Ante una inquietud de los ciudadanos de Cúcuta sobre si deben pagar por la disposición final de sus residuos, argumentando que su relleno sanitario es regional y recibe desechos de veinte municipios, la CRA explicó que la disposición final es una actividad esencial del servicio de aseo y su costo debe ser cubierto por los usuarios en la tarifa, sin importar que la infraestructura sea de carácter regional. Se diferenció claramente entre este costo, que remunera el servicio, y un incentivo económico por regionalización que recibe el municipio anfitrión, en este caso Cúcuta. Los residentes de Cúcuta deben asumir el costo de disposición final si sus residuos son tratados allí, pero están exentos de pagar el valor adicional del incentivo por ser el municipio receptor.

La ANM explicó aspectos sobre los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en proyectos de restauración ambiental obligatoria. La entidad subrayó que, aunque administra recursos minerales, los materiales resultantes de estas obras, como excavaciones o adecuaciones de terreno, se consideran RCD y están bajo regulación ambiental. Esto implica que su manejo, aprovechamiento y disposición se rigen por dicha normativa y no requieren un título minero, a menos que se evidencie una actividad extractiva autónoma con fines de explotación o comercialización económica de minerales. La competencia principal recae en autoridades ambientales y territoriales para este tipo de residuos, reservando la autoridad minera para la extracción económica de recursos.

El Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la Unión Temporal SCT MERL SAS contra el Distrito de Medellín y la Unión Temporal RYM SAS, mediante las cuales buscaba anular la adjudicación de un proceso para la desintegración y chatarrización de vehículos y obtener el reconocimiento de perjuicios. La Sala concluyó que el Distrito adjudicó válidamente el contrato a la Unión Temporal RYM SAS, pues acreditó los requisitos exigidos en el pliego. En particular, consideró demostrado el requisito ambiental con la certificación expedida para Recuperaciones Naranjo Recycling SAS y su habilitación como entidad desintegradora, integrante de RYM con 98 % de participación. El pliego permitía que un integrante de un proponente plural acreditara este requisito y los documentos correspondían a la sede autorizada en Bello. Por ello, no se demostró incumplimiento de RYM ni se desvirtuó la legalidad de la adjudicación.

El Gobierno dio alcance al Decreto mediante el cual adoptó medidas ambientales excepcionales y temporales para agilizar la estabilización, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Las disposiciones permiten habilitar temporalmente sitios para disponer residuos de construcción y demolición, agilizar trámites ambientales para obras de reconstrucción y establecer condiciones especiales para intervenir infraestructura de transporte en áreas de reserva forestal. Además, contemplan medidas para movilizar recursos destinados a la recuperación ambiental y evaluar los daños ocasionados a los ecosistemas, manteniendo las obligaciones de seguimiento, control y protección ambiental.

El Ministerio de Ambiente explicó aspectos sobre la aplicación de las recientes disposiciones en gestión comunitaria del agua. La entidad confirmó que está avanzando en la reglamentación de la Ley que busca simplificar el acceso y uso del recurso hídrico para comunidades organizadas. Mientras se definen los parámetros ambientales específicos, especialmente para quienes usan caudales bajos sin necesidad de concesión o sin la obligatoriedad de programas de uso eficiente, la normativa ambiental vigente sigue siendo de estricto cumplimiento. Se espera la modificación de los registros de usuarios y plataformas existentes para incorporar las nuevas directrices, subrayando que la falta de inscripción en los registros de recursos hídricos se considerará una infracción ambiental. Este proceso busca armonizar la protección del recurso con las necesidades de las comunidades.