La Superintendencia de Transporte modificó el capítulo 10 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte para fortalecer los programas de transparencia y ética empresarial entre las entidades vigiladas. La resolución establece criterios claros sobre la responsabilidad del cumplimiento, ampliando la figura del oficial de cumplimiento a responsables internos para microempresas y definiendo requisitos mínimos para estos cargos. Se amplía el periodo de transición hasta agosto de 2026 para una mejor evaluación de riesgos de corrupción y soborno transnacional. Además, obliga a reportar actos ilícitos a la Secretaría de Transparencia, UIAF y Superintendencia de Sociedades. La norma refuerza la rendición de cuentas y la publicación de información básica y de interés para usuarios y contraparte, promoviendo prácticas éticas y mecanismos de control internos alineados con estándares internacionales
El DNP impartió directrices para la migración y operación en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Este cambio, a realizarse antes del 30 de junio de 2026, unificará los sistemas actuales, mejorando la trazabilidad y calidad de la información. Se instruye a las entidades territoriales y demás actores a depurar y actualizar la información en las plataformas MGA Web y SUIFP-SGR. La migración de proyectos será automática y gradual en junio y la PIIP comenzará a operar desde el 1º de julio de 2026. Además, se disponen mecanismos de soporte técnico, capacitación y reporte para asegurar una transición efectiva y garantizar la continuidad en la gestión de la inversión pública.
El DNP emitió una circular que fija nuevas orientaciones para que los ministerios y entidades del sector público reporten semanalmente el avance de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES). En cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 05 de 2024, se enfatiza en la importancia del seguimiento de los procesos contractuales y la coherencia entre compromisos y flujos financieros para garantizar una ejecución eficiente. El DNP enviará cada jueves reportes consolidados sobre presupuesto, regionalización y cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, solicitando a los ministerios llenar un formato estándar antes del lunes siguiente. Además, se habilita un espacio para alertas y logros, mientras que la Subdirección General de Prospectiva acompañará técnicamente la implementación. Esta circular, vigente desde su publicación, deroga disposiciones anteriores para un mejor control y evaluación de los programas gubernamentales.
La CREG publicó un proyecto de resolución para establecer las condiciones y el procedimiento de implementación de sandbox regulatorios en los sectores que regula, como la energía eléctrica, gas combustible y cadena de combustibles líquidos. Estos espacios controlados y temporales permitirán experimentar con modelos innovadores en regulación, tecnología y operaciones, evaluando su viabilidad y generando evidencia para posibles ajustes normativos. El proyecto promueve principios como la protección al usuario, la transparencia y la competencia, además de incluir criterios para la selección, implementación y evaluación de estas pruebas piloto. La CREG abrirá convocatoria pública y destinará recursos para su desarrollo, buscando fomentar la innovación, eficiencia y transición energética bajo un marco responsable y flexible.
La CAR reguló las autorizaciones y permisos para la tala y/o poda de árboles en condición de riesgo inminente en su jurisdicción. Esta norma busca garantizar la protección ambiental y la seguridad de personas, bienes e infraestructura, aplicando principios de gestión del riesgo. Se establece un procedimiento técnico prioritario para evaluar y actuar en situaciones de riesgo, diferenciando estas intervenciones de los aprovechamientos forestales con fines comerciales. La resolución prohíbe la movilización y comercialización de la madera resultante y ordena seguimiento estricto a las autorizaciones, promoviendo acciones inmediatas para prevenir daños y salvaguardar derechos fundamentales
La CAR impuso condiciones para que municipios y el Distrito Capital adopten umbrales máximos de suburbanización más restrictivos y define densidades máximas en el suelo rural suburbano de su jurisdicción. Este reglamento busca proteger el medio ambiente y los recursos naturales, alineándose con la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997, e impulsa un desarrollo rural sostenible con control sobre la expansión urbana. Además, modifica varios numerales del Acuerdo No.16 de 1998, estableciendo normas para vivienda campestre, actividades industriales y parcelaciones rurales, con énfasis en la conservación y restauración ecológica. La CAR aplicará una metodología técnica para orientar a las autoridades territoriales en la formulación y revisión de sus planes de ordenamiento territorial, asegurando la protección ambiental y el suministro adecuado de servicios básicos. El acuerdo entró en vigencia desde su publicación y busca garantizar el bienestar ecológico y social ante los retos del cambio climático y crecimiento urbano.
La UPME estableció procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en proyectos de generación que cumplen con obligaciones o trámites ambientales en Colombia. Busca garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia del Sistema Interconectado Nacional, estableciendo un proceso riguroso de evaluación técnica y administrativa. Se incluyen plazos para radicación y validación de documentación, criterios eléctricos para conexión, así como la coordinación con operadores de red y transportadores. El marco legal aplicado asegura equidad y sostenibilidad, promoviendo la expansión responsable y confiable del sector eléctrico nacional.
La UPME actualizó los requisitos para la presentación y evaluación de proyectos de infraestructura que buscan cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural (FECFGN). La normativa define el procedimiento técnico y financiero para garantizar la viabilidad de las iniciativas, priorizando proyectos que beneficien a usuarios de estratos 1 y 2 en áreas de influencia de gasoductos troncales. Se incorpora una metodología mejorada para evaluar la capacidad financiera de los solicitantes, promoviendo la transparencia y el cumplimiento normativo. Además, se establecen límites claros en la cofinanciación y criterios para priorizar proyectos elegibles, fortaleciendo el desarrollo del gas natural para zonas rurales y municipios del país.
La UPME extendió por un mes el plazo para que los desarrolladores de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica presenten la información requerida para identificar zonas geográficas donde se superponen estos proyectos con iniciativas del sector minero. Esta medida responde a las dificultades encontradas en el reporte inicial y busca apoyar la correcta aplicación de la metodología establecida en la Circular 037 de 2026. El nuevo plazo vence el 22 de junio de 2026. La documentación y anexos están disponibles en el micrositio de Sistema de Información Geográfica de la UPME, y se habilitó un canal institucional para consultas. Esta ampliación pretende garantizar la integralidad y actualización de la información, facilitando la coexistencia ordenada entre proyectos energéticos y mineros en Colombia.
La UPME publicó un informe actualizado sobre el desarrollo de las convocatorias públicas para proyectos del Sistema de Transmisión Nacional y Regional correspondiente al primer trimestre de 2026. El boletín destaca el seguimiento a 21 proyectos en ejecución, que incluyen subestaciones y líneas de transmisión con diferentes grados de avance, como la operación comercial completa de la Línea Río Córdoba-Bonda 220 kV y obras en curso para la Subestación Colectora 500 kV. Además, se reportan 18 convocatorias abiertas, cinco ya adjudicadas, orientadas a fortalecer la infraestructura eléctrica en diversas regiones. Este panorama favorece la transparencia y el control ciudadano sobre el sector energético, aportando detalles clave para el desarrollo sostenible del país.
