Prensa Jurídica recopiló el listado de los proyectos de ley radicados para la legislatura 2026-2027, con corte al 24 de julio, que reúne 98 iniciativas presentadas desde el 20 de julio: 76 en el Senado y 22 en la Cámara de Representantes. El consolidado permite identificar las principales propuestas que iniciarán su trámite en el Congreso, entre ellas varias de interés para los sectores de minas, energía y ambiente, como los proyectos sobre prohibición del fracking, competencia en el mercado de energía eléctrica, eficiencia tarifaria en la distribución de energía, transición hacia una movilidad sostenible y regulación del greenwashing o lavado verde de imagen, además de otras iniciativas con impacto en la política ambiental y energética del país.

 El MinCIT proyecta regular el acceso, evaluación y seguimiento del Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL), así como la asignación y administración de cupos de importación. Este marco busca facilitar la instalación o expansión de capacidades industriales vinculadas a la movilidad sostenible, promoviendo proyectos intensivos en tecnología, fortaleciendo cadenas de valor nacionales, generando empleo calificado y contribuyendo a la transición energética y reducción de emisiones. La normativa detalla los pasos para la solicitud, la presentación de planes de inversión y desarrollo industrial, y la verificación de criterios de elegibilidad, aplicable a personas jurídicas nacionales y extranjeras que deseen invertir en este sector estratégico.

El Ministerio de Ambiente sometió a consulta pública un proyecto que redefine las reglas para la presentación de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) de los proyectos sometidos al seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La iniciativa busca unificar y estandarizar los plazos de entrega de estos informes según su periodicidad (trimestral, semestral o anual) y el último dígito del expediente, con el fin de optimizar el proceso de evaluación y seguimiento ambiental. Además, establece un régimen de transición, ajusta la periodicidad cuando los instrumentos de manejo no la definan expresamente, fija criterios de conformidad sobre la información documental y geográfica, precisa el procedimiento para subsanar inconsistencias y deroga las resoluciones 077 de 2019 y 549 de 2020 para fortalecer la eficiencia y seguridad jurídica del proceso de control ambiental.

El Departamento Nacional de Planeación sometió a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión Actualización y Gestión Catastral Nacional, a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La iniciativa busca garantizar la implementación integral y sostenida de los procesos de actualización catastral en nueve municipios priorizados antes de 2027, con el propósito de fortalecer la formalización y regularización de la propiedad, mejorar la administración del territorio y robustecer las finanzas públicas territoriales. Además, el documento plantea asegurar la continuidad de la política de catastro multipropósito mediante la autorización de vigencias futuras, optimizar la ejecución técnica y operativa del proyecto, ampliar la cobertura de la actualización catastral y consolidar información confiable que apoye la planificación territorial, la seguridad jurídica sobre la propiedad y la toma de decisiones públicas.

El Departamento Nacional de Planeación sometió a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la declaratoria de importancia estratégica del proyecto de inversión para el mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Distrito de Buenaventura, con el fin de habilitar la autorización de vigencias futuras ordinarias y excepcionales que permitan ejecutar once subproyectos priorizados entre 2026 y 2029. La iniciativa busca fortalecer la cobertura, continuidad, confiabilidad operativa y sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico mediante intervenciones en acueducto urbano, saneamiento básico, reducción de la vulnerabilidad de infraestructura estratégica y soluciones para zonas rurales. El proyecto contempla una inversión cercana a $277.000 millones y beneficiará directamente a alrededor de 315.743 habitantes, además de contribuir al cierre de brechas históricas en el acceso a estos servicios esenciales.