La ANM respondió una solicitud de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), en el marco de la calamidad pública declarada en Córdoba por intensas lluvias. La ANM precisó que no es necesaria la expedición de nuevas medidas administrativas excepcionales para el aprovechamiento temporal de materiales de construcción en zonas sin título minero para obras de mitigación urgentes. El mecanismo excepcional ya existe, respaldado por el artículo 21 de la Ley 2250 de 2022 y reglamentado por la Resolución VSC No. 000001 de 2023. Los entes territoriales solo deben activar este procedimiento, identificando las áreas, certificando el volumen requerido y cumpliendo con el pago de regalías, asegurando una respuesta inmediata a la emergencia.
Los Ministerios de Minas y Ambiente buscan reglamentar la economía circular en el sector minero, dando cumplimiento al artículo 12 de la Ley 2250 de 2022. La propuesta persigue que residuos mineros como estériles y colas de metales preciosos, piedras y materiales de construcción sean aprovechados secundariamente por empresas o asociaciones especializadas, fomentando la reincorporación de minerales y generando valor agregado. El marco regulatorio establece permisos mineros y requisitos ambientales estrictos para este aprovechamiento, incluyendo la necesidad de análisis y remoción de mercurio antes del uso de cianuro. Además, la normativa detalla cómo se realizará la recuperación y restauración ambiental de zonas afectadas por explotaciones sin un responsable identificado. La resolución subraya el pago de regalías por el aprovechamiento secundario, impulsa la asistencia técnica, la investigación y la innovación, y excluye a los mineros de subsistencia, promoviendo un modelo de producción y consumo más eficiente y sostenible.
El Consejo de Estado anuló los ajustes de la DIAN a Cerro Matoso al concluir que la Administración no probó la supuesta subvaloración en operaciones con vinculados bajo el régimen de precios de transferencia. La Sala evidenció que la DIAN no desvirtuó la metodología ni el rango de comparables utilizados por la empresa para la venta de ferroníquel, y que modificó sin sustento la fórmula de precios al excluir costos necesarios para llevar el valor de referencia internacional a condiciones FOB. Asimismo, determinó que la entidad caracterizó erróneamente los depósitos como préstamos y empleó comparables inadecuados, pese a que las tasas pactadas estaban dentro de rangos de mercado, por lo que no se acreditó la obtención de mayores ingresos.
La ANM precisó que no es viable la iniciativa de los consejos comunitarios de Condoto para exigir el mantenimiento constante de la maquinaria empleada en minería. La ANM aclaró que realizar intervención sobre la maquinaria utilizada en proyectos mineros no se encuentra dentro de sus funciones, alcances u objetivos institucionales. Aunque la Agencia administra, promueve el aprovechamiento sostenible y fiscaliza los recursos mineros del Estado, el Código de Minas otorga plena autonomía técnica y empresarial a los titulares de concesiones mineras para el desarrollo de sus estudios, trabajos y uso de equipos. Además, la ANM señaló la complejidad que genera la presencia de actividades extractivas sin permisos estatales en el Chocó, lo cual dificulta tal intervención.
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto que reglamenta la Ley 2387 de 2024, sobre la sanción de amonestación pública escrita. Esta medida busca fortalecer la prevención y sanción de infracciones ambientales, permitiendo a las autoridades reemplazar multas por amonestaciones para personas naturales con capacidad socioeconómica insuficiente. La amonestación siempre irá acompañada de asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental o la realización de servicio comunitario. La opción de los cursos es por única vez; futuras infracciones implicarán servicio comunitario. Las actividades comunitarias abarcan desde apoyo en educación ambiental, restauración ecológica y limpieza de ecosistemas, hasta gestión de residuos. El incumplimiento de estas medidas complementarias acarreará multas, fomentando la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.