El Ministerio de Comercio reglamentó el procedimiento para el acceso, evaluación y reconocimiento de proyectos bajo el Instrumento de Promoción de la Inversión para la Manufactura de Híbridos y Eléctricos Ligeros (INPIMHEL). La normativa detalla los requisitos para que personas jurídicas nacionales o extranjeras accedan a este beneficio, incluyendo la solicitud de un Memorando de Entendimiento (MOU) y la presentación de documentos clave como el Plan de Inversión vinculante y el Plan de Desarrollo Industrial Inicial (PDII). Se establecen las pautas para la asignación y administración de cupos de importación, así como un riguroso sistema de seguimiento, control y reporte de las inversiones, la integración nacional, la mano de obra y los compromisos ambientales y tecnológicos. El reconocimiento tendrá una vigencia máxima de sesenta meses y busca fomentar la producción nacional de vehículos y componentes.

El Ministerio de Ambiente reactivó la Comisión de Estudio para la Promoción y Desarrollo de los Mercados de Carbono en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, que dispuso la elaboración de un informe técnico sobre las condiciones y necesidades para la implementación de proyectos REDD+ en territorios indígenas. La comisión, cuyas actividades habían concluido en 2023, retomará sus funciones para elaborar este documento con la participación de la academia, la sociedad civil y representantes de los pueblos indígenas. El informe deberá identificar las necesidades específicas de estas comunidades, proponer ajustes a la política REDD+ y garantizar la protección de sus derechos a la libre determinación y a la consulta previa.

El Gobierno actualizó su Política Nacional del Agua (2026-2050) tras 16 años, una iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro y el Ministerio de Ambiente para enfrentar la crisis climática. La nueva hoja de ruta redefine el agua como un bien común y eje del ordenamiento territorial, pasando de una gestión exclusiva del recurso a una visión integral. Incorpora justicia hídrica y ambiental, protección de ecosistemas y sostenibilidad, con el fin de fortalecer la gobernanza y la resiliencia climática. Su formulación fue altamente participativa, involucrando a más de 1.131 personas de diversos sectores y comunidades, con un 54% de mujeres, consolidando un enfoque territorial y corresponsable para la gestión hídrica del país.

Se somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la declaración de importancia estratégica el Programa de Conectividad Fluvial y de Cabotaje, con el fin de consolidar el transporte acuático como eje de intermodalidad y motor de desarrollo socioeconómico. La iniciativa, que cuenta con una inversión de 346.180 millones de pesos para el periodo 2026-2029, abarca 14 intervenciones de infraestructura fluvial y de cabotaje. Los proyectos incluyen la construcción y mejora de puertos y embarcaderos en Chocó, Nariño, Amazonas, Meta y Valle del Cauca, así como la deconstrucción parcial del puente Laureano Gómez para optimizar la navegabilidad del río Magdalena. Esta estrategia busca fortalecer la integración territorial, mejorar la accesibilidad en regiones apartadas y alinear el país con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, promoviendo la competitividad y la paz.

La SSPD aclaró aspectos sobre la facturación de zonas comunes en propiedades horizontales; reiteró que el cobro se basa en un medidor individual para áreas comunes si la copropiedad lo solicita. En su ausencia, el consumo se determina por la diferencia entre un medidor general (totalizador) y la suma de los medidores individuales. En casos de lecturas estimadas o acumuladas en medidores individuales, la SSPD enfatiza que su inclusión en el cálculo depende de la imputabilidad de la falta de medición, siendo crucial para el derecho al cobro del prestador.