En síntesis, la decisión del Consejo de Estado valida la licencia ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, pero también impone la responsabilidad de gestionar adecuadamente los impactos ambientales y sociales, garantizando la participación de las comunidades afectadas y el cumplimiento de las obligaciones de mitigación.Para los demandantes los demandantes la licencia ambiental fue otorgada de manera irregular y sin la debida justificación, que los impactos negativos del proyecto no fueron adecuadamente evaluados ni mitigados, y que se ignoraron las afectaciones sociales y los principios de prevención y precaución en el proceso de evaluación.
En la decisión de primera instancia se tuvo por probado que una de las causas del deterioro de la vía es el mal estado de las redes de acueducto y alcantarillado que están debajo de la vía nacional. Desde el 2016 hasta el 2018 el INVIAS fue claro en señalar que mientras no se interviniera la red de acueducto y alcantarillado no se podía intervenir definitivamente el paso nacional, pues, según los estudios que ellos tenían, era un hecho cierto que ésta presentaba filtraciones que afectaban el asfalto y los trabajos de mantenimiento que constantemente realizaban; y que una vez se interviniera la red en el punto en cuestión, se podían acometer los trabajos, como así sucedió en otro sector de la vía ubicada en el barrio Piñuela, según lo puesto de presente en el oficio del 13 de noviembre de 2017. La Sala confirmó decisión mediante el cual se ordenó al municipio Abrego realizar unos estudios para reparar o recuperar las redes de acueducto y alcantarillado en el sector donde está la vía objeto de la presente acción.
La Sala, al resolver un conflicto negativo de competencias suscitado entre el Tribunal Administrativo del Huila y el TAC, declaró Compete al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) para conocer del presente proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra la resolución por medio de la cual la ANM declaró el desistimiento de una solicitud de derecho de preferencia de una licencia de explotación minera, dado que dicho acto administrativo fue proferido en el distrito capital de Bogotá, y que la entidad no tiene sede en el lugar de residencia del demandante.
Se probó que, en la década de los años 90, el municipio de Candelaria, Valle, solicitó a la CVC la construcción de una obra que sirviera de “aliviadero a las aguas desbordadas del río Cauca y aguas lluvias que pudieran afectar viviendas y cultivos”. También se probó que para conjurar los impactos ambientales causados por la descarga de aguas residuales en los canales de agua lluvia, entre el 26 de diciembre de 2007 y el 29 de enero de 2010, la CVC suscribió algunos convenios interadministrativos para proteger algunas rondas hídricas. En 2009 el Municipio de Candelaria concretó una mesa de trabajo con la comunidad, los empresarios, la alcaldía, el antiguo CLOPAD y la CVC, en la que se acordó hacer un recorrido sobre el margen del río Cauca para determinar causas de la inundación. Se probó igualmente, que el 30 de julio de 2010, el alcalde de Palmira reglamentó y reorganizó el CLOPAD con funciones de identificar y priorizar los riesgos de amenazas y vulnerabilidad ante sismos, inundaciones lentas, inundaciones súbitas en ladera e incendios forestales.
Se demandó la nulidad del artículo 2.2.1.2.1.4.11. del Decreto 1082 de 2015, que regula el alquiler o arrendamiento de inmuebles mediante la modalidad de contratación directa. La disposición demandada está contenida en un acto administrativo general, mediante el cual el Gobierno Nacional compiló diferentes temas relacionados con la contratación estatal. Se trata de una disposición que establece una definición concreta de los escenarios de contratación directa regulados por el literal I) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 relacionados con los contratos de arrendamiento o adquisición de inmuebles. Los destinatarios de la disposición demandada son la Administración, los oferentes y el conglomerado en general, pues tiene como finalidad señalar de manera más concreta los eventos en los que se permite contratar determinados servicios mediante el uso de la modalidad excepcional de selección de contratistas conocida como contratación directa y prevista en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Finalmente, en cuanto a la expedición de la disposición acusada, la Sala consideró que una de las entidades demandadas en ejercicio de las facultades constitucionales y legales profirió el acto demandado. Por todo lo expuesto, a juicio de la Sala, el acto demandado debe ser calificado como acto administrativo de carácter general, susceptible de control judicial.