Este fallo de la Corte Constitucional, cuyo texto fue conocido el 11 de marzo (si bien se adoptó el 30 de octubre de 2025), declaró exequible el Decreto Ley 1094 de 2024, que reconoce el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA) del CRIC. La Corte concluyó que, pese a la afectación directa, el derecho a la consulta previa fue satisfecho. Esto se debió a que el propio Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) promovió, elaboró y presentó la iniciativa al Gobierno Nacional, participando activamente en mesas técnicas de diálogo y concertación para aprobar el texto. El fallo enfatiza que el decreto reconoce el derecho propio y la autonomía del CRIC, y sus disposiciones se aplican exclusivamente a las comunidades que lo integran, sin incidir directamente en otros pueblos indígenas.

El ministerio de Ambiente impulsa un proyecto regulatorio para reglamentar la organización y funcionamiento de los gestores de páramos, figuras para la protección de estos ecosistemas vitales. El proyecto establece que los gestores serán habitantes tradicionales, quienes se registrarán ante las Autoridades Ambientales Regionales, ya sea individualmente o como organizaciones locales. Se impulsará su capacitación en normativa, conservación y monitoreo. Además, podrán organizarse en redes para intercambiar conocimientos y participar activamente en la toma de decisiones, como la formulación de Planes de Manejo Ambiental. Deberán comprometerse a monitorear, investigar, educar y promover modelos productivos sostenibles, asegurando una participación incluyente de mujeres y comunidades étnicas. Este marco busca fortalecer la gobernanza y la gestión integral de los páramos con el saber local.

Prensa Jurídica publica un compendio de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional ante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarado mediante el Decreto 0150 de 2026. Este conjunto normativo aborda estrategias urgentes para la reactivación agroalimentaria, medidas para los sectores minero y energético, soluciones en vivienda y transporte, mejoras en infraestructura educativa, y planes de agua y saneamiento básico, buscando mitigar los impactos de la crisis en diversas regiones del país.

El Gobierno dictó medidas excepcionales y transitorias destinadas a personas y comunidades del sector minero en ocho departamentos severamente impactados por un "frente frío" que generó inundaciones y parálisis productiva. Este paquete de ayuda busca proteger el mínimo vital de mineros de subsistencia, tradicionales y de pequeña escala, quienes enfrentan un alto riesgo de caer en la ilegalidad o perder sus medios de vida ante el incumplimiento de obligaciones. Las disposiciones incluyen la suspensión de intereses de plazo, el diferimiento o condonación del canon superficiario, facilidades especiales de pago y la prórroga extraordinaria de términos administrativos. La iniciativa, que excluye a la mediana y gran minería por su mayor capacidad de gestión, subraya la necesidad fáctica y jurídica de intervenir donde la legislación ordinaria es insuficiente, garantizando la proporcionalidad y el enfoque diferencial para sujetos vulnerables.

 El Ministerio de Minas propuso la delimitación del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva de San Juan - Chocó, una iniciativa que busca transformar la región. Este proyecto, que abarca aproximadamente 701,686 hectáreas en municipios como Tadó, Condoto e Istmina, se establece como un instrumento de planificación socioambiental y gestión. Su objetivo central es impulsar la formalización minera, fomentar la asociatividad entre pequeños mineros y desarrollar nuevas alternativas productivas agrícolas, pecuarias, forestales y ecoturísticas. Alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, el Distrito también promoverá la producción limpia, la reconversión laboral, la resolución concertada de conflictos mineros y la garantía de la soberanía alimentaria, con una activa participación de comunidades étnicas y locales para asegurar un futuro más allá de la dependencia extractiva.