El Gobierno reafirmó su compromiso con la formalización de la minería de pequeña escala, tradicional y de subsistencia, considerándola un pilar para el sustento familiar y el bienestar territorial, especialmente en la subregión del Bajo Cauca. La Entidad indicó que través de la Resolución 40141 de 2025, se ha implementado una ruta ágil que ya ha permitido integrar a 2.242 mineros y se ofrece reconversión productiva a quienes operan en zonas ambientalmente restringidas. Paralelamente, el Estado ha intensificado su lucha contra la extracción ilícita de minerales, actividad que depredada recursos naturales, alimenta el conflicto y pone en riesgo comunidades y la soberanía alimentaria. En lo que va de 2026, el Ministerio de Defensa ha inutilizado 22 dragas y dragones en siete operativos. Los ministerios reiteran su vocación de diálogo y concertación, promoviendo una minería legal que equilibre el desarrollo económico con la protección ambiental, redistribuya riqueza a los mineros y las comunidades locales, y contribuya a la paz territorial y la transición energética del país.

La ANM lanzó la Convocatoria Pública "Tecnologías Limpias para el Beneficio de Oro 2026" con el propósito de fomentar una minería responsable, sostenible y libre de mercurio en Colombia. La iniciativa invita a desarrolladores, emprendedores, empresas y centros de investigación a presentar soluciones tecnológicas innovadoras para optimizar la extracción y recuperación de oro y metales asociados, reduciendo impactos ambientales y promoviendo prácticas sostenibles. Los participantes tendrán la oportunidad de dar visibilidad a sus desarrollos ante la ANM y actores estratégicos, conectar con productores mineros y participar en ferias y espacios de intercambio de conocimiento. Los interesados deben inscribirse presentando su experiencia y soluciones a través de un formulario en línea, contribuyendo así a la transformación hacia una minería más competitiva y sostenible en el país

 El Ministerio de Minas impulsa un proyecto de decreto para reglamentar de forma integral el cierre y post-cierre de minas en Colombia. El proyecto regulatorio adiciona los decretos 1073 y 1076 de 2015, establece condiciones ambientales, técnicas, financieras y sociales obligatorias para los titulares mineros, incluyendo el aprovisionamiento de recursos y garantías para la recuperación y restauración de las áreas intervenidas. El plan de cierre, respaldado por jurisprudencia clave, debe ser integral, gradual y garantizar la sostenibilidad ambiental, social y laboral post-minería, con tipos de cierre progresivo, temporal, anticipado, final y técnico gradual para la pequeña minería.

El proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente busca fortalecer el control de la contaminación atmosférica en la zona carbonífera del Cesar mediante nuevas reglas de monitoreo y seguimiento preventivo de la calidad del aire. La iniciativa propone derogar la Resolución 0071 de 2021, actualizar la delimitación de zonas donde se registran excedencias del material particulado PM10 y establecer acciones de control sobre las fuentes de emisión. También ordena reforzar el sistema de monitoreo, incluyendo la operación de estaciones automáticas de medición y la elaboración de evaluaciones anuales sobre el comportamiento de los contaminantes. Con ello se busca mejorar la vigilancia ambiental, generar información técnica para la toma de decisiones y prevenir impactos en la salud y el ambiente derivados de la actividad minera en la región.

El Consejo de Estado anuló las resoluciones mediante las cuales la ANM aprobó el inicio del trámite judicial de expropiación del predio denominado Brisas del Nus, solicitado para un proyecto minero. La demanda fue presentada por una copropietaria del inmueble, quien alegó que nunca fue notificada del acto que dio apertura al procedimiento administrativo ni de las decisiones iniciales que ordenaban la visita técnica para verificar la necesidad del bien. La Sala concluyó que la notificación personal en esta etapa es esencial para garantizar el derecho de defensa, pues permite a los propietarios participar en la determinación de la indispensabilidad del predio y controvertir las pruebas técnicas. Al comprobarse que dicha notificación no se realizó, consideró vulnerado el debido proceso y declaró la nulidad de las resoluciones, ordenando además adoptar medidas para restituir el inmueble a sus propietarios si ya hubiese sido entregado.