimiento del derecho, la sala condenó al IDU a pagar al Consorcio Transmilenio 2002, la suma de $38.564.080.
CE revocó parcialmente sentencia, dado que encontró que el IDU violó el debido proceso al imponer al Consorcio Transmilenio 2002 una indemnización de perjuicios sobre el costo de la interventoría para rehacer las obras no recibidas a satisfacción
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La Alta Corte declaró la nulidad parcial de las resoluciones por medio de las cuales el IDU liquidó unilateralmente, únicamente, en cuanto dejó de reconocer al contratista la suma de $19.509.836 por concepto de interventoría necesaria para rehacer la obra no recibida a satisfacción.
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