La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió un conflicto sobre la competencia para atender solicitudes de mantenimiento vial en Saboyá, Boyacá, determinando que la Alcaldía Municipal es la autoridad competente para gestionar obras, inspecciones y medidas correctivas en vías terciarias bajo su jurisdicción. Sin embargo, en los tramos que coinciden con la vía nacional y sus franjas de retiro obligatorio, debe coordinarse con el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), entidad que actúa como administrador para otorgar permisos y acompañar técnica y financieramente dichas intervenciones. El fallo enfatiza además la importancia de aplicar el principio de coordinación administrativa para articular acciones conjuntas, incluyendo la gestión con empresas de servicios públicos, asegurando así una solución integral y efectiva a la problemática vial y sus impactos en la comunidad local.
La CRA expidió una circular con el fin de precisar lineamientos para la implementación del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado aplicable a grandes prestadores, establecido en la Resolución 1032 de 2026. El documento fija que la metodología tarifaria deberá aplicarse a los consumos generados a partir del 1 de julio de 2026, y aclara procedimientos de facturación, actualización de tarifas y obligaciones de divulgación a usuarios. La CRA también orienta a los prestadores sobre la adopción gradual del esquema, el uso de información estimada en casos recientes de operación y la incorporación de inversiones ambientales durante el periodo de transición. Además, reafirma que la aprobación de tarifas corresponde a las autoridades locales, mientras la Comisión mantiene funciones de revisión técnica.
El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de resolución para reglamentar el trámite de acceso al mecanismo especial de apoyo para la inversión y sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico. La futura norma busca optimizar la asignación de recursos públicos nacionales hacia los gestores comunitarios y entidades territoriales, garantizando la continuidad del servicio en las regiones más vulnerables. El documento técnico fija los requisitos de postulación, los criterios de viabilidad sectorial y las reglas de fiscalización para el giro de los subsidios. Asimismo, el articulado determina que estos trámites serán completamente gratuitos y establece el procedimiento administrativo para la devolución o ajuste de saldos excedentes.
MinTransporte establece esquema transitorio para formalizar transportadores fluviales en el río Meta
El Viceministerio de Transporte estableció un esquema transitorio para la formalización y el registro de zarpe de los transportadores fluviales en la cuenca del río Meta y sus afluentes. La medida busca regularizar a los operadores que actualmente trabajan sin los requisitos legales, otorgándoles un plazo improrrogable de cuatro meses para tramitar sus permisos y habilitaciones. Durante este periodo de gracia, las empresas podrán seguir operando siempre y cuando cumplan estrictamente con las condiciones básicas de seguridad, como el uso obligatorio de chalecos salvavidas, límites de carga y aptitud de la tripulación. Las embarcaciones que no logren formalizarse al vencer el plazo serán suspendidas de inmediato.
El Ministerio de Transporte expidió una Circular dirigida a las autoridades de tránsito de Caldas, Tolima y municipios cercanos, para exigir el cumplimiento de fallos judiciales de protección ambiental. El documento técnico recuerda que alcaldes y gobernadores son las autoridades de tránsito en sus territorios y deben adoptar medidas urgentes para mitigar el impacto vehicular en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Entre las directrices dictadas por la cartera nacional se incluye la implementación de picos y placas ambientales, la fijación de límites especiales de velocidad, la determinación de pasos de fauna y la prohibición de parqueo, con el fin de garantizar los derechos de este ecosistema protegido.
El Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), estructuraron un riguroso proyecto normativo que adopta los nuevos términos de referencia (TdR-13) para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este instrumento técnico será obligatorio para todas las empresas que pretendan tramitar licencias ambientales globales o definitivas en actividades de explotación minera a mediana y gran escala en el país. El exhaustivo documento técnico unifica la metodología para identificar riesgos, exigir medidas de compensación biótica y evaluar la compatibilidad de los proyectos con el ordenamiento del territorio, optimizando el control del Estado sobre los grandes distritos mineros y blindando los ecosistemas estratégicos nacionales.
El Ministerio de Ambiente propone adoptar los nuevos términos de referencia en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un requisito indispensable para tramitar licencias ambientales globales o definitivas en la explotación de pequeña minería. La futura norma busca optimizar la evaluación y el control de los factores de deterioro ambiental en este renglón económico. El documento establece que el trámite de sustracción de reservas forestales nacionales se resolverá de manera conjunta con la licencia ambiental bajo un modelo de ventanilla única. Asimismo, fija un régimen de transición para proteger los trámites que ya iniciaron evaluación bajo la regla anterior y deroga la Resolución 590 de 2018.
El Ministerio de Agricultura creó el Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA). Esta nueva herramienta busca proteger la soberanía alimentaria y los ingresos de los productores, especialmente del campesinado, ante eventos climáticos adversos, plagas y fluctuaciones de precios. El subsidio cofinanciará pólizas de seguros y promoverá prácticas de adaptación al cambio climático, priorizando a pequeños productores, mujeres rurales y esquemas asociativos. Los recursos remanentes de vigencias anteriores se integrarán a este fondo. La norma deroga la regulación de 2024 para unificar la política de financiamiento y mitigación del sector.
El Gobierno modificó y adicionó el Decreto 1073 de 2015 para optimizar los recursos del Fondo de Energía Social (FOES). El nuevo marco normativo busca asegurar el servicio de energía eléctrica mediante soluciones de autogeneración sistémica e individual, priorizando áreas rurales, zonas de difícil acceso y barrios subnormales. La norma redefine el esquema de asignación de subsidios, establece criterios de eficiencia para los operadores y regula la fiscalización de los fondos públicos. Asimismo, determina que la propiedad de los activos financiados pertenecerá a la Nación, pero las alcaldías municipales recibirán de forma gratuita la infraestructura para garantizar la sostenibilidad energética comunitaria.
La CREG publicó un Proyecto de Resolución para recibir observaciones del sector y la ciudadanía. Esta iniciativa busca unificar, actualizar y simplificar las normas vigentes sobre los derechos y deberes de los usuarios de energía eléctrica, gas por red y GLP. El texto introduce reglas claras para la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), define la atención a autogeneradores y establece esquemas diferenciales de prestación, medición comunitaria y facturación flexible para zonas especiales o rurales de difícil acceso. Con esto, el ente regulador busca compilar en un solo estatuto las disposiciones dispersas y mejorar la relación entre empresas y clientes.
